La escasa percepción de riesgo entre la población cubana figura entre los desafíos para enfrentar la trata humana, trascendió durante la visita de Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre los derechos humanos de las víctimas de este fenómeno global. "No hay percepción de riesgo porque este lamentable fenómeno que ocurre en el mundo entero, en Cuba se comienza a abordar en algunos espacios públicos desde 2013", dijo a IPS la documentalista Lizette Vila, una de los 30 representantes de organizaciones no gubernamentales con estatus legal, reunidas el lunes 10 de este mes con Giammarinaro.

   Vila y otros activistas consultados por IPS identifican al diálogo abierto y directo sobre el tema como el principal saldo de la primera visita en la última década realizada por una experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a esta isla caribeña. Invitada por el gobierno cubano, Giammarinaro desplegó del 10 al 14 de este mes una amplia agenda en la capital y en las provincias de Artemisa y Matanzas, en reuniones además con funcionarios, parlamentarios, representantes de ONU y el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que realiza un simposio al respecto. "Espero que esta visita sea un punto de partida para sostener un diálogo provechoso e intenso con todo el sistema de derechos humanos", dijo la relatora en la única conferencia de prensa, ofrecida el 14 de abril, donde habló de las fortalezas y debilidades observadas en el país caribeño.

   Giammarinaro resaltó el acceso universal y gratuito a la educación y servicios de salud, seguridad social y participación femenina. También elogió el primer Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la protección a las víctimas (2017-2020), que aún no es público. Valoró de adecuado el enfoque del plan y su carácter multidisciplinario, aunque precisó que el mayor reto vendrá con la implementación, cuando las autoridades deberán establecer protocolos claros y de fácil aplicación para identificar y proteger a las víctimas. También instó a separar los delitos de trata de personas y proxenetismo, que están juntos en el Código Penal vigente; especificar el crimen de explotación laboral y proteger en el derecho penal a niños, niños y adolescentes hasta los 18 años de edad y no hasta los 16 como en la actualidad, además de "superar el estigma social hacia la prostitución".

   Otras inquietudes y propuestas de sectores de la sociedad civil salieron a flote gracias a la estancia de la relatora. "Tenemos casos de los dos tipos de trata: transfronteriza e interna", valoró Vila, que dirige el Proyecto Palomas, una productora de audiovisuales para el activismo social. A partir de su trabajo cercano a las comunidades, la documentalista observa que en Cuba "hay grupos vulnerados por una serie de determinantes sociales, que pueden ser víctimas de esta cruel expresión de la violencia con dimensiones de pandemia mundial". En ese sentido, propuso, "incluir a los niños varones en las campañas mundiales preventivas de este y otros fenómenos, que solo se enfocan a las mujeres y las niñas", algo que aseguró haberle comunicado a Giammarinaro en su momento. Décadas de silencio sobre el problema en Cuba provocaron que hoy muchas personas desconozcan hasta el término más usado para referirse al comercio ilegal de personas con fines de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos u otras formas modernas de esclavitud.

   IPS preguntó a varios vecinos de la capital si conocían sobre trata humana en esta isla de 11,2 millones de habitantes. "Nosotros no tenemos ese problema en Cuba", aseguró de inmediato una contadora de 47 años. "He escuchado algo en las noticias, pero no sé mucho", respondió un mecánico, de 50 años. Y un joven profesor universitario, que dice leer los periódicos estatales todos los días, solo conoce del negocio del tráfico de personas. Los informes nacionales publicados hasta el momento observaron conductas propias de la trata de personas en 46 casos de todos los procesados entre 2012 y 2015 por los delitos de proxenetismo y corrupción de menores. Además, en 2015 las autoridades cubanas cooperaron con las de otros países en 37 casos de trata. Resaltaron que, a diferencia de otros países, en el orden interno no resulta frecuente el empleo de amenazas, coacción u otras formas de intimidación para realizar el delito, ni tampoco la explotación sexual de adultos, niñas y niños se asocia a redes criminales organizadas. Pero suceden casos de captación de víctimas, principalmente mujeres jóvenes, a través de organizadores nacionales residentes en el exterior o extranjeros, con falsas ofertas laborales. Fuera de Cuba, los delincuentes las obligan a prostituirse, amenazan, privan de libertad y retiran sus documentos identificativos.

   "La percepción de riesgo entre la población cubana es mínima", dijo Gabriel Coderch, el coordinador del no gubernamental y de inspiración cristiana Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), que organiza una campaña nacional contra la violencia de género, al ser consultado por IPS. "Si se habla de trata de personas, la mayoría de las y los participantes en un taller desconocen que exista esta figura, incluso hay quienes llegan a afirmar que este delito no se da en Cuba", abundó. OAR, que ha impartido talleres sobre abuso sexual infantil a docentes a pedido de la educación pública, propuso "que se aborde el tema desde el nivel de escolaridad primaria para que las niñas y los niños sean capaces tener una visión clara del fenómeno". En 2015, se reportaron en el país presuntos hechos que implicaron a 2.174 niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso sexual, una cifra presentada por las autoridades como muestra de la baja incidencia de estos delitos en este sector de la población. Coderch consideró que la relatora "hizo meditar sobre varios asuntos como la edad penal, además de permitirnos ver con más objetividad el problema y cómo enfrentarlo".

   "Debemos trabajar con la población para elevar la percepción de riesgo, sobre todo con las personas que van a viajar al exterior", dijo Yoandrys González, jefe de Cooperación Operacional Internacional de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, en el último simposio organizado por Cenesex en enero último. "Algunas víctimas y familiares no muestran disposición a la cooperación debido a que no se identifican como tales. Falta experticia en todos los actores que se vinculan a las acciones de prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas, porque es un fenómeno que antes no nos impactaba con la magnitud actual", abundó. González detalló que las víctimas suelen ser mujeres aunque también se registran hombres, y la mayoría de los casos son de trata transfronteriza vinculada a la explotación sexual. Sin embargo, precisó que se debe "profundizar más en investigar el impacto de la trata hacia lo interno". (IPS-Editado por Ivert González y Verónica Firme)

   Grupos de ciudadanos suman ya más de 300 iniciativas de conservación en Chile, que cubren 1,5 millones de hectáreas, en un país donde no existe reconocimiento o financiamiento para las áreas protegidas privadas, con propietarios que van de pueblos indígenas a millonarios locales y extranjeros. Entre los primeros está la Red de Parques Mapu Lahual, creada en 2005 por nueve comunidades de indígenas huilliches, que destinaron 2.250 hectáreas al establecimiento de una reserva natural.

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