Mientras en la cumbre cerrada hoy en El Cairo los mandatarios europeos piden calma a sus pares africanos, ante su pedido de que se condone la deuda externa, los inmigrantes siguen afrontando la muerte en búsqueda de una vida mejor en este continente.
  
   La vida y la muerte se contraponen cuando día tras día se sucede el traslado irregular de inmigrantes hacia España y otros países europeos, unas veces a bordo de frágiles embarcaciones y otras en cargueros que los lanzan al agua en alta mar para que intenten llegar nadando a la costa.  

  Así nació el domingo un bebe, hijo de una africana menor de edad, que ese día llegó nadando a las costas de la isla de Lanzarote, en el archipiélago español de las Canarias, frente a la costa noroccidental de África.

   La joven fue dejada en alta mar junto a otros doce subsaharianos por un carguero no identificado. Estaba embarazada y por el esfuerzo hecho al nadar, su parto se anticipó y apenas llegó a alcanzar la costa, donde dio a luz. 

   Menos suerte tuvo otro inmigrante, marroquí, quien falleció el lunes, tras ser rescatado junto a otros cuatro acompañantes, que ese día intentaban alcanzar la playa en la provincia española de Almería, sobre la costa norte del Mar Mediterráneo.

   El inmigrante, rescatado por un buque de la Armada española, estaba en tal mal estado de salud que murió a bordo, antes de llegar a puerto. Fuentes policiales señalaron que, dada la debilidad que acusaban los cinco, debían de haber estado mucho tiempo a la deriva, en días particularmente borrascosos, como fueron los del fin de semana.

   El presidente de Egipto, Hosni Mubarak,  señaló, al inaugurar la Cumbre el lunes, que la situación africana se ha agravado por la crisis de la deuda. Añadió que “hay una necesidad urgente de aliviar esa carga y encontrar soluciones radicales y no convencionales para resolverla”.

   Aunque hubo promesas de algunos países, entre ellos España, Alemania y Portugal, de condonar la deuda a los países menos desarrollados, sumidos en serias crisis, la respuesta al conjunto tardará años en llegar. La respuesta, no la solución.

   El documento aprobado este martes por los 71 mandatarios reunidos en la capital egipcia dice que “altos funcionarios de una comisión euroafricana tomarán las medidas necesarias para preparar un informe sobre la deuda externa africana, que será estudiado, en un razonable período de tiempo”.

   No obstante, aun en el supuesto improbable de que ese plazo “razonable” se convirtiese en más o menos corto, se mantendrían la mayoría de los problemas económicos de África, que impulsan a muchos de sus ciudadanos a emigrar.

   Keen Y. Amoako, subsecretario general de la ONU y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para África, así lo señala.

   Dice Amoako en un artículo que publicará el miércoles el matutino El Mundo que África perderá más por causa de las barreras comerciales, que lo que recibe gracias a la ayuda internacional. Por eso, añade: “necesitamos mercados abiertos en los países ricos a fin de tomar el camino para salir de la pobreza”.

   El tráfico irregular de inmigrantes forma parte del panorama habitual en las costas españoles del Mediterráneo y del Atlántico en las islas Canarias. El sábado uno fueron apresadas por la guardia costera dos frágiles embarcaciones en las proximidades de Fuerteventura, en las Canarias.

   A bordo de las embarcaciones eran trasladados 27 inmigrantes, 25 de ellos de Nigeria y dos de Ghana. Los patrones de las barcas fueron detenidos horas después en alta mar y se comprobó que antes habían sido detenidos cuatro veces por la misma causa, transportar pasajeros sin la autorización correspondiente.

   En los últimos meses aumentó la presión inmigratoria. En España, desde enero fueron detenidas 1.796 personas en la zona del Estrecho de Gibraltar, cuando intentaban entrar al país. En todo 199 fueron detenidas 2.681 personas, por las mismas causas.

