La expulsión de 15 negros africanos esta semana de España y la explicación dada por las autoridades evidenciaron un sentimiento racista que se ejerce también contra gitanos y latinoamericanos.

 

Los negros africanos fueron expulsados por el gobierno civil de Barcelona (designado por el gobierno central y dependiente del Ministerio del Interior) después de haber sido detenidos en sus domicilios en la localidad de Maresme, conocida por el alto empleo de mano de obra africana en tareas agrícolas.

 

La causa formal de la expulsión fue que se encontraban indocumentados, sin contrato de trabajo ni perspectiva de tenerlo y sin ningún medio de vida conocido. El Secretario del Gobernador Civil, Pepe Navarro, amplió esas explicaciones.

 

Navarro dijo que la redada realizada por la Guardia Civil (policía rural militarizada) siguió a varias denuncias sobre algunos pisos habitados por africanos en los que faltaban «las mínimas condiciones sanitarias, de higiene y salubridad».

 

El funcionario añadió que después de allanados los pisos «se comprobó el estado de degradación de los mismos, hasta el punto que amenazaban en convertirse en focos de marginación». La solución aplicada fue expulsar a los 15 trabajadores negros, cifra que fuentes de la Colonia Africana del Maresme elevan a 40.

 

Cuando el cuatro de este mes se celebró en España la Jornada de las Migraciones, el Arzobispo de Madrid, Angel Suquía, reflexionó en una exhortación pastoral sobre situaciones similares.

 

El Arzobispo expresó que en España «se encuentran decenas de miles de inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros en condiciones injustas e inhumanas», por lo que reclamó de las autoridades «una legislación justa, propia de un ordenamiento verdaderamente democrático que acabe con la marginación».

 

Esas condiciones infrahumanas se manifiestan, por ejemplo, con los gitanos de Madrid, quienes ocupan 93 por ciento de las chabolas (construcciones de emergencia sin servicios sanitarios) de la provincia.

 

En torno a este tipo de construcciones se suceden movilizaciones de los demás vecinos, quienes solicitan su erradicación y que en algunos casos llevaron a fuertes enfrentamientos con los gitanos y con las fuerzas de orden público.

 

Un estudio publicado por el matutino madrileño «El País» acerca de los «sudacas» (expresión peyorativa acuñada en España para referirse a los latinoamericanos) en el cine español muestra cómo la discriminación ha sido reflejada en el celuloide.

 

Una docena de películas rodadas en los últimos años en España incluyeron personajes latinoamericanos. En todos los casos, con alguna de las excepciones que confirman las reglas, los «sudacas» fueron «los malos de las películas».

 

En «La muerte de Mikel», un médico de izquierdas «sudaca» es presentado como capaz de delatar a su amigo vasco y a la organización con la que había colaborado.

 

Susana Alegretti y Carlos Iriart señalan en el estudio que en otras cinco películas los latinoamericanos tienen el denominador común de la arbitrariedad y la caricatura y «son personajes concebidos como depositarios de la perversión o trasgresión de la historia que se narra».

 

El ejemplo del «perjuicio acuñado en varios años de relación hispano-sudaca» es para los autores la argentina que ofrece el filme catalán «Salut I Forza al Canut», que se viste como bailarina de tango, maneja conceptos de pequeña burguesa intelectual y adopta maneras de «listilla de suburbio».

 

El racismo, la discriminación y la marginación de los extranjeros se manifiesta también con otras nacionalidades y aún en relación a quienes provienen de otras regiones españolas, pero se hace más evidente en los originarios de países del Tercer Mundo. Y cuando más oscura es su piel más grande es la marginación. (16 de noviembre de 1986)

Dos historias de inmigrantes, que atañen a un argelino y tres ecuatorianos, ilustran sobre el maltrato que éstos reciben en España, aunque hayan tenido un desenlace distinto.

 

   Dos mujeres, la esposa y la hija del ecuatoriano Luis Estrada, fueron reembarcadas de regreso a su país el 15 de noviembre, a pesar de cumplir las exigencias legales para ingresar como turistas.

 

   El argelino K. M., de 24 años de edad, después de trabajar sin el preceptivo permiso de trabajo, de ser contratado como “esclavo” y tratado como tal durante dos años y de perder un juicio ante los Tribunales, ha logrado finalmente la documentación que le permite residir y trabajar en España.

 

   La señora de Estrada y su hija de 15 años arribaron al aeropuerto de Madrid-Barajas, con sus pasaportes en regla, billetes de ida y vuelta y 1.250 dólares en efectivo para sus gastos de estadía.

