Cinco inmigrantes embarazadas fueron detenidas este martes en el archipiélago español de las Islas Canarias, frente a la costa occidental de África, tras cruzar el mar en frágiles embarcaciones, sin documentación, procurando eludir la vigilancia policial.

   En las primeras horas de la mañana las fuerzas de seguridad detuvieron en las islas de Lanzarote y Fuerteventura un total de 60 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos y entre los que estaban las cinco mujeres embarazadas.

   Lo ocurrido este martes se está convirtiendo en un hecho habitual en dos zonas marítimas españolas, las Islas Canarias y el Estrecho de Gibraltar, que une al Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo y separa con sólo catorce kilómetros a las costas africana y europea.

   Por estas zonas arriban personas oriundas del África subsahariana o negra, en búsqueda de trabajo y una vida mejor en Europa, transportadas irregularmente por mafias organizadas para esos fines y a las que pagan su viaje entre dos y tres mil dólares por cabeza.

   Ese traslado unas veces finaliza con los inmigrantes indocumentados en tierra, donde algunos son detenidos y otros logran eludir la vigilancia policial. Pero el viaje también suele terminar trágicamente, como el jueves uno cuando fueron encontrados en las costas próximas a Gibraltar los cadáveres de trece inmigrantes.

   Una decena de supervivientes, apresados por la policía e internados en centros especiales, relataron que la embarcación en la que eran trasladados chocó contra las rocas de la costa y zozobró. La experiencia indica que muchos de los subsaharianos que llegan en esas condiciones no saben nadar.

   En esta ocasión el mar estaba tranquilo, sin vientos fuertes ni tormentas y el naufragio se debió a que el patrón de la embarcación eligió una zona rocosa para eludir mejor la vigilancia policial, afirmó José Antonio Martínez, coordinador de las labores de la Cruz Roja en la zona.

  Pero los patrones también suelen atracar en playas desiertas y abandonar a los inmigrantes y a la lancha transportadora. Así ocurrió este martes, en Fuerteventura, donde la policía detuvo a 18 subsaharianos, entre los que había cuatro mujeres embarazadas, que llegaron a la isla a bordo de una lancha que fue localizada varada en la orilla, sin que se haya podido interceptar a los patrones de la misma 

   En otra  frágil embarcación, no apta para navegar para el mar sino que podría haber salido desde un barco mayor llegado hasta los límites marítimos de las Canarias, viajaban 22 inmigrantes subsaharianos, entre ellos la quinta mujer embarazada. En este caso el patrón fue detenido y la embarcación decomisada.

   La vigente Ley de Extranjería establece que sólo pueden obtener permiso de residencia en España las personas que lleguen con un contrato de trabajo y la visa correspondiente otorgada por el consulado español en el país de origen de esos inmigrantes.

 

   Las organizaciones no gubernamentales y humanitarias y los partidos de la oposición califican de xenófobo al Gobierno por intentar aplicar estrictamente esa ley, aprobada en diciembre de 2001 con los votos del gobernante Partido Popular, que posee la mayoría en el Parlamento.

 

   Según el vicepresidente primero y portavoz del gobierno, Mariano Rajoy, los inmigrantes se dividen en tres grupos. Por un lado “la inmensa mayoría, que viene legalmente a trabajar en España y tiene los mismos derechos y obligaciones que los demás residentes”.

 

   En segundo lugar el vicepresidente ubica a “las mafias criminales que trafican con personas, que se han instalado en la Unión Europea y que hay que combatir”.

 

  Por último señala a “las personas en situación irregular”, a los que considera ligados a la delincuencia pues, afirmó, “la ilegalidad lleva a la marginalidad y ya se sabe que la marginalidad genera en muchas ocasiones delincuencia, tanto entre ciudadanos españoles como extranjeros”.

 

   Estas opiniones de Rajoy, uno de los miembros del gobierno con mayor poder, fueron respuestas dadas a principios de mes cuando el oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio a conocer los resultados de una encuesta en la que aparecen datos que indicarían que el rechazo a los extranjeros crece entre los españoles.

 

   Los partidos de la oposición cuestionaron incluso que el CIS, calificado por socialistas y comunistas como “Centro de Intoxicaciones Sociológicas”, incluyera en la encuesta la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que hoy en día en España existe una relación entre inmigración y delincuencia?”.

