Los inmigrantes argentinos irregulares están más cerca de tener permiso de residencia y trabajo en España, mientras otros, como los ecuatorianos, magrebíes y subsaharianos continúan sujetos a trabajar sin contratos y con amenazas de expulsión, que a menudo se concretan.

 

   Los cancilleres de la Argentina, Rafael Bielsa y de España, Miguel Ángel Moratinos, se reunieron este martes en la capital española y acordaron crear un grupo de trabajo que estudiará la situación de los argentinos en situación irregular “para prestarles oído”, según dijo el primero en la rueda de prensa que ofrecieron conjuntamente.

 

   El grupo estará integrado por diplomáticos y representantes de las siete organizaciones de inmigrantes argentinos que hay en España y que también se reunieron con Bielsa. El ministro argentino informó de que el ministerio del Interior de su país continuará elaborando a través de Internet un censo de inmigrantes, en el que ya se anotaron unos 15.000 de los cien mil que existen, según cifras de las organizaciones no gubernamentales.

 

   Pero el acuerdo ha sido recibido con ciertas reticencias. Miguel González, secretario general de “Ecuador Llactacaru” (Ecuador Tierra Distante, en la lengua indígena ecuatoriana kichwa) dijo a IPS que no cabe hacer diferencias según la nacionalidad de los trabajadores inmigrantes, sino que se les tienen que reconocer sus derechos a todos.

 

   González subrayó que en este país hay más de un millón de inmigrantes que carecen de papeles y son “ciudadanos irregulares, sin derechos, desprotegidos, que viven en un apartheid jurídico”. No obstante, consideró positivo que se avance con los argentinos, “pero que no se olvide ni se margine a los demás”.

 

   Asimismo, añadió, es incorrecto hablar del “efecto llamada” o sea que si se regularizase a todos los que ya están en España eso incitaría a que vengan más. Porque, finalizó, “venimos aquí porque hay trabajo, porque necesitan mano de obra y porque nosotros queremos trabajar”.

 

   Fuentes de la Cancillería española señalaron a IPS que lo importante sería llegar a un pacto de Estado, apoyado por todos los partidos políticos de este país, para atender como objetivo prioritario la situación de los inmigrantes en general y no solamente de los argentinos. Pero no anticipó cual podría ser el contenido de ese pacto.

 

   El jurista y defensor de los derechos humanos Carlos Slepoy, exiliado durante la última dictadura argentina (1976-83) manifestó a IPS que la Argentina y España deben aplicar los tratados internacionales vigentes que garantizan el derecho de sus ciudadanos a trabajar en el otro y respectivamente. Además, subrayó que es innecesario el censo porque deja fuera a quienes no se inscriban por prevención, temores o falta de información y que “todos tienen derecho a que se regularice su situación”.

 

   Un cierto grado de ambigüedad en el acuerdo logrado este martes se refleja en las declaraciones de Moratinos, quien dijo: “Sensibles a la situación de los argentinos, hemos creado un grupo de trabajo para acelerar el estudio de los problemas eventuales que puedan surgir en esta cuestión". También afirmó que un objetivo prioritario del Gobierno instalado hace dos meses es “ordenar la inmigración y plantear un pacto de estado”.

 

   La cautela del Gobierno español en gran medida se debe a que está obligado a respetar los acuerdos sobre inmigración de la Unión Europea, sin dejar de lado los tratados firmados con la Argentina y que en algunos aspectos son contradictorios.

 

   El mismo Bielsa tampoco fue muy explícito, al afirmar que "Nadie conoce mejor su desgracia que quien la padece. Hay muchos inmigrantes en situación irregular que no la pasan bien, y creo que prestarles oído a su vida cotidiana sería razonable e inteligente". En todo caso dejó clara su opinión y la posición del Gobierno argentino de que el tema no debe seguir tratándose por teléfono y que el grupo de trabajo debe tener funciones ejecutivas, en especial para atender los casos de detenciones o posibles amenazas de expulsión para quienes carezcan de permiso de residencia.

   
   En todo caso, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya decidió dejar de lado la rígida reglamentación elaborada por el de su antecesor, José María Aznar, al disponer que se estudien fórmulas para presentar los contratos de trabajo haciendo los trámites en España, en vez de verse obligados a hacer los mismos en su país de origen.

 

   Por último y en presencia de Bielsa, Moratinos señaló que su gobierno “está dispuesto a ayudar a todas estas personas (los inmigrantes) que trabajan y contribuyen al esfuerzo de desarrollo social y económico en España".

 

   La llegada de inmigrantes a España tiene una curva ascendente, ya que en los últimos cinco años se cuadruplicó la cantidad, al pasar de 637.085 en 1998 a 2.664.168 en 2003, contando a los que tienen papeles y a los que no. En este momento, de acuerdo a cifras del oficial Instituto Nacional de Estadísticas hechas públicas este jueves los inmigrantes representan el 6,2 por ciento de la población española.

