Inmigrantes de primera, segunda y tercera clase, clasificados según la recepción, la vía de entrada o el costo que significa para cada aspirante, llegan, o intentan llegar, a España cada año.

Hay una primera clase que es considerada de tan alto rango que ni siquiera se la clasifica entre los ''inmigrantes''. Se trata de magnates árabes o de la reconvertida Europa oriental que, de tan bien considerados que son, ni siquiera llegan a tener que pedir formalmente su residencia.

Las penurias y dificultades quedan para quienes aspiran a entrar a España a trabajar, o a utilizarla como territorio de tránsito en su viaje hacia otros países europeos. Su intención es ganarse la vida trabajando y enviar dinero a su familia, o ahorrar hasta poder traerla consigo.

Los permisos de residencia legal y trabajo que cada año concede el gobierno de España, 15 de cuyos 40 millones de habitantes están en condiciones de trabajar, apenas llegan a 25.000.

En la provincia de Madrid, que alberga a la capital, se concedieron para todo 1998 apenas 4.473 permisos de trabajo de los 17.536 solicitados. La casi totalidad de los otorgados son para peones en la industria de la construcción o en el servicio doméstico.

La minoría que recibe permiso de trabajo y residencia puede considerarse privilegiada, si se la compara con los irregulares que llegan como polizones en barcos de carga, camiones, aviones de pasajeros o en las tristemente célebres ''pateras'', frágiles embarcaciones con las que cruzan el estrecho de Gibraltar.

La irregularidad consiste en carecer del visado o permiso de residencia. Las autoridades españolas califican esa carencia de ilegalidada, aunque los inmigrantes tengan todos sus papeles de identificación en orden.

Organizaciones humanitarias, como SOS Racismo, rechazan el calificativo de ''ilegal'' y recuerdan que hasta hace unos pocos años España regó de oleadas de inmigrantes a América y el resto de Europa.

El matutino madrileño El Mundo informó sobre una escala que cumplen irregulares que parten desde el norte de Africa.

Desde la ciudad de Tánger, Marruecos, en el extremo noroccidental de Africa, se puede ver la costa española. Allí, hacinados en camastros, durmiendo de a diez en un cuarto de ocho metros cuadrados, los candidatos a cruzar esperan su turno.

Un grupo de traficantes de personas alquila esos camastros a quienes los pueden pagar. A los que no, los envían a los montes cercanos, en los que acampan a riesgo de ser descubiertos por las fuerzas de seguridad marroquíes.

Entre los candidatos a cruzar el estrecho de Gibraltar hay muchos que recorrieron miles de kilómetros, procedentes de Africa subsahariana, mezclados con marroquíes, argelinos, tunecinos y saharauis.

Aziz, uno de esos traficantes, dijo a El Mundo que la mayoría de los trasladados jamás han visto el mar y no saben nadar.

Los dueños o encargados de las frágiles embarcaciones conocidas como ''pateras'' obligan a los pasajeros a lanzarse al mar cuando advierten la proximidad de una patrulla española. Así es como, a menudo, aparecen cadáveres en las playas españolas próximas a Gibraltar.

Pero también entre los que parten desde el norte de Africa se establecen profundas diferencias.

La escala más baja la ocupan quienes se trasladan abarrotados en ''pateras'', llamadas así porque son de bajo calado y, por lo tanto, aptas para navegar en lagos y embalses de poca profundidad, donde las utilizan los cazadores de patos.

Su porte les permite navegar en aguas de baja profundidad y atracar en playas alejadas de los puertos.

Otros irregulares se trasladan ocultos en el doble piso o el doble techo de camiones de carga, o en el ferry que une Tánger con la ciudad española de Algeciras. Para este viaje necesitan más dinero, pues deben comprar la discreción de los policías marroquíes.

Finalmente, están los ''atuneros'', pescadores que trasladan a los inmigrantes sin riesgo para la vida ni la seguridad, que son desembarcados en los puertos pesqueros y, desde allí, abandonados a su suerte.

La mayoría de los irregulares llegan con la dirección o el número de teléfono de un conocido, o del conocido de un conocido que emigró años antes. Con ese dato y algunas monedas en el bolsillo, se lanzan a buscar un lugar donde dormir y un trabajo mal pago.

Otros, que no se ahogaron ni pasaron, son detenidos por la policía española y devueltos a su lugar de embarque. Aunque se denomine a ese proceso ''repatriación'', muy pocos son los que vuelven a su tierra. Al menos eso no ocurre, con seguridad, con los africanos del sur del desierto del Sahara.