 

   “Es una pregunta sesgada, mal hecha, dirigida a reforzar las tesis del Gobierno… crear opinión de que la delincuencia e inmigración van juntas”.

 

   La Ong SOS Racismo también calificó de sesgada la encuesta y califica los resultados de “falsedad objetiva y consecuencia de toda una política de criminalización del inmigrante realizada por el Gobierno”. (Madrid, 13-8-2002)

 Sólo el desarrollo económico y social de África, al que deben apoyar con firmeza los gobiernos europeos, puede frenar la inmigración irregular a Europa, coinciden en afirmar políticos españoles de los partidos mayoritarios y que compiten entre sí por el gobierno de este país.

 

   Así lo expresaron José Manuel Soria, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, zona que acusa un aumento sustancial de emigración irregular, Jordi Pujol y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidentes de las comunidades autónomas de Cataluña y Extremadura, respectivamente.

 

   Soria es presidente del centroderechista Partido Popular (PP) en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, un archipiélago ubicado frente a la costa noroccidental de África. Pujol es el líder del nacionalismo catalán y presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

   Rodríguez Ibarra es presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, región agropecuaria que limita con Portugal y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) extremeño.

 

   Extremadura y Cataluña demandan mano de obra extranjera para las tareas rurales, en tanto que Canarias está viendo desbordada su capacidad de asimilación de inmigrantes, la mayoría de los cuales arriban a sus costas en frágiles embarcaciones, sin visados ni documentos de identidad.

 

   Hasta fines de 1999 el 80 por ciento de la inmigración irregular llegaba a España desde Marruecos. Parte de ella atravesando las fronteras de las ciudades de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa norte de África y parte en “pateras”, unas frágiles embarcaciones con las que cruzan el Mar Mediterráneo a la altura del Estrecho de Gibraltar.

 

   Ahora el porcentaje se invirtió y el 80 por ciento arriba a Canarias. Dos hechos influyeron para ello: la instalación por España de dobles alambradas de tres metros y medio de altura en las fronteras de Ceuta y Melilla, con vigilancia electrónica y policial y un acuerdo con Marruecos por el cual todo marroquí que llegue a España sin la documentación pertinente puede ser repatriado de inmediato.

 

   Según fuentes policiales españolas, ante la nueva situación las bandas o mafias organizadas para lucrar con el traslado irregular de inmigrantes se dedican a atraer a africanos subsaharianos (no marroquíes), les cobran un dinero,  los llevan hasta las costas canarias y allí los abandonan. Marruecos no los acepta de vuelta porque no son marroquíes y con sus países de origen España carece de acuerdos de repatriación, por lo cual se quedan en Canarias.

 

    

      El gobierno del PP, presidido por José María Aznar,  ha manifestado su intención de promover la distribución por toda España de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias.

 

   Al mismo tiempo, dijo que impulsará la reforma de la Ley de Extranjería, para entornar más la puerta de entrada por sus fronteras. Pero eso no lograría evitar la llegada irregular, como la que se está produciendo en las Canarias.

 

   Por eso, Pujol cita al premio Goncourt, Tahar Ben Jelloun, para afirmar que la mejor ley de extranjería, la más antirracista, sería que España y otros países europeos invirtieran más en África y crearan empleos allí.

 

   En términos similares se pronunciaron este miércoles Soria y Rodríguez Ibarra, señalando que la crisis económica y social y el subdesarrollo son las causas que desesperan y empujan a los africanos a intentar llegar a Europa como sea, perdiendo en muchos casos la vida en el intento, al naufragar las embarcaciones e las que son trasladados.

 

   Los tres políticos coinciden, también, en la necesidad que tiene España de recibir inmigrantes para trabajar en labores en las que escasea mano de obra española, como en los sectores de la construcción, la agricultura y la ganadería.

 

   Otro punto de coincidencia entre ellos es que se deben asegurar a los inmigrantes una vivienda digna, asistencia sanitaria, escolaridad para sus hijos y el pleno goce de los derechos ciudadanos, incluyendo los de expresión y los sindicales.

 

   Por otro lado, las organizaciones humanitarias y no gubernamentales de acogida a los inmigrantes, alertan contra el surgimiento de brotes racistas y reclaman que no se modifique la ley de extranjería.