 

   Los inmigrantes ecuatorianos representan el 14,6 por ciento del total, seguidos de los marroquíes con 14,2 por ciento. Entre los provenientes de esos dos países y los colombianos suman el 40 por ciento del total. Según el INE se incrementó de manera importante la cantidad de argentinos, rumanos y búlgaros, pero sin influir de manera importante en el total.

 

   Otro estudio, de la Fundación de las Cajas de Ahorros, indica que en diez años más los extranjeros residentes en España totalizaron once millones de personas, con lo cual una cuarta parte de la población en 2015 será inmigrante. Además está el crecimiento familiar, ya que el 75 por ciento de los nacimientos registrados en 2003 fueron hijos de inmigrantes.  (Madrid, 15-6-2004)

 La próxima semana será crucial para los inmigrantes en España, pues en ella se decidirá si el Gobierno acepta modificar la ley de extranjería o si la oposición recurrirá ante el Tribunal Constitucional para invalidarla.

 

   El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, dijo este viernes que la Ley no será modificada y entregó a los grupos parlamentarios el borrador del reglamento para su aplicación. Asimismo anticipó que el lunes lo entregará a los sindicatos y a organizaciones empresariales y no gubernamentales.

 

   Mientras el vicepresidente hacía esas declaraciones, grupos de inmigrantes llegaban a las afueras de Madrid, provenientes de varias provincias, para concentrarse y manifestarse en la capital del reino el domingo, en demanda de que se reconozcan sus derechos y se regularice su permanencia en España.

 

   Dos aspectos dividen al Gobierno por un lado y a la oposición y las organizaciones humanitarias por el otro: el reconocimiento de los derechos ciudadanos para los inmigrantes y la regularización de aquellos que ya están en España y que carecen de permiso de residencia y de trabajo.

 

     Un número indeterminado de inmigrantes, en una cifra que según las fuentes consultadas oscila entre cien y doscientas mil personas, están en España sin visa consular de entrada ni permiso de residencia lo que, a su vez, les impide tener autorización para ser contratados laboralmente.

 

   Según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999, a partir de enero de este año quienes se encontrasen en esa situación debían abandonar el país. En el caso de los ecuatorianos el Gobierno ofreció pagar el viaje de ida y vuelta a quienes se encontrasen en situación irregular –que el gobierno califica de ilegal--, para que gestionasen su visa en el consulado español.

 

   Unas 1.200 personas ya regresaron a Ecuador para tramitar esos papeles, según el canciller ecuatoriano, Heinz Möller. Pero, añadió en declaraciones al madrileño diario El País, el problema no está en los ocho o diez mil que pueden regresar para hacer ese trámite, sino en los no inscriptos.

 

   Esos no inscriptos, “ilegales” para el gobierno español y “sin papeles” o “irregulares” para las organizaciones humanitarias, podrían ser de 50.000 a 60.000 cabezas de familia, dijo Möller basándose en fuentes del ministerio del Interior de España.

 

   La Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Enrique Múgica, las dos centrales sindicales mayoritarias y decenas de organizaciones humanitarias, se dirigieron reiteradamente al Gobierno planteando que se debe conceder el permiso de residencia a quienes ya están en España y, por lo tanto, renunciar a expulsarlos hacia sus países de origen.

 

   Además, reclaman que se reconozcan a esos inmigrantes los derechos de asociación, reunión, huelga y manifestación.

 

   La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está dispuesta a presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, si el Gobierno no cede antes del viernes 23, último plazo para poder efectuar esa presentación.

 

   Desde un punto de vista técnico, el Gobierno puede acceder a esas demandas sin modificar literalmente la ley, mediante su reglamento de aplicación.

 

   A esa circunstancia se refirió el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, al afirmar este viernes que “la ley es inaplicable, e incluso niega derechos que el Gobierno reconoce en la práctica”. Entre esos derechos están los de manifestación que, por ejemplo, están ejerciendo los que marchan sobre Madrid este fin de semana.

 

   Mientras la polémica sigue, otros hechos relacionados con la inmigración conmueven a la opinión pública. Este viernes la policía costera recogió el cadáver de un iraquí en las costas del mar Mediterráneo, frente a la ciudad de Melilla, un enclave español en el norte de África.

 

   Al mismo tiempo la policía detuvo a otros cinco iraquíes, que viajaban con el fallecido y que junto con él fueron arrojados por la borda de un buque que los transportaba. Fuentes policiales sostienen que fueron víctimas de una banda organizada que trafica ilegalmente con personas y que los arrojaron al mar por temor a ser descubiertos.