 

   Los reglamentos para el ingreso de turistas de países ajenos a la Unión Europea exigen que éstos demuestren poder regresar a sus países y disponer de dinero que cubra su estadía en España.

 

   Su intención, declararon, era visitar a su esposo y padre, también ecuatoriano, quien reside y trabaja en la sureña provincia andaluza de Almería, en las plantaciones de viñedos allí existentes, aunque todavía no recibió todos los papeles y certificados requeridos por las autoridades.

 

   Las dos fueron reembarcadas hacia Ecuador, sin que se les reconociera el derecho a apelar de la medida, administrativa ni judicialmente.

 

   La policía primero y la delegación del Gobierno en Madrid después, justificaron la expulsión afirmando que las mujeres no tenían reserva de hotel y que la esposa de Estrada estaba muy nerviosa. Además, destacaron que el trabajador no está aún regularizado en su carácter de tal y que su esposa reconoció que quería trabajar en España y que por eso la repatriaron junto con su hija.

 

   K. N., en  cambio, gracias a la intervención de la Asociación pro Derechos Humanos (APDH) logró regularizar su permanencia en España tras vivir durante tres años una historia propia de siglos anteriores.

 

   El joven argelino llegó a España en marzo de 1995 y solicitó asilo, el que fue rechazado siete meses después. Entre su ingreso al país y la notificación del rechazo estuvo a cargo de la Comisión Católica de Migración y trabajó como obrero de la construcción en la provincia de Guadalajara, en la compañía de un empresario local, Rafael Llorente.

 

    El empresario le ofreció un pre-contrato, requisito exigido por la Administración para iniciar el trámite de residencia. Aprovechando el desconocimiento de la realidad local de K.M., Llorente le hizo firmar un contrato, para que se desempeñara en tareas domésticas en su domicilio, “mientras se tramitaba la residencia”.

 

   En el contrato, que figura como prueba en un proceso judicial, se consigna que las dos partes “de acuerdo con el Derecho Romano”, establecen un contrato de esclavo. En el texto se consigna que el empleador puede disponer de K. M. “como tuviese a bien, para la flagelación o los trabajos forzados, la sodomía o para hacer la comida, teniendo bajo su jurisdicción la vida o la muerte del esclavo”.

 

   El comportamiento de Llorente y su socio fue en consonancia con el contrato, llamando “esclavo” al contratado, quien soportó la situación ante el temor de ser expulsado y esperando que se regularizara su situación.

 

   Al enterarse de ello la APDH presentó una denuncia ante la Justicia en Guadalajara y el 15 de julio último, ante la sorpresa general, la juez de la causa, Isabel Serrano Frías, absolvió a los acusados.

 

   En la sentencia, Serrano Frías atribuyó la relación entre los dos acusados y el inmigrante a las “características de una situación de agradecimiento” y que desde la firma del contrato los dos “empresarios” lo llamaban sistemáticamente “esclavo”.

 

   En el interín, K.M., apoyado por la APDH, regularizó su situación y obtuvo el permiso de residencia y trabajo. Ahora, se niega a recibir a la prensa e incluso a seguir el juicio pues, dice, “quiere rehacer su vida”.

 

   No obstante, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, resolvió apoyar la solicitud de la Fiscal de Guadalajara, Ángeles García, de recurrir la sentencia que, dijo, “hiere la sensibilidad más roma”.

 

   Ante la situación de los inmigrantes, la posición del Gobierno, expuesta por el Ministerio del Interior, es perseguir a las mafias que trafican con inmigrantes, aplicar con rigor las normas para el traspaso de las fronteras y favorecer la integración social de los ciudadanos de otros países que residan en España.

 

   Las organizaciones humanitarias señalan que España es el país con menos inmigrantes, un 1,2 por ciento sobre la población total, mientras que en otros países europeos supera el siete por ciento. Además, dicen, España no puede ni debe olvidar sus relaciones históricas, culturales y de familia con América Latina y los países árabes, hacia cuyos inmigrantes debería evidenciar un mejor trato. (IPS_Madrid, 23-11-1998)

A España llegan cada año, o intentan llegar, inmigrantes de primera, segunda y tercera clase, clasificados según la recepción, la vía de entrada o el costo que significa para cada aspirante.

 

   Hay una primera clase que es considerada de tan alto rango que ni siquiera se la clasifica entre los ´´inmigrantes´´: son magnates árabes o de la reconvertida Europa del Este que, de tan bien considerados que son, ni siquiera llegan a tener que pedir formalmente su residencia. Basta con sus inversiones en mansiones de lujo en la Costa Brava, sobre el Mar Mediterráneo y sus pérdidas millonarias en los casinos, para pasar las Aduanas sin ser molestados.

