La crisis económica y la desocupación deben enfrentarse con una política expansiva de la economía y con la cooperación con el Tercer Mundo, dijo hoy aquí el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Georges Debunne, acompañado del secretario general de la CES, Mathías Hinterscheid, se entrevistó hoy con el presidente español Felipe González, dentro de una gira europea en la que dialogaron con otros mandatarios, para explicar la posición de la CES y reclamar apoyo para una nueva política económica.

   Hinterscheid señaló que “la verdadera causa de la desocupación no es la crisis mundial… sino una mala política económica, que sigue aplicando las políticas restrictivas puestas en pie por nuestros gobernantes”. Debunne e Hinterscheid ofrecieron hoy una rueda de prensa, acompañados por el secretario general, Nicolás Redondo y el responsable de asuntos internacionales, Manuel Simón, de la Unión General de Trabajadores (UGT, de tendencia socialista), una de las dos centrales sindicales mayoritarias en España.

   Redondo dijo que Felipe González se mostró solidario con los principios de expansión de la economía expuesta por los dirigentes de la CES y se comprometió a defenderlos ante otros partidos y gobiernos socialistas y socialdemócratas de Europa. Para los dirigentes de la CES “la desocupación es el cáncer de las sociedades democráticas” en Europa Occidental, el número de desocupados era a finales de 1982 de dieciséis millones y medio. Las políticas restrictivas, que dicen que detendrán la inflación aunque haya mayor desempleo, fracasaron. “La desocupación aumentó, pero la inflación ha descendido de 1979 a 1981 la magra cifra de 0,4 por ciento”, señalaron los dirigentes de la CES.

   En relación a las restricciones que los trabajadores de países del Tercer Mundo tienen para trabajar en la mayoría de los países europeos, los dirigentes de la CES dieron una respuesta ambigua. Por un lado se declararon decididamente partidarios de que esos trabajadores, en su mayoría en situación ilegal, deben ver legalizada su situación “y gozar de los mismos derechos y  obligaciones que los trabajadores europeos”. Esos trabajadores, “clandestinos”, están sobreexplotados, en condiciones inaceptables e inimaginables y "además sometidos a mafias que trafican con su trabajoo".

   Debunne e Hinterscheid no se pronunciaron acerca de las restricciones para el ingreso de esos trabajadores. “Hay que diferenciar –dijeron-2 entre políticas restrictiva sy políticas de inmigración”. Para que la situación económica mejore es indispensable, en opinión de la CES “una política concertada entre todos los países y una especie de Plan Marshall hacia el tercer Mundo, una colaboración con los otros países desarrollados en temas como el mantenimiento de unos tipos de interés bajos, pero también crear nuevas bases de relaciones con el Tercer Mundo”.

   Estas relaciones deberían llevar al cumplimiento de los objetivos planteados por la Comisión Brandt: aumentar la ayuda a los países subdesarrollados hasta uno por ciento del producto nacional bruto de cada país industrializado La CES asigna a los gobiernos una especial responsabilidad en esta nueva política económica. “No hemos logrado, señalaron, una respuesta de los patronos europeos. Por eso reclamamos a los gobiernos que asuman una posición coherente”. Los dos sindicalistas admitieron que a pesar de gobernar los socialistas en varios países europeos, sus demandas no han sido puestas en práctica “pero es más fácil encontrar apoyo entre los socialistas”, dijeron con énfasis.

   “La desocupación no es un mal fatalista que deba aceptarse pues hay soluciones que deben ponerse en práctica”, expresó Debunne. Esas soluciones deben contemplar la colaboración activa de todos los países europeos, la intervención concreta de los gobiernos para aumentar la inversión, la reducción del tiempo de trabajo, la protección del poder de compra de los trabajadores y una reforma internacional.

   Para lograr una acción unificada de Europa al respecto, la CES convocó una serie de acciones. Una es la actual gira de sus dirigentes, otra será una manifestación, el once de febrero, en Bruselas. Allí participarán representaciones numerosas de trabajadores de toda Europa. Después, en mayo, se realizará una Cumbre Sindical, que será previa a la reunión de los ministros europeos de trabajo  y que perseguirá hacer sentir a la Comunidad Económica europea “que los trabajadores quieren una solución concertada”. (IPS Madrid, 28-1-1983).

   Un marco global para renegociar la deuda del Tercer Mundo propuso hoy el ex presidente de Venezuela y líder del Partido Acción Democrática de su país, Carlos Andrés Pérez. El ex presidente, quien vino a España para participar en el jurado de los premios Príncipe de Asturias, explicó a IPS el esquema que propone para esa negociación y diálogo acerca de la situación en América Central: “La crisis económica mundial es tan profunda que no existe una panacea para resolverla. Es necesaria una conjunción de medidas que rescaten al mundo del desastre que se nos viene encima”, advirtió.