 

   En la otra orilla del mar Mediterráneo, en un pueblo de la provincia de Murcia, fueron detenidos ocho jóvenes que el viernes anterior incendiaron con gasolina una nave (galpón) usada como residencia por inmigrantes y golpearon con cadenas y bates de béisbol a un ecuatoriano y a un búlgaro. ((Madrid, 16-3-2003)

Con muertos o vivos, desaparecidos o presos, las oleadas de inmigrantes siguen llegando a las costas españolas, en las que este jueves fueron encontrados cinco cadáveres tras naufragar la frágil embarcación en la que los cinco se trasladaban junto a otras 35 personas, todas indocumentadas.

  Fuentes gubernamentales informaron de que los hechos ocurrieron en las costas de Tarifa, en la orilla norte del Mar Mediterráneo y en las proximidades del estrecho de Gibraltar.

  En los últimos cinco años más de 4.000 inmigrantes perdieron la vida en aguas españolas, según la Asociación de Trabajadores de Inmigrantes Marroquíes (ATIME). El ministerio del Interior de España disminuye esa cifra en aproximadamente un centenar, pues no incluye en sus estadísticas a los fallecidos en las vecinas aguas marroquíes ni a los desaparecidos tras naufragar las barcas.

 

   Los cinco fallecidos no fueron identificados, por carecer de documentos de identidad y sus acompañantes no aportar informaciones al respecto.

 

   La mayoría de las muertes de inmigrantes se producen al naufragar las frágiles embarcaciones en las que son trasladados, aunque también se producen otro tipo de accidentes. Entre estos se recuerda que el 19 de agosto cuatro jóvenes marroquíes murieron en el interior de un camión frigorífico.

 

   Los cuatro partieron ocultos en el vehículo desde Casablanca, ciudad marroquí ubicada sobre el litoral Atlántico, desembarcaron en el sur de España, cruzaron todo su territorio y fueron hallados muertos por el conductor del camión en las cercanías de San Sebastián, ciudad ubicada en el noreste de este país.  

 

   Este jueves también falleció otro inmigrante, el cuarto desde que el viernes se incendió una comisaría en Málaga, también en el suroeste de España, donde los cuatro se encontraban detenidos junto a otros diez, entre ellos uno acusado de ser un traficante de seres humanos.

 

   El incendio, según fuentes policiales, fue provocado por uno de los detenidos, Patrick Arhaban, quien tenía ya una orden de captura bajo la acusación de traficar ilegalmente con inmigrantes.

 

   José Luis Rodríguez, letrado de la organización no gubernamental Málaga Acoge, se ofreció para prestar asistencia jurídica a los detenidos y, en especial, para aclarar porque los inmigrantes fueron recluidos en una celda junto con dos personas, Arhaban y el patrón de la barca, Abdel Abderramán, quien también tenía una orden de captura en su contra.

    Este episodio desató una serie de protestas y exigencias de investigación. En primer lugar porque los inmigrantes fueron recluidos en una comisaría cuando la ley determina que deben ser llevados a un centro de acogida, destino de quienes ingresan a España sin papeles de identidad.

   “A los marroquíes detenidos se los trata peor que a los cerdos que se manda a un matadero”, dijo a IPS Mustafá El´Merabet, portavoz de la ATIME.

   En términos similares se pronunció José Chamizo, defensor del pueblo (ombudsman) de Andalucía, la región donde ocurrieron los hechos, quien señaló que lo ocurrido con los recluidos en la comisaría hace pensar que “como esas personas eran inmigrantes no importaba lo que pudieran hacer con ellos”.

   De acuerdo con la legislación vigente las personas que sean interceptadas antes de pisar tierra española o de traspasar sus puestos fronterizos pueden ser devueltas al lugar de origen antes de pasadas 72 horas. Durante ese plazo pueden ser retenidos en dependencias policías, pero una vez vencido el mismo deben quedar en libertad.

   En cambio aquellas personas que logren ingresar y carezcan de la visa correspondiente deben ser internadas en un centro de acogida, previa intervención de un juez y allí pueden permanecer hasta 40 días, plazo en el que deben ser expulsados del país. Esto último difícilmente se aplica con los subsaharianos porque la mayoría de los detenidos de esa procedencia se niegan a identificarse y declarar su nacionalidad. Además con la mayoría de esos países no existen tratados que permitan la expulsión.

   Durante la última semana fueron detenidos más de doscientos inmigrantes llegados de manera irregular a las costas españolas. En los dos últimos años los detenidos sobrepasaron la cantidad de 30.000.

   En un solo día, el martes, 102 inmigrantes y tres patrones de las cinco “pateras” en las que viajaban fueron detenidos en las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en el archipiélago de las Islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental de África.

   La mayoría de los detenidos procedían de Malí y Gambia, aunque también había de Ghana, Guinea Bissau, Mauritania y Guinea Conakry.  Las “pateras” son frágiles embarcaciones, llamadas así por su bajo calado y por ser tradicionalmente utilizadas en lagos para la caza de patos. (Madrid, 2-1-2003)

Página 2 de 9