 

   Al mismo tiempo, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (centrales sindicales mayoritarias), exigen que se respete a los inmigrantes y que se combata la contratación clandestina de ellos, violando sus derechos laborales. (Madrid, 7-6-2001)

 

 

 

 

ESPAÑA: Sólo el desarrollo de África puede frenar la inmigración irregular

 

Por Tito Drago

 

Madrid, 7 jun (IPS)  Sólo el desarrollo económico y social de África, al que deben apoyar con firmeza los gobiernos europeos, puede frenar la inmigración irregular a Europa, coinciden en afirmar políticos españoles de los partidos mayoritarios y que compiten entre sí por el gobierno de este país.

 

   Así lo expresaron José Manuel Soria, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, zona que acusa un aumento sustancial de emigración irregular, Jordi Pujol y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidentes de las comunidades autónomas de Cataluña y Extremadura, respectivamente.

 

   Soria es presidente del centroderechista Partido Popular (PP) en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, un archipiélago ubicado frente a la costa noroccidental de África. Pujol es el líder del nacionalismo catalán y presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

   Rodríguez Ibarra es presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, región agropecuaria que limita con Portugal y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) extremeño.

 

   Extremadura y Cataluña demandan mano de obra extranjera para las tareas rurales, en tanto que Canarias está viendo desbordada su capacidad de asimilación de inmigrantes, la mayoría de los cuales arriban a sus costas en frágiles embarcaciones, sin visados ni documentos de identidad.

 

   Hasta fines de 1999 el 80 por ciento de la inmigración irregular llegaba a España desde Marruecos. Parte de ella atravesando las fronteras de las ciudades de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa norte de África y parte en “pateras”, unas frágiles embarcaciones con las que cruzan el Mar Mediterráneo a la altura del Estrecho de Gibraltar.

 

   Ahora el porcentaje se invirtió y el 80 por ciento arriba a Canarias. Dos hechos influyeron para ello: la instalación por España de dobles alambradas de tres metros y medio de altura en las fronteras de Ceuta y Melilla, con vigilancia electrónica y policial y un acuerdo con Marruecos por el cual todo marroquí que llegue a España sin la documentación pertinente puede ser repatriado de inmediato.

 

   Según fuentes policiales españolas, ante la nueva situación las bandas o mafias organizadas para lucrar con el traslado irregular de inmigrantes se dedican a atraer a africanos subsaharianos (no marroquíes), les cobran un dinero,  los llevan hasta las costas canarias y allí los abandonan. Marruecos no los acepta de vuelta porque no son marroquíes y con sus países de origen España carece de acuerdos de repatriación, por lo cual se quedan en Canarias.

 

    

      El gobierno del PP, presidido por José María Aznar,  ha manifestado su intención de promover la distribución por toda España de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias.

 

   Al mismo tiempo, dijo que impulsará la reforma de la Ley de Extranjería, para entornar más la puerta de entrada por sus fronteras. Pero eso no lograría evitar la llegada irregular, como la que se está produciendo en las Canarias.

 

   Por eso, Pujol cita al premio Goncourt, Tahar Ben Jelloun, para afirmar que la mejor ley de extranjería, la más antirracista, sería que España y otros países europeos invirtieran más en África y crearan empleos allí.

 

   En términos similares se pronunciaron este miércoles Soria y Rodríguez Ibarra, señalando que la crisis económica y social y el subdesarrollo son las causas que desesperan y empujan a los africanos a intentar llegar a Europa como sea, perdiendo en muchos casos la vida en el intento, al naufragar las embarcaciones e las que son trasladados.

 

   Los tres políticos coinciden, también, en la necesidad que tiene España de recibir inmigrantes para trabajar en labores en las que escasea mano de obra española, como en los sectores de la construcción, la agricultura y la ganadería.

 

   Otro punto de coincidencia entre ellos es que se deben asegurar a los inmigrantes una vivienda digna, asistencia sanitaria, escolaridad para sus hijos y el pleno goce de los derechos ciudadanos, incluyendo los de expresión y los sindicales.

 

   Por otro lado, las organizaciones humanitarias y no gubernamentales de acogida a los inmigrantes, alertan contra el surgimiento de brotes racistas y reclaman que no se modifique la ley de extranjería.

 

   Al mismo tiempo, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (centrales sindicales mayoritarias), exigen que se respete a los inmigrantes y que se combata la contratación clandestina de ellos, violando sus derechos laborales. (Madrid, 7-6-2001)

 Cinco países europeos iniciaron hoy el despliegue de barcos armados en el Mar Mediterráneo para impedir el ingreso a la Unión Europea (UE) de inmigrantes irregulares, acción que organismos de la sociedad civil consideran violatoria de los Derechos Humanos.

