El desarrollo creciente de los estudios sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, son demostrativos de que se está viviendo una época en la que se intenta ejercer un control social y político más fuerte y deliberado sobre la ciencia y la tecnología, más acentuado en unos países que en otros.

En términos generales, los políticos, los científicos y los tecnólogos aceptan la idea de que el público tiene derecho a participar en la toma de decisiones en esos campos, si bien quedan por definir los métodos y mecanismos para hacer que esa participación sea posible y eficaz.

En los países democráticos el parlamento es el lugar idóneo para adoptar decisiones desde la óptica de la evaluación social del desarrollo tecnológico. Para ello se requieren estructuras adecuadas para que los parlamentarios, al margen de su formación profesional, si es que la tienen, puedan tomar posiciones con conocimiento de causa. De ninguna manera es necesario que un diputado o senador sea médico para opinar sobre una ley de sanidad o ingeniero para determinar sobre el trazado de una autopista, ya que la representación que ejerce en su escaño es la de la universalidad de sus electores, sin discriminación, corporativismo o diferencia alguna. Lo mismo vale para las leyes y disposiciones que reglen o tengan influencia sobre el desarrollo de la ciencia y la técnica.

Los parlamentarios, en tanto que tales y como integrantes de cuerpos estructurados, pueden y deben arbitrar sus propios mecanismos de formación e información para legislar sobre todos los temas puestos a su consideración o sobre los cuales crean necesario definirse, incluso los relacionados con la ciencia y la técnica. Entre todos esos mecanismos caben desde los canales idóneos para recibir la información y la opinión de los grupos e instituciones sociales hasta la organización de oficinas especializadas dentro de la misma estructura del parlamento.

Pero todo ello sería incompleto si faltase una opinión pública bien informada, que debería ser la base indispensable e irreemplazable de toda buena decisión parlamentaria. El vertiginoso y en grandes aspectos cada vez más especializado desarrollo científico y técnico produce una separación de la población en dos capas: de un lado quienes conocen y dominan ese desarrollo, aunque carezcan del poder y la representatividad políticos para dirigir su sentido y del otro quienes permanecen al margen del proceso, sin capacidad para influir en él aunque soportan sus consecuencias, positivas y negativas.

La relación entre los productores de ciencia y técnicas y los periodistas, llamados creadores de opinión pública, aunque su papel verdadero sea el de mediadores, es conflictiva, salvo excepciones. La mejor prueba de ello son las quejas habituales de los científicos acerca de la superficialidad y el sensacionalismo de las informaciones periodísticas que, afirman, reflejan parcial, inadecuada y muchas veces inexactamente su labor, sus éxitos y sus fracasos. Del otro lado, la queja se refiere al mutismo, la ausencia de transparencia y el lenguaje hermético atribuido a los científicos.

Es posible que las dos partes tengan razón, o un alto porcentaje de ella y que por eso mismo deban admitir que el problema necesita una solución compartida. Lo cierto es que los ciudadanos carecen de una información pertinente, comprensible, contextualizada y veraz acerca de aspectos de la ciencia y de la técnica que afectan o afectarán de manera decisiva a su propia vida.

Un primer paso sería la aceptación, por los gestores y creadores de ciencia y técnica y por los editores de medios y periodistas, de que la información sobre sus actividades normales, sobre el proceso mismo y no solo sobre sus resultados, es un asunto de interés público. Ello debería llevar los temas científicos y tecnológicos a los espacios destacados de los medios, sin relegarlos a unas secciones de segunda línea, más próximas a las curiosidades y pasatiempos que a la política, la economía, los espectáculos y el deporte, como por regla general ocurre en la actualidad.

La convicción de que la escasa información, tanto de hechos como de opiniones fundadas, que llega a la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación es una responsabilidad compartida, es lo que llevó a plantearse esta edición especial de ARBOR, con la colaboración de científicos, educadores, periodistas y periodistas especializados. Además, se incluyen unas recomendaciones elaboradas en la Consulta Técnica sobre Periodismo Científico, convocada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y realizada en buenos Aires del 9 al 13 de octubre de 1989, con la participación de científicos y periodistas de América Latina y España.

De los trabajos reunidos en esta edición pueden derivarse algunas reflexiones útiles para la acción comunicativa en ciencia y técnica de sus creadores y gestores, editores de medios, periodistas, comunicólogos, jefes de prensa y escuelas y facultades de periodismo. También sería positivo que sirvieran para promover un debate interdisciplinario, tanto más necesario cuanto más se acelere el progreso científico y tecnológico, para acercar la ciencia a los ciudadanos y los ciudadanos a la ciencia. (Revista Arbor, Madrid, 3-2-1990)