 

   Las penurias y dificultades quedan para quienes aspiran a entrar a España a trabajar, o a utilizarla como territorio de tránsito en su viaje hacia otros países europeos, también con la intención de ganarse la vida trabajando y poder enviar algún dinero a su familia, o ahorrar hasta poder traerla consigo.

 

   En un país con 40 millones de habitantes y 15 millones de personas en edad y condiciones de trabajar, los permisos de residencia legal y trabajo que otorga cada año su Gobierno apenas llegan a 25.000. En la Comunidad de Madrid, que alberga a la capital del Reino, para todo 1998 se concedieron sólo 4.473 permisos de trabajo, de los 17.536 solicitados. La casi totalidad de los otorgados son para trabajar de peones en la industria de la construcción o en el servicio doméstico.

 

   Esta minoría que recibe permisos de trabajo y residencia también puede ser considerada privilegiada, si se la compara con los inmigrantes irregulares, aquellos que llegan como polizones en barcos de carga y camiones, en aviones de pasajeros o en las tristemente célebres ´´pateras´´, unas frágiles embarcaciones con las que cruzan el estrecho de Gibraltar.

 

   La irregularidad consiste en carecer del visado o permiso de residencia. Las autoridades españolas califican de ilegalidad esa carencia, aunque los inmigrantes tengan todos sus papeles de identificación en orden. Las organizaciones humanitarias, como ´´S.O.S. Racismo´´, rechazan el calificativo de ´´ilegal´´. Esas organizaciones recuerdan, también, que hasta hace unos pocos años España regó de oleadas de inmigrantes a América y el resto de Europa.

 

   Un reportaje del matutino madrileño El Mundo ilustró sobre otra escala, que se establece entre los irregulares que parten desde el Norte de África. Desde la marroquí ciudad de Tánger, ubicada en el extremo noroccidental de África, se puede ver a simple vista la costa española. Allí, hacinados en camastros, durmiendo hasta diez personas en un cuarto de ocho metros cuadrados, los candidatos a cruzar esperan su turno.

 

     Un grupo de traficantes alquila esos camastros a los que pueden pagar. A los que no, los envían a los montes cercanos, en los que acampan a riesgo de ser descubiertos por las fuerzas de seguridad marroquíes. Entre los candidatos a cruzar el Estrecho hay muchos subsaharianos, mezclados con marroquíes, argelinos, tunecinos y saharauis.

 

   Aziz, uno de esos traficantes, confesó a El Mundo que la mayoría de los trasladados jamás han visto el mar y no saben nadar. Los dueños o encargados de las frágiles embarcaciones conocidas como pateras, cuando advierten la proximidad de una patrullera española, obligan a sus ´´pasajeros´´a lanzarse al mar. Así es como a menudo aparecen cadáveres en las playas españolas próximas a Gibraltar.

 

   Pero también entre los que parten desde el norte de África se establecen profundas diferencias. La escala más baja la ocupan quienes se trasladan abarrotados en las ´´pateras´´, llamadas así por tener bajo calado y ser, por lo tanto, aptas para navegar en lagos y embalses de poca profundidad, donde las utilizan los cazadores de patos. Su bajo calado les permite navegar en aguas de baja profundidad y atracar en playas alejadas de los puertos.

 

   Otros irregulares se trasladan ocultos en el doble piso, o doble techo, de camiones de carga o en el ferry que une Tánger con la ciudad española de Algeciras. Para este viaje necesitan más dinero, para comprar la discreción de los policías marroquíes.

 

   Finalmente, están los ´´atuneros´´, pescadores que trasladan a los inmigrantes sin riesgo para la vida ni la seguridad de éstos, que son desembarcados en los puertos pesqueros y, desde allí, abandonados a su suerte.

 

   La mayoría de los irregulares llegan con la dirección o el número de teléfono de un conocido, o del conocido de un conocido que emigró años antes. Con ese dato y algunas monedas en el bolsillo, se lanzan a buscar un lugar donde dormir y un trabajo mal pago. Otros, que no se ahogaron ni pasaron, son detenidos por la policía española y devueltos a su lugar de embarque porque, aunque se denomine a ese proceso ´´repatriación´´ muy pocos son los que vuelven a su tierra. Al menos eso no ocurre, con seguridad, con los africanos del sur del desierto del Sahara. (IPS_Madrid, 22-10-1998).

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