   Los responsables de organizaciones no gubernamentales de ayuda a los inmigrantes, además de pedir garantías y ayuda para ellos, señalan que en su inmensa mayoría optan por abandonar sus países en búsqueda de trabajo. Algunos lo encuentran, otros son detenidos y repatriados y otros mueren en el intento. (IPSMadrid, 4-abr-1987).

"Una cosa es considerar la inmigración un delito y otra ordenar los flujos respetando los derechos humanos", señaló el secretario general iberoamericano, el hispano-uruguayo Enrique Iglesias, al cuestionar la nueva normativa de la Unión Europea (UE) sobre extranjeros indocumentados.
De esta manera se refirió Iglesias, ante la consulta de IPS, a la directiva del Parlamento Europeo, votada afirmativamente por diputados procedentes de los 27 países integrantes del bloque y que entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, que se hará en las próximas semanas.
La medida autoriza a los gobiernos, entre otras cosas, a mantener detenidos, durante un año y medio, solo con una orden administrativa, a los extranjeros sin la documentación exigida para su radicación en la UE, mientras se tramita su expulsión.
La llamada directiva de retorno de los inmigrantes, que recibió 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, autoriza a los gobiernos, entre otras cosas, a mantener detenidos, durante un año y medio, solo con una orden administrativa, a los extranjeros en la documentación exigida para su radicación en la UE, mientras se tramita su expulsión.
También establece que los inmigrantes menores de 18 años no acompañados de sus padres o tutores serán repatriados y que todos aquellos que sean expulsados no podrán volver a ningún país del bloque por los siguientes cinco años.
Según Iglesias, la directiva es preocupante, pues "no contribuye a fortalecer un clima de confianza mutua y de respeto entre el Norte y el Sur".
Subrayó, además, que es incorrecta la tesis de que la llegada de inmigrantes a Europa puede ser negativa para los países que la integran, "ya que no es así, porque esas personas contribuyen de manera positiva con su trabajo y con su cultura".
La cuestión de las migraciones ocupa un día sí y otro también la primera plana de los medios de comunicación europeos. En la mayoría de los casos se trata de críticas al incremento del número de extranjeros que llegan para trabajar y residir en esta región y, en menor grado, para defenderlos o informar sobre los problemas que padecen.
Los más terribles de esos problemas son los que acaban con sus vidas al intentar llegar por vía marítima en frágiles embarcaciones y la detención a quienes logran llegar, sea por mar, tierra o aire, sin contar con papeles y calificados de "ilegales" por los gobiernos y por muchos medios de comunicación.
La nueva directiva aprobada por el parlamento de la UE diseña un período de "retorno voluntario" para los inmigrantes que carezcan de permiso de residencia o visado de turistas, lapso que tendrá como plazo máximo 30 días. Después se les podrá expulsar.
En cuanto se aplique esa norma habrá cientos de miles de inmigrantes que deberán marcharse forzosamente de la UE. Una interrogante polémica que se une a esa disposición es qué se hará cuando se trate de ciudadanos de países de origen que no aceptan las repatriaciones forzosas.
El ex director del diario La Vanguardia, uno de los tres de mayor venta en España, Lluis Foix, comentó a ese respecto que el colonialismo europeo conquistó otros continentes, importó recursos minerales enriqueciéndose "para que el capitalismo industrial funcionara sin mayores problemas" y ahora "echa a las personas que han llegado aquí en busca de horizontes más dignos".
La nueva directiva, apoyada por el Gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero junto a los demás del bloque europeo, permitirá que la detención y expulsión de inmigrantes se haga sin contemplaciones ni derecho a defensa.
Sobre esto Rogelio López Vélez, director de la Unidad Médica Tropical del hospital Ramón y Cajal, uno de los más importantes de Madrid, escribió que a este país han venido muchos inmigrantes en pocos años dispuestos a trabajar, "adultos y baratos, sin que el Estado haya tenido que invertir ni un euro en su salud".
Además, señala que a los ancianos dependientes, por causa de salud o carencia de familias y sin contar con ayudas estatales, alguien tiene que cuidarlos. "Resulta llamativo que sean las extranjeras las que cuiden al 90% de los ancianos dependiente españoles", añadió.
López Vélez se refiere así a las continuas críticas desde diversos sectores al ingreso de inmigrantes, por considerar que colapsó la atención en los centros de salud.
Pero las cifras demuestran lo contrario, ya que la aportación anual de los inmigrantes a las arcas públicas en el 2007 rondó los 5.000 millones de euros (7.800 millones de dólares), pues aportaron 23.400 millones y cobraron 18.600. Esto significa una contribución de los inmigrantes al crecimiento de la renta anual de cada español de 620 euros (casi 1.000 dólares).
Tomando en cuenta que España tendrá un pronunciado envejecimiento, ya que la población mayor de 65 años aumentará a la par de que descenderá la cantidad de personas en edad laboral en seis millones entre el 2007 y el 2050, el médico hace una pregunta clave: "¿Si no vienen más inmigrantes, si expulsan a parte de los que ya están, quién pagará las futuras pensiones (jubilaciones) y quién nos cuidará?".
Acerca de la directiva que legalizará la detención y posterior expulsión de inmigrantes sin papeles también se pronunció la Iglesia Católica. "No debemos criminalizar a los inmigrantes a ningún precio", afirmó Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los emigrantes.
Pero el Parlamento Europeo lo está haciendo y sin pagar nada. (Diario Granma, La Habana, 4-7-2008)