   Pérez calificó como una interpretación simplista el atribuirle la posición de que una renegociación global de la deuda del Tercer Mundo debiera hacerse con todos los deudores reunidos en un lado de la mesa y todos los acreedores en el otro. “Lo que se plantea es la necesidad ineludible de construir un marco global para la renegociación de la deuda entre los países industrializados y los del tercer Mundo”.

   Ese marco global deberá incluir medidas sobre intereses, plazos, actitud de los banqueros en la renegociación y sobre el proteccionismo de los países industrializados. “Con las actuales tasas de interés y con las que se imponen en las renegociaciones, que son todavía más altas que las usuales, es imposible cubrir el servicio de la deuda. En 1982 quedaron 35.000 millones de dólares de ese servicio sin pagar en América Latina”. Para Pérez hay varias opciones posibles, que deben ser analizadas, entre ellas la instauración de algún sistema entre bancos centrales y privados de los países industrializados. “O que los cien millones de dólares diarios que los industrializados economizan por la baja del petróleo se dedican a constituir un fondo para el desarrollo”.

   Recordó que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), cuando el petróleo estuvo en alza, subsidiaron a los países en desarrollo con más del tres por ciento de su producto nacional bruto. “Los industrializados apenas llegan al 0,38 del PNB, en promedio, cuando el mínimo requerido por las Naciones Unidas es de 0,70 por ciento”. “Los banqueros deben renunciar a hacer negocios y sobre todo a hacer mejores negocios, como ocurre ahora, con la renegociación de los créditos”. Además, “y sin creer que una total apertura de los mercados del Norte pueda ser la solución para la crisis del Tercer Mundo, la cancelación progresiva de las barreras arancelarias y del proteccionismo que nos agobian, serán medidas positivas”.

   Lograr ese marco común está en nuestras manos y para ello “hay que unir el miedo de todos, sin ánimos de confrontación pero con pragmatismo”. En América Latina “tenemos que tomar caminos como el propuesto por el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado y realizar esa gran reunión latinoamericana convocada en Caracas. Pérez criticó “una solapada iniciativa venezolana” que pretendió convertir esa convocatoria en una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con inclusión de los Estados Unidos.

   “Ese no es el camino, primero tenemos que ponernos de acuerdo los latinoamericanos y después de adoptar una posición global, solidaria, dialogar con Estados Unidos y con otras naciones industrializadas. O nos unimos y concertamos alianzas o no lograremos nuestros propósitos. La fortaleza esencial de América Latina está en nosotros mismos, no en el apoyo de Europa o los Estados Unidos. En la integración latinoamericana, sin que podamos alejarnos o separarnos nuca del film global del tercer Mundo”, añadió. En Centroamérica, Carlos Andrés Pérez entiende que se llegó ya “a un punto de crisis definitiva”. Por ello “ambas partes deben precisar y definir posiciones, si se quiere evitar una guerra regional.  El gobierno de los Estados Unidos apoya el camino bélico, cuando apoya sin embozos la acción guerrillera en Nicaragua, refuerza el apoyo militar a El Salvador y construye bases en Honduras”.

   Pero, al mismo tiempo, Pérez interpreta que la presencia del embajador norteamericano Richard Stone en la región “indica una voluntad condicionada y planificada voluntad de negociar, directamente vinculada a los planes militares. En el otro campo llegó el momento para que Nicaragua dé un vuelco audaz a su política, para derrotar las bases psicológicas y políticas que vienen siendo usadas por sus adversarios. La apertura nicaragüense debería ser un audaz avance en el pluralismo, adelantando la convocatoria de elecciones y las leyes electoral y de partidos políticos, permitiendo la oposición al gobierno y una apertura adicional en los medios de comunicación social”.

   Agregó que “en Centroamérica el centro de gravedad se traslada otra vez a Nicaragua y dejó de estar en El Salvador, a pesar de ser éste un problema muy dramático”. La “positiva iniciativa de Contadora, no podrá aportar soluciones reales y efectivas si no cuenta con sinceros apoyos de Estados Unidos y Nicaragua y muy particularmente si no cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas democráticas de la región". Finalmente, Pérez contestó afirmativamente a la pregunta de si es posible una acción común de las internacionales socialista y democristiana para aportar a la paz centroamericana: “Debemos hacer lo mayores esfuerzos juntos. No tenemos inconvenientes de ninguna naturaleza, siempre y cuando se renuncie a circunstanciales intereses partidistas”. (IPS Madrid, 5-7-1983).

