Representantes de 19 países latinoamericanos, España y Portugal, el Instituto de Cooperación iberoamericana (ICI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) resolvieron crear un consejo preparatorio de un centro internacional de patentes en lengua castellana. A la reunión, que sesionó del 10 al 13 de junio en esta capital, asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

   También asistieron delegaciones de la junta del acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), del ICI, de la OMPI y de la comisión nacional del Quinto Centenario de España. Aunque el propósito de la convocatoria era dejar constituido el centro, el análisis y los comentarios al estudio de factibilidad del proyecto hicieron prevalecer en los delegados el sentimiento de que es necesario un período preparatorio.

   No obstante, los reunidos declararon la conveniencia de constituir ese centro, para que “organice y administre la colección de documentos de patentes de todos los países de lengua castellana, con el fin de suministrar servicios de información de patentes a todos sus países miembros”. La iniciativa de crear ese centro, como una manera de promover el desarrollo científico y tecnológico de los países iberoamericanos, comenzó a ser estructurada en noviembre de 1982, en la primera reunión de cooperación en materia de documentación de patentes.

   Si bien todos los países participantes consideran necesaria la constitución del centro, también todos hicieron observaciones al estudio de factibilidad. La delegación nicaragüense señaló que un fondo de documentos de patentes ¡es de gran importancia para el desarrollo tecnológico de nuestros países, pues representa un avance significativo en la selección y adaptación de tecnologías. México consideró importante la creación del centro, pero solo comprometió su total apoyo a los trabajos de análisis y su factibilidad, reservándose la decisión final para después.

   Las principales observaciones al proyecto se centraron en aspectos financieros y operativos. La cuestión financiera se centró tanto en la necesidad de establecer costos que los países pudieran financiar sin atraso como en la de que todos los países participen con cuotas. Esto explica que a pesar de haber ofrecido el registro de la propiedad intelectual española la financiación total para la puesta en marcha del centro se haya optado en cambio por un consejo preparatorio, “aunque algunos países aporten mas que otros, constituiremos el centro en un pie de igualdad”, dijo uno de los delegados latinoamericanos.

   Cuba propuso que como una fuente de financiación se utilice la venta de la información recogida en el centro de países de habla no castellana, a los que soliciten información duplicada o un servicios especial de búsqueda y a los que no estén integrados al organismo. Colombia propuso una regionalización de ciertas actividades del centro y a partir de un re-estudio del planteamiento original “abrir la posibilidad de establecer un mecanismo a través del cual algunas oficinas (nacionales) se conviertan en recolectoras de las necesidades de información de determinados grupos de países”.

   Este sistema, explicó la delegación colombiana, “reduciría los costos, evitaría la duplicidad de consultas y facilitaría la homogeneización de los sistemas de organización informativa de las oficinas de propiedad industrial". México advirtió que “una distribución inequitativa o desigual de cargas y resultados pueden echar por tierra los esfuerzos de organización” de un centro cuyas ventajas consideró evidentes.

   La delegación venezolana señaló que un centro de la naturaleza del propuesto “se debe fundamentar ante todo en la capacidad objetiva que sea capaz de lograr para proporcionar información suficiente para establecer la novedad universal de las invenciones solicitadas”. Pero, además, “se debe fundamentar en su capacidad de captar tecnología adecuadas al desarrollo de nuestros países y en una estructura de costos que haga competitiva esa idea frente a otras alternativas”.

   Bolivia expresó ciertas reticencias y pidió garantías de que el país sede, España, respete el pluralismo del centro y que “sean los países componentes los que regulen el flujo de información y las características de la información requerida y no que el país sede cumpla esas funciones y dicte las reglas del juego”. Venezuela reclamó que se aclare que la propiedad tanto del centro como de la información acumulada en éste sería “en el marco de un sistema comunitario”.

   A la vista de estas opiniones, los delegados acordaron constituir el consejo preparatorio con un representante por cada una de las oficinas de propiedad industrial de los países miembros y de los otros organismos que asistieron a la reunión. El consejo deberá formular propuestas relativas a las funciones, programadas de actividades, modalidades de acción del centro y financiamiento. En las modalidades de acción se recomendó “el diseño de una estructura descentralizada” y en el financiamiento que se tienda hacia la autofinanciación. "El registro de la propiedad industrial de España será administrador provisional del centro durante el proceso preparatorio y el ICI apoyará esa actividad”. (IPS Madrid, 15-6-1986).