 La clara recuperación de la economía de España tendría escasos efectos sobre la desocupación, ya que los expertos predicen que el índice de desempleo se mantendrá por encima del 20 por ciento de la población activa.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,1 por ciento en el primer semestre del año, siguiendo una tendencia iniciada a principios de 1994.

Fuentes del ministerio de Economía aseguran incluso que en seis o siete meses más el ritmo de crecimiento subirá al 3,5 por ciento, una afirmación que economistas de la oposición y sindicalistas ponen en duda.

Esta semana dio una clara imagen de las contradicciones: mientras el ministro de Economía, Pedro Solbes, presentaba al parlamento su propuesta de presupuesto general del Estado para 1996, trabajadores de los astilleros salían a las calles para protestar por el cierre de sus fuentes de trabajo.

España, conocida por su sólida estructura industrial, se convierte cada vez más en un país de servicios, donde la industria turística es la principal fuente de divisas.

La región de Asturias, en el norte del país, con 1.100.000 habitantes y 10.565 kilómetros cuadrados, constituye un ejemplo de estos cambios.

Otrora fuerte y pujante zona carbonera y siderúrgica, Asturias perdió 25 por ciento de los puestos de trabajo en poco más de una década.

Además, una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señala que Asturias tiene los índices más altos de desempleo juvenil (57,8 por ciento) y de suicidios.

El conservador Sergio Marques, presidente de esa región, afirma que la destrucción de empleo en la industria ha alcanzado magnitudes prácticamente inasumibles.

El crecimiento económico con pérdida de puestos de trabajo se está traduciendo, también, en una dualización del mercado laboral, con un sector que mantiene altos ingresos y otro cada vez más empobrecido.

Un estudio de Francisco Melis, ex director de análisis del INE, indica que 7,7 millones de trabajadores, casi dos tercios de la población empleada, reciben un salario medio anual equivalente a veinte mil dólares, mientras que el otro tercio percibe un salario medio anual de 4.000 dólares.

Además, dice Melis, el 3,3 por ciento de los asalariados absorben casi el 15 por ciento de la masa total de salarios y el 27 por ciento recibe ingresos anuales inferiores al salario mínimo.

Con estos antecedentes, los sindicatos recibieron negativamente los presupuestos de Solbes, que, elaborados bajo la consigna de reducir el déficit público, prevén, como primera medida, el sacrificio de la inversión pública.

El veterano sindicalista Marcelino Camacho, presidente y fundador de la Confederación de Comisiones Obreras, señaló que el problema no consiste en unos presupuestos más o menos restrictivos, sino en la política económica en su conjunto.

No debemos construir la Europa de los mercaderes, basada en una unión que privilegia a los privilegiados de siempre, sino una Europa social, que asegure una vida digna a los trabajadores, fustigó.

Uno de cada 200 españoles será portador del virus del sida en el 2000, según proyecciones realizadas en un seminario médico y difundidas hoy en esta capital.

El contagio de sida (sindrome de inmunodeficiencia adquirida) por vía heterosexual crece en España y corresponde ya a 14,8 por ciento de los afectados, por encima del contagio entre homosexuales, que es de 12,6 por ciento.

Los usuarios de drogas por vía intravenosa siguen siendo el principal grupo de riesgo, por cuanto suponen 64 por ciento de los afectados, se informó en el seminario ''El sida en sus perspectivas clínicas y social'', realizado en Tenerife, isla del archipiélago de Canarias.

En los últimos años sólo ha descendido el índice de transmisión de sida de madre a hijo, según Angel Redondo, del Hospital Clínico de la oriental ciudad de Valencia.

Datos del Ministerio de Sanidad facilitados por los laboratorios MSD, organizadores del simposio, dieron cuenta de 707 casos de sida en niños menores de 12 años hasta el 31 de diciembre último.

También se informó que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida, es la primera causa de muerte en las prisiones españolas.

José María Gatell, del Hospital Clínico de Barcelona, reiteró que la combinación de fármacos en la primera fase de la infección es, de momento, la mejor arma para luchar contra la enfermedad.

El revés del tratamiento es la gran cantidad de pastillas que los pacientes deben ingerir, alrededor de 20 por día.

Rafael Nájera, jefe de Investigación en Retrovirus del Centro Nacional de Biología Celular, destacó que el principal avance en relación al sida es el tratamiento individualizado de los afectados, en función de sus necesidades.

Nájera explicó que ''se ha pasado de las mismas soluciones para todos a un tratamiento individualizado de acuerdo con la cantidad de virus en el paciente y la cantidad de defensas'' que presenta.

Es necesario controlar ''durante el mayor tiempo posible'' el aumento de carga viral, para transformar el sida ''en otra enfermedad de tipo crónico, como la diabetes'', agregó. (IPS-Madrid)

Página 5 de 32