   España aumentará, racionalizara y coordinará la cooperación para el desarrollo, afirmó hoy el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Guerra, quien ejerce la presidencia en ausencia del titular, Felipe González, quien está visitando los Estados Unidos, se trasladó hasta la vecina localidad de Alcalá de henares, para clausurar un seminario sobre la cooperación internacional.


   El seminario, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, reunió por primera vez, durante tres días, a representantes de medio centenar de organismos e instituciones españolas que realizan cooperación con los países en vías de desarrollo. El vicepresidente y hombre fuerte del gobierno, sintetizó las posiciones de los asistentes, al afirmar que la atención de España a sus propios problemas en el marco de la crisis internacional “no invalida la obligación solidaria de aumentar su cooperación para el desarrollo”.


   Guerra valoró los esfuerzos realizados hasta el presente, pero señaló que éstos fueron esfuerzos aislados de instituciones o personas y que corresponde, además de aumentar los medios dedicados a esos fines, encuadrarlos en una política de estado, que asegure una mayor eficiencia y coordinación. El seminario, que fue patrocinado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) y la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, definió el tipo de cooperación que realizará España, su organización administrativa, el personal que participará y la financiación de que estará dotada.


   “Se mantiene por cooperación internacional para el desarrollo toda participación en acciones conjuntas, asumidas por el estado, que persiga la mejora de las condiciones de vida, favoreciendo el intercambio y mutuo conocimiento de los pueblos y en las que estén implicadas instituciones de al menos dos países soberanos”, dice la declaración final. Asimismo “serán consideradas acciones de cooperación internacional aquellas que en condiciones de liberalidad y reciprocidad, directa e indirecta, potencien los recursos humanos, científicos, culturales y económicos”.


   Tendrán carácter prioritario “el intercambio de expertos y voluntarios, la transferencia de conocimientos y tecnología, la aportación de equipos y medios económicos y financieros, formación de personal, el intercambio de información y documentación y la ejecución conjunta de programas de investigación y desarrollo”. Las acciones de cooperación podrán ser bilaterales, multilaterales o mixtas. Una acción inmediata será “garantizar la unidad del sistema de información sobre la cooperación que actualmente se desarrolla”. Para ello se tendrán en cuenta los trabajos en curso en diversos órganos de la administración, definiendo una metodología común, que permita la homologación y la integración de la información.


   A este respecto se recomendó a la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, la adopción de las medidas pertinentes para garantizar la consecución de dicho objetivo antes del 31 de octubre de este año. También se dispuso la constitución de un grupo de trabajo “suficientemente representativo que elabore los criterios de organización de la cooperación española” y que redacte un documento, lo más preciso posible sobre las actividades de cooperación previstas para 1984. Asimismo se señaló que “en el plazo más grave posible se deberá constituir una unidad administrativa, dotada de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las exigencias tan diversas que plantea la cooperación en materia de organización: presupuestos, personal y relaciones con los ciudadanos y sus asociaciones”.


   Entre las opciones que se mencionaron para constituir esa unidad, figuró la de establecer una agencia española para el desarrollo (AESDE) y una secretaría de estado para la cooperación. Esa unidad tendrá, entre otras, las funciones de garantizar el sistema unitario de información, elaborar el anteproyecto de plan anual de cooperación, cuidar la coordinación entre los programas, proyectos y acciones contempladas en el plan y realizar el seguimiento, control y evaluación de la cooperación.


   En el plano de la cooperación “se reconoce la necesidad de una coordinación específica al Instituto de Cooperación Iberoamericana, al Instituto Hispano-Árabe de Cultura y a los institutos u órganos que se determinen para otras áreas geográficas”. Para realizar la cooperación, los organismos podrán reclutar funcionarios, expertos y voluntarios, “que son aquellos expertos cuya cualificación viene dada por ausencia de lucro”.


   Además, se recomendó que en la futura ley de movilización del Ministerio de defensa se contemple la regulación de la prestación de servicio civil en función de cooperación, como dilatorio o sustitutorio del servicio militar. Sobre la financiación la resolución señala que “no obstante la crisis económica, las obligaciones derivadas de la solidaridad internacional exigen del estado la aplicación de mayores recursos a la cooperación internacional y, en especial, un incremento progresivo de los fondos destinados a esta finalidad”.

   “Se deberá establecer un fondo general para la cooperación internacional administrativa por el órgano que al efecto se establezca”. Sin embargo, las diversas unidades administrativas, organismos y agentes ejecutores de cooperación internacional dispondrán de fondos descentralizados, sujetos a un régimen especial de gestión y sin perjuicio de las aportaciones procedentes del fondo general. (IPS Madrid, 23-6-1978).

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