El Defensor del Pueblo se unió hoy a la Iglesia Católica en la demanda para que el Gobierno otorgue permisos de residencia y exención de visados a los inmigrantes que ya están en España y por lo tanto renuncie a expulsarlos.

 

   Un número indeterminado de inmigrantes, en una cifra que según las fuentes oscila entre cien y doscientas mil personas, están en España sin visa consular de entrada ni permiso de residencia.

 

   Según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999, a partir de enero de este año quienes se encontrasen en esa situación deben abandonar España. En el caso de los ecuatorianos el Gobierno ofreció pagar el viaje de ida y vuelta a quienes se encontrasen en situación irregular –que el gobierno califica de ilegal--, para que gestionasen su visa en el consulado español.

 

   La Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, haciéndose eco de la demanda de las dos centrales sindicales mayoritarias y de organizaciones humanitarias, se dirigieron al Gobierno planteando que se debe conceder el permiso de residencia a quienes ya están en España y, por lo tanto, renunciar a expulsarlos hacia sus países de origen.

 

   Múgica, un veterano dirigente socialista designado para el cargo por propuesta del presidente del Gobierno, el centroderechista José María Aznar y con los votos de casi la totalidad de los parlamentarios, dirigió este jueves una nota a aquél, precisando su posición.

 

   En primer lugar le solicita que se permita la normalización de su estancia en España a la práctica totalidad de los afectados. El Gobierno, dice, debería actuar “con los criterios más amplios y flexibles”,  sin esperar a que se apruebe un reglamento general de la Ley de Inmigración.

 

   Esa amplitud, añade, debe aplicarse considerando la existencia de núcleos familiares entre los inmigrantes y que se tengan en cuenta razones humanitarias como las situaciones de penuria económica y dificultad material en los países de origen.

 

   Pero, sobre todo, subraya “que en todos los casos en los que pueda acreditarse la voluntad del inmigrante para obtener la regularización, y la no comisión de actividades ilegales, no se someta a los mismos a procesos de expulsión”.

 

   El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, al reclamar al Gobierno que haga todos los esfuerzos para regularizar a los inmigrantes, se refirió a la difícil situación de éstos.

 

   “Un número importante de inmigrantes sin papeles no existen oficialmente, son invisibles en el plano legal, están indocumentados y, en buena medida, están condenados al paro, a la marginalidad y a la delincuencia”, dijo Asenjo.

 

   La advertencia se refiere a que los empresarios dejaron de contratar a los inmigrantes sin visa y permiso de trabajo, por temor a ser sancionados con fuertes multas.

 

    Los sindicatos y las organizaciones humanitarias reclaman que, además, se modifique la Ley de Extranjería. La coalición Izquierda Unida, tercera fuerza electoral, envió documentación y una nota al Defensor del Pueblo Europeo planteando que esa ley es inconstitucional.

 

   En España, los gobiernos de dos de las 17 comunidades autónomas que integran el país, los de Aragón y Baleares, ambos con mayoría socialista, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

 

   Pero la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha pronunciado en contra de que se presenten esos recursos, una posición que podría cambiar como consecuencia de un escándalo estallado en Andalucía y que este jueves ha puesto a ese partido contra las cuerdas.

 

   Este jueves el vicepresidente del parlamento andaluz, Rafael Centeno, del PSOE, puso sus cargos a disposición de su partido tras reconocer que fue el autor de un comentario xenófobo en plena cámara.

 

   El siete de febrero un cámara de Radio Televisión Española grabó las palabras: “Los moros, que se vayan a Marruecos, que es donde tienen que estar”, aludiendo a los marroquíes que en el lenguaje coloquial y a menudo despectivo son llamados “moros”.

 

   La cámara no alcanzó a registrar la imagen y en al trascender el sonido los socialistas, incluyendo a Centeno, acusaron al parlamentario del gobernante Partido Popular (PP), Matías Conde, de ser el autor de la frase, cosa que éste negó.

 

   Este jueves Centeno compareció ante los periodistas y reconoció ser el autor de la frase, aunque aclaró que fue solo “una maldita broma”.

 

   Broma o no, el hecho puede empujar al PSOE a demostrar que no está a favor de la expulsión de los inmigrantes sin visa ni permiso de residencia.