La mayoría de los españoles se declara racista, según un informe de la Organización Humanitaria Católica «Caritas», presentado hoy en conferencia de prensa.

 

En España residen 720.000 inmigrantes extranjeros, medio millón de los cuales proceden de Portugal y del Tercer Mundo y salieron de sus países empujados por condiciones de vida precaria, señala la investigación sociológica realizada por Caritas.

 

Por ese motivo, España que normalmente fue país de emigrantes, ahora tiene también inmigrantes sometidos a la Ley de Extranjería que deja los problemas sin resolver y con una sociedad que en su mayor parte se declara racista ante el aumento de la delincuencia y la escasez de trabajo, según Caritas.

 

La investigación ubica tres tipos de inmigrantes: 250.000 personas con situación legalizada, procedentes de países más desarrollados y cuya entrada a España está unida a la penetración de capital extranjero.

 

Un segundo grupo es el integrado por 40.000 inmigrantes políticos. El tercero, de medio millón de personas, está formado por quienes proceden del Tercer Mundo y de Portugal y que en su mayoría carecen de documentación, por lo que se deben introducir en la economía sumergida.

 

El informe de Caritas señala que en España hay unos 94.000 marroquíes, de los que 87.000 están en la ilegalidad, unos 75.000 por portugueses, de los que 45.000 entraron incorrectamente y unos 49.000 filipinos, de los que 43.000 están en situación irregular.

 

También hay latinoamericanos, centroafricanos y asiáticos, pero en cantidades menores a las arriba indicadas. Los inmigrantes se distribuyen en España de manera irregular. Los latinoamericanos prefieren instalarse en Madrid y Cataluña. En Madrid hay 151.000 inmigrantes extranjeros, de los cuales 85.000 son latinoamericanos, 17.000 asiáticos no filipinos, 15.000 marroquíes y 15.000 filipinos.

 

En Cataluña hay 51.000 latinoamericanos, 20.000 marroquíes y 17.000 filipinos. Los portugueses prefieren quedarse en Galicia (los idiomas gallego y portugués son parecidos) y en Castilla-León. En Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha predominan los marroquíes, que suman 14.000, seguidos de 12.500 latinoamericanos.

 

En Canarias existen unos 40.000 inmigrantes, la mitad de ellos de países desarrollados que viven en las islas su jubilación y la otra mitad son del Tercer Mundo, en especial de Marruecos y Senegal. En Ceuta y Melilla, enclaves españoles en la costa norte de África, hay 52.000 marroquíes.

 

Un alto porcentaje de los inmigrantes del Tercer