 

   Patrulleras de la Guardia Civil, policía militarizada española y barcos militares del Reino Unido, Francia, Portugal e Italia comenzaron así a ejecutar la Operación Ulises, considerada la primera iniciativa europea contra la inmigración irregular.

 

   “Esa acción es violatoria de los derechos humanos, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas establece como uno de ellos el de la libre circulación de las personas”, dijo a IPS Francisco José Alonso Rodríguez, presidente de la Liga Española pro-Derechos Humanos.

 

   La dirigente y diputada Consuelo Rumi, responsable de Inmigración en el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señaló a IPS que ese patrullaje es el embrión de una policía paneuropea, cuya creación y desarrollo esa fuerza política apoya.

 

   Sin embargo, añadió, es un error creer que con esas acciones de patrullaje se acabará con la inmigración irregular. Lo que hay que hacer, concluyó  “es trabajar en los países de origen con una verdadera política de cooperación para el desarrollo, para que el hambre y la desesperación no impulse a la gente a abandonar su tierra”.

 

   Zorha Elguenuri, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Marroquíes, primero aclaró que no le parece correcto que muera gente en el mar, aludiendo al periódico zozobraje de frágiles embarcaciones, con la muerte de inmigrantes que en ellas son trasladados a costas españolas.

 

   Pero, añadió, hay que regular la entrada de personas de manera que cuando alguien quiera venir a Europa pueda hacerlo. Al preguntarle IPS si considera que en este continente hay lugar para muchos más inmigrantes, respondió: “Cada persona encuentra su lugar y hay que respetar el derecho universal a la libre circulación”.

 

   Para el presidente de la Federación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, el operativo es una tentativa de “poner puertas al campo” que no atiende a la raíz de fondo del problema.

 

   El reconocido jurista puntualizó a IPS que los responsables de esas acciones creen en  “la Europa fortaleza”, es decir en la posibilidad de que se mantenga una isla de bienestar (Europa) rodeada de países con epidemias de hambre y subdesarrollo, lo que es imposible.

 

   Añadió que hay que atacar las causas, liberando efectivamente el comercio para que ingresen a Europa mercancías de esos países y cooperando “de verdad” al desarrollo. Pero mientras ese desarrollo se produce, terminó, hay que respetar el derecho a la inmigración.

 

   El inicio de la Operación Ulises fue presidido por el ministro del Interior, Ángel Acebes y se realizó en Palma de Mallorca, capital del archipiélago de las Islas Baleares, ubicado frente a la costa norte del Mar Mediterráneo.

 

    Un portavoz del ministro dijo que el control marítimo de fronteras tiene como objetivo “luchar contra la inmigración ilegal y combatir a las mafias que trafican con seres humanos”. Y, también, prestar auxilios humanitarios en casos de naufragio.

    La Operación tendrá su puesto de mando en Algeciras, ciudad-puerto española ubicada en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. Grecia, Noruega, Holanda, Alemania, Polonia y Austria destacaron observadores, que también tendrán su sede allí.

   Hasta el ocho de febrero el patrullaje se realizará sólo en el Mediterráneo. Desde el nueve se extenderá también a las aguas del Océano Atlántico, en torno a las españolas Islas Canarias.

   Las embarcaciones, entre las que hay corbetas y patrulleras, establecerán un “rectángulo-filtro”, según la definición de Acebes, de seis millas de anchura y tanta longitud como resulte de multiplicar 12 millas por el número de embarcaciones participantes en los itinerarios migratorios. Así, afirmó, se identificará y detectará a cualquier barco que pretenda pasar ese filtro, ya que doce millas es el alcance de los radares con los que están equipadas las embarcaciones que participan en el patrullaje.

   Esta iniciativa se gestó en el primer semestre de 2002, durante la presidencia española de la UE, cuando se propuso impulsar decididamente la cooperación de los Quince en las áreas de Justicia e Interior para crear un espacio de seguridad común.

   España elaboró y presentó el proyecto Ulises ante el Comité Estratégico de Fronteras, Inmigración y Asilo, el que fue aprobado el 26 de septiembre y al que se unieron, como participantes u observadores, los demás países de la UE. (Madrid, 28-1-2003)

Página 4 de 9