 

   Mientras, Aznar dice una y otra vez que esa ley “es la más avanzada de Europa” y que permite un proceso ordenado para integrar a los inmigrantes. Y su Gobierno prepara un reglamento que endurece incluso lo establecido en la ley, según un borrador publicado hoy por el diario El País y que, para la responsable de Política Migratoria del PSOE, Consuelo Rumí, demuestra un empecinamiento “en un control arbitrario de los flujos migratorios”. (Madrid, 15-2-2000)

Una previsible y restrictiva reforma de la ley de extranjería vigente en España, está teniendo como efecto inmediato un aumento de la inmigración irregular, salpicada de naufragios y muertes en las costas del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

 

    La vigente ley fue aprobada en diciembre de 1999, en lo que constituyó una dura derrota del gobierno encabezado por el centroderechista José María Aznar. Pero, tras las elecciones del 12 de marzo, éste cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento y desde su Partido Popular (PP) anuncian la decisión de modificar la ley, para evitar lo que califican de “efecto llamada”.

 

    Luisa Fernanda Rudi, recién elegida presidente del Congreso de los Diputados, admitió públicamente que ese tema está en su agenda.

 

   En el último fin de semana la llegada de inmigrantes irregulares, o sea sin contar con visados para entrar a España, se ha visto envuelta en nubes de tragedia, con naufragios y muertes.

 

   Entre éstas, conmovieron a la opinión pública el caso de dos mujeres embarazadas, que murieron al llegar a la costa, así como el de dos jóvenes que perecieron asfixiados por los vapores tóxicos emanados de las mercaderías transportadas en el camión en el que se ocultaron para burlar a la aduana.

 

   Esos casos llamaron la atención por sus características, pero ya la muerte de quienes llegan en pateras (embarcaciones frágiles) a las costas españolas no constituye noticia de primera plana.

 

    Tampoco que  centenares de inmigrantes siguen intentando llegar antes de que se modifique la ley. Solo por las costas de las islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental de África, en la primer quincena de abril ingresaron 286 personas sin visados.

 

   Con el texto legal vigente, los inmigrantes que ya residen en España pero carecen del reconocimiento de la administración, están regularizando su situación y al hacerlo pueden gozar de los derechos ciudadanos de expresión, libertad de asociación y seguridad social.  

 

   Asimismo, tienen más facilidades para hacerlo los extranjeros que deseen trasladarse a España para trabajar en este país, por lo general en tareas que no desean cumplir los españoles, como las de los sectores agrario y de la construcción.

 

   Un aspecto importante es que desde la entrada en vigor de la ley, a principios de este año, quienes arriben a territorio español, por cualquier medio que sea, no pueden ser expulsados de inmediato, sino que tienen el derecho a apelar a la justicia.

 

   En 1999 fueron devueltos a sus países 23.840 inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad marroquí.

 

     La ley vigente reemplazó a una de 1985 y, según las organizaciones sindicales y sociales, representa un gran avance en relación con aquella, aprobada por el entonces gobernante y hoy opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

 

    Cuando se aprobó la nueva ley, Luis de Grandes, portavoz parlamentario del PP entonces y ahora, aseguró que ese día no se derrotó al gobierno, sino a España, “en una materia en la que se ponen intereses vitales del Estado en juego”.

 

      A esos intereses se refieren otros políticos, pero con una orientación distinta. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, socialista y presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es partidario de mantener la ley y de apoyar a los inmigrantes.

 

   Extremadura es una región rural, en la que trabajan miles de inmigrantes, que cuentan con el apoyo del gobierno regional a efectos de contar con vivienda, atención sanitaria y educación para sus hijos.

 

   El extremo opuesto se verifica en el Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, gobernado por el PP, donde se vive una tensa situación, después de que se produjeran a fines del año pasado serios incidentes racistas. En ese municipio, los inmigrantes viven aislados, en “chabolas” (viviendas de emergencia, tipo villas miseria, cantegriles, poblaciones o favelas).

 

   El anuncio de que se modificará la Ley, el trabajo de bandas organizadas que, en gran medida, engañan a quienes ofrecen un fácil traslado desde África a España y la desesperación por encontrar una salida a situaciones de pobreza extrema, más la llegada del verano, permiten prever que la presión inmigratoria se incrementará en los próximos meses.

 

   Y con ella, su efecto colateral y dramático de naufragios y muertes a las puertas de un futuro soñado. (Madrid, 17-4-2002)

 Los inmigrantes se encuentran ante la mafia, la represión y una dura ley, en España, cuyo Gobierno parece olvidar que de este país millones de emigrantes partieron hacia otras tierras durante siglos.

 

   Un vasto operativo policial logró hoy desbaratar a una banda que introducía inmigrantes de manera irregular en España y detuvo a cuatro españoles, uno de los cuales tiene antecedentes policiales por tráfico de drogas ilegales y de seres humanos.

 

    La banda disponía de una casa-pensión en la costa mediterránea de Marruecos, donde alojaba a los interesados en emigrar a España. Una vez que se completaba una cantidad adecuada para su traslado (unas 30 personas) las cargaban en un yate deportivo o en una lancha rápida, a motor.

 

   Este sistema se diferencia del tradicional traslado por el mar Mediterráneo en embarcaciones de menor calado y calidad. Los emigrantes eran desembarcados por esta banda en lujosos puertos deportivos de la costa andaluza y desde allí trasladados por carretera hasta Cataluña, región ubicada también sobre la ribera del Mar Mediterráneo.

 

    Cada emigrante debía abonar cinco mil dólares por el traslado, sin recibir ninguna documentación y quedando librado a su propia suerte una vez llegado a Cataluña.

 

   Pero no sólo las mafias están contra los inmigrantes. También encuentran problemas –ilegales y legales- con la policía y el gobernante y centroderechista Partido Popular (PP).

 

   Un ejemplo de la actuación ilegal lo dio el policía José Manuel F.B., de 45 años, procesado desde principios de este mes por exigir dinero a inmigrantes a cambio de no expulsarlos del país, cuando llegan al aeropuerto de Madrid-Barajas.

 

   En el mismo sentido, pero actuando dentro de la ley, procede el Gobierno, que ha dispuesto el gasto de 175 millones de dólares, para blindar la frontera con Marruecos, en las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla.

 

   En esos dos enclaves españoles se instalarán radares de larga distancia, cámaras térmicas, visores nocturnos, rayos infrarrojos y helicópteros, para detectar a las embarcaciones que transportan a inmigrantes irregulares. Esto, además de lo ya gastado para la construcción de alambradas de pues y eléctricas, con vigilancia electrónica.

 

   Por otro lado, el partido gobernante y el Gobierno encabezado por José María Aznar están presentando todo tipo de inconvenientes para la aprobación de una nueva Ley de Extranjería, que sería menos rígida que la actual. Su actitud ha sido calificada de “filibusterismo” por Convergencia y Unión (CiU), la coalición del nacionalismo catalán moderado, con cuyo apoyo Aznar fue designado Presidente del Consejo de Ministros.

 

   Carles Campuzano, ponente de CiU en la elaboración de la nueva ley, dijo que la posición gubernamental “alienta el discurso de la extrema derecha xenófoba, por suerte minoritaria”.

 

   En la misma línea se pronunció la organización no gubernamental SOS Racismo, que sostiene que los pronunciamientos del gobierno pueden provocar más brotes racistas.

 

   Rosa Vives, portavoz de esa ONG, descalificó al portavoz gubernamental, el ministro Josep Piqué, por haber afirmado que “una ley más progresista no se puede aprobar porque sería aumentar el racismo social”. Esas declaraciones, explicó Vives, al repetirse una y otra vez llevan a la sociedad la visión de que la inmigración es negativa.

 

   El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que cuando fue gobierno (1983-96) se opuso a una ley similar al proyecto que se está tratando, ahora lo apoya. También lo apoya la tercera fuerza política, Izquierda Unida (IU, basada en el partido Comunista).

 

   Además de por el Mediterráneo, los inmigrantes irregulares ingresan cruzando el Atlántico, desde la costa noroccidental de África hasta las islas Canarias. Según datos de la Cruz Roja y de la Guardia Civil, en las playas del Sahara Occidental un millar y medio de personas aguardan para cruzar hasta Canarias, sin documentos ni visados.

 

   La Cruz Roja tiene registrado el paso de 2.200 inmigrantes sin papeles, desde África hasta el municipio de Tuineje, en Canarias, informó el diario madrileño El País. Allí, en una noche llegaron 130 inmigrantes, 90 de los cuales fueron alojados en una celda con capacidad para 30, lo que originó un conato de motín, según el sindicato Unión Federal de Policía.

 

   Esos traslados irregulares, en embarcaciones que en su mayoría carecen de seguridad para atravesar mares, suelen terminar con la muerte de los inmigrantes. Pero la vida de éstos suele acabar también en los barcos a los que se suben en calidad de polizones.

 

   Por ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pidió que se investigue si algunos mercantes se deshacen de sus polizones antes de arribar a puerto, para ahorrarse problemas con las autoridades europeas, las españolas entre ellas. (Madrid, 24-11-2003)

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