Todavía hay diferencias en la tipificación de los femicidios, pero el concepto comienza a afianzarse en Argentina. Ya no se habla de “crímenes pasionales” sino de asesinatos de género. El cambio de lenguaje es el primero de los muchos pasos que faltan para erradicar la cultura de violencia. Los cambios conceptuales son el resultado de las movilizaciones feministas como la del 3 de junio de 2015 y las de este año, que se tradujeron en multitudinarias marchas bajo la consigna de “Ni Una Menos”. Entre ellas se destaca la última del 19 de este mes, tras el brutal asesinato de la adolescente Lucía Pérez.

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   El gobierno español iniciará mañana, con la visita del vicepresidente Alfonso Guerra a Argel, una vasta ofensiva diplomática en los países del Magreb, Túnez y Argelia. La calidad de sus acompañantes, entre quienes se cuentan dos ministros y una visita secreta del coronel Sliman Hoffman, quien estuvo en Madrid del jueves al sábado de la semana pasada, ilustran sobre la orientación y la importancia de esta visita. La ofensiva tendrá una segunda etapa de singular importancia pocos días después, cuando el presidente Felipe González viaje también en visita oficial, a Marruecos.

   Hoffman, quien también estuvo en Madrid en los primeros días de febrero, es un hombre decisivo en la estructura de poder del frente nacional de liberación de Argelia. Hábil negociador, desde los tiempos del extinto presidente Houani Bumedien, Goffman suele trabajar en la sombra los acuerdos que después los primeros mandatarios hacen públicos en ceremonias solemnes. En los tres días que Alfonso guerra y su comitiva de 31 personas estarán en Argel, su atención estará dividida en dos grandes campos: el de las relaciones económicas y comerciales y el de la política en el sector occidental del Mediterráneo.

   En España se percibe que Argelia está intentando reorientar su política exterior, por un lado diversificando sus relaciones económicas y comerciales y por otro disminuyendo su dependencia de los suministros militares soviéticos. El ministro de industrias, Carlos Solchaga y el de Obras Públicas, Julián Campo, acompañarán a Guerra. España es un buen cliente del gas argelino, el que viene comprando a precios preferenciales, desde 1975 y por cantidades que triplican sus necesidades domésticas.

   La delegación española planteará la revisión de ese convenio, de manera de comprar una cantidad más ajustada a sus necesidades, aunque deba pagar más caro el metro cúbico. La participación española en obras de infraestructura, por medio de acuerdos bilaterales, será también atendida por el ministro de Obras Públicas. La redefinición de acuerdos en el Mediterráneo será uno de los temas políticas más destacados. Argelia rechazó una propuesta-afrancesa de reunir una conferencia de países del Mediterráneo, a la que no se invitó a Grecia y Libia.

   Esa redefinición estará ligada, también, a los intentos de encontrar una solución estable al conflicto del Sahara Occidental, la ex colonia española actualmente bajo la administración de Marruecos y objeto de reclamación de independencia por el Frente Polisario. El Polisario surgió en la primera mitad de la década de los setenta con el apoyo argelino e inició una larga guerra de guerrillas, que en la actualidad no parece tener definición: Marruecos mantiene una línea de defensa fortificada, que el Polisario no puede abatir y a la vez este último no pudo ser eliminado por el ejército del rey Hassan.

   Argelia demandó varias veces que España cumpliera, como ex potencia colonial del Sahara Occidental, un papel activo para facilitar la autodeterminación saharaui. Marruecos considera que ese papel ya terminó al abandonar la colonia en 1975 y traspasar su administración a Marruecos y Mauritania. El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), varios años antes de ganar las elecciones que lo llevaron al poder el año pasado, reconoció al Polisario “como legítimo representante del pueblo saharaui”.

   Desde que hace dos semanas Felipe González dijo que en treinta días habría novedades sobre el Sahara, diversos indicios señalan que “algo está marchando bajo la superficie”. Si las conversaciones que sostendrá Guerra confirman las ya realizadas a otros niveles en Madrid, si éstas encuentran un buen seguimiento en Marruecos entre González y Hassan, la solución para el conflicto del Sahara Occidental podrá presentarse como una evidente probabilidad. (IPS Madrid, 21-3-1985).

   El gobierno español iniciará el miércoles 14 el tratamiento de una ley que unificará sus acciones de cooperación internacional, en base a un texto redactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una reunión de más de setenta organismos españoles que realizan cooperación señaló el año pasado que ésta, además de insuficiente está dispersa y mal ejecutada. Un congreso de organizaciones no gubernamentales, realizado en abril pasado en Barcelona, afirmó que “España puede y debe aumentar su ayuda al desarrollo tanto en medios económicos como humanos”.

   El objetivo de esta ley es el de definir un marco legal para la cooperación, “como un área importante de las relaciones internacionales”, unificar las actividades de manera de hacerlas más efectivas a menor costo e incorporar la iniciativa privada y social a la acción del estado en este campo. El proyecto tiene doce artículos y una disposición final. Será tratado por la comisión de subsecretarios a más tardar en quince días, pasará después al consejo de ministros y una vez aprobado allí, iniciará el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

   De acuerdo con la mecánica y los reglamentos parlamentarios y con un pedido del senado favorable a contar con esta ley antes de seis meses, fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores calculan que entre octubre y noviembre la ley podrá estar lista para su promulgación y puesta en práctica. Entre las innovaciones del proyecto de ley se cuenta la incorporación del Servicio Civil sustitutorio del militar, en tareas de cooperación internacional, la vinculación de la pequeña y mediana empresa y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a estas actividades.

   El artículo primero define a la cooperación internacional como “la actividad realizada por las administraciones públicas y demás entes y sociedades del sector público, dirigida a promover la mejora de las condiciones de vida y el progreso científico, técnico y económico de los pueblos”. La promoción, proyección, proposición, gestión y ejecución de la política de cooperación internacional corresponderá al ministerio de Asuntos Exteriores, al que se encomienda en la disposición final que en el plazo de seis meses a partir de la entrad en vigor de la ley, el reordenamiento en esa área.

   En esos seis meses deberá “coordinar y reordenar la acción de los órganos que actualmente llevan a cabo funciones de cooperación internacional. Dicha coordinación incluirá, en todo caso, la creación de una unidad especial de cooperación dependiente del ministerio de Asuntos Exteriores”. La disposición final también autoriza al gobierno “a  suprimir o fusionar los organismos de la administración del estado que hoy tienen asignadas competencias de cooperación internacional sin que, en ningún caso, se produzca aumento del gasto público”.

   Fuentes de Exteriores señalaron a IPS que esa limitación acerca del gasto público se debe a la situación del país y a la necesidad de ajustarse al programa económico del gobierno y a la intención de evitar que el tratamiento parlamentario de la ley se demore, aunque se asuma que la contribución total española al desarrollo es todavía insuficiente. El congreso de las ONG realizado en Barcelona señaló que “el gobierno debe comprometerse a alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del producto nacional bruto, mínimo recomendado por las Naciones Unidas hacia finales de los 80”. España dedica 0,07 por ciento, o sea una décima parte de lo recomendado por las Naciones Unidas. El presidente del gobierno, Felipe González, anunció en su campaña electoral la firme decisión de ir elevando ese aporte hasta llegar, progresivamente, al mínimo recomendado por las Naciones Unidas.

   Algunos ayuntamientos, como los de Arbucies, Angles y Pamplona, tomaron ya la iniciativa de destinar 0,7 por ciento de su presupuesto a la cooperación para el desarrollo con el tercer Mundo. El proyecto de ley señala en su artículo cuarto que el ministerio de Asuntos Exteriores someterá al gobierno un plan de cooperación internacional de carácter plurianual y establece que ese plan “tendrá carácter vinculante para las diversas entidades públicas que participen en su ejecución”.                                                                 

   La ley también contempla la redacción de un estatuto del personal de la cooperación internacional en el que podrán ser acreditados como cooperantes internacionales “los españoles que siendo funcionarios públicos, contratados o bien voluntarios y careciendo de a cualidad de personal diplomático, presten servicios en el extranjero en ejecución del plan de cooperación internacional”. El artículo décimo segundo del proyecto establece que “El ministerio de Asuntos Exteriores garantizará el sistema unitario de información de la cooperación internacional española”, en lo que se entiende como un esfuerzo para acabar con la dispersión y anarquía en este campo.

   En la memoria explicativa del proyecto se advierte que al atribuir esa competencia al ministerio “No se pretende negar las funciones… que corresponden a otros departamentos ministeriales sino, por el contrario, afirmarlas plenamente: únicamente se quiere destacar la necesidad de que sea Asuntos Exteriores el departamento integrador”. (IPS Madrid, 11-6-1984).

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