La transición chilena hacia la democracia ha puesto fin a una etapa que se inició con dudoso pronóstico y en la que no estuvieron ausentes dificultades de índole política, económica y social. Sin embargo, la férrea decisión de los ciudadanos de ese país del cono sur de América, ha hecho posible que los cuatro primeros años del retorno a la Democracia, piloteados por el democristiano Patricio Aylwin, hayan culminado con resultados altamente positivos y que su correligionario, Eduardo Frei, pueda iniciar una nueva etapa con signos más alentadores.
Al asumir los destinos de Chile, en 1990, Aylwin tuvo que enfrentar dos problemas de gran envergadura, que fueron resueltos con distinto éxito. Por un lado, su gobierno constitucional debió convivir con el ex dictador Augusto Pinochet, hecho que lo obligó a ejercer un difícil equilibrio para poder gobernar sin aceptar dictados. Además, debió dar soluciones, aunque parciales, a las demandas sociales de la mayoría de la población, sin poner en peligro la estabilidad y el deasrrollo económicos.
Al traspasar la banda presidencial a su sucesor, el septuagenario político recordó que Chile es una nación en vías de desarrollo, abocada al enorme desafío de derrotar a la pobreza y afirmó que a pesar de haber avanzado mucho, "es mucho más lo que nos queda por haceer". Con estas palabras, Aylwin señaló el desafío para la nueva etapa: erradicar la pobreza, que todavía se mantiene en vastas capas de la población.
La recuperación de la democracia y de las libertades, un deseo de la inmensa mayoría de los chilenos, trajo implícito el derecho de los ciudadanos a reclamar pública y activamente cuestiones que les estaban vedadas bajo la dictadura. Una, la atención de sus necesidades económicas y sociales,  cuya satisfacción podría desatar la inflación y provocar una desestabilización, según los economistas y otra, la justicia por la violación de los derechos humanos, que podría despertar la resistencia de los pinochetistas.
Los temores de los economistas resultaron fallidos: en el cuatrienio democrático el salario mínimo real aumento el 6,7%, la tasa de desempleo bajó del 13% al 5,6%, el consumo por habitante creció 4,6% y subieron de manera notable los gastos sociales por habitante, sobre todo en educación, pensiones y salud. Y, sin embargo, la inflación se mantuvo estable y contenida, a la vez que creció la economía por encima del 6% anual y la inversión subió al 27% del PIB, la más alta del mundo.
Más difícil resultó el otro tema. La vigencia de un sistema de libertades permitió que los familiares de las víctimas de la dictadura reclamasen justicia y, como parte fundamental de ésta, el conocer la verdad de lo ocurrido. Hasta una semana antes de que Aylwin traspasase el mando a Frei, se seguían conociendo nuevos casos de asesinatos y desapariciones con resultado de muerte durante la dictadura. El 4 de marzo de 1994 la oficial Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, dió a conocer nuevas cifras, que agregaron 850 casos a los 2.279 constatados en 1991 por la Comisión Rettig, formada también por disposición de Aylwin.
Los familiares de las víctimas podrán acogerse a los beneficios de una ley aprobada en 1992, que incluye compensaciones materiales y fórmulas legales para restituir la dignidad a sus parientes.
La comisión de familiares quieren más y exigen que se derogue una ley de amnistía dictada por Pinochet, alegando que en Chile se impuso la impunidad en favor de los uniformados violadores de los derechos humanos. La inmunidad les estaría garantizada por las normas legales e institucionales impuestas por Pinochet antes de entregar el Poder Ejecutivo.
No obstante y a pesar de las resistencias del sector pinochetista de las Fuerzas Armadas, también hubo logros en el frente de los derechos humanos. El general retirado Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, jefes máximos de la policía secreta entre 1974 y 1977, enfrentan posibles penas de cárcel de siete y seis años respectivamente.
Las inquietudes de ese sector militar en torno a juicios por violaciones de derechos humanos y su malestar por los indultos presidenciales a presos políticos, cimentaron dos demostraciones de fuerza de los uniformados, en diciembre de 1990 y mayo de 1993, conocidas como el "ejercicio de enlace" y el "boinazo".
Una idea de como se evolucionó paso a paso, es la reacción militar ante el último acto de Aylwin en el campo de los derechos humanos, al indultar dos días antes de terminar su mandato a cuatro izquierdistas condenados por atentar contra Pinochet. El general Jorge Lucar, vicecomandante en jefe del Ejército, dijo que su institución "no tiene opinión" sobre la decisión de Aylwin, por tratarse del ejercicio de una facultad del Presidente de la República, que los militares acatan.
La cuestión militar, según como se han venido desarrollando los hechos, no será un problema para Eduardo Frei. Y eso, con independencia de que se cumpla el plazo fijado por el mismo Pinochet para su permanencia como Comandante en Jefe hasta 1997.
Otros son los temas que ocuparán prioritariamente la atención del nuevo Gobierno, sea por iniciativa propia o presionado por la ciudadanía: un ataque más decidido a la pobreza y la marginalidad y una respuesta a las demandas de integración del país con sus hermanos de América Latina.
Dos asuntos que, bien mirados, deberían marchar unidos. Porque un desarrollo sostenible, equilibrado y socialmente justo, para tener éxito debe ser encarado de manera conjunta por los países de América Latina. Eso, que es una aspiración de largo plazo en la que coinciden la mayoría de las fuerzas políticas del subcontinente, en el corto y medio plazo encuentra todavía grandes obstáculos, de carácter técnico, económico, cultural y político. (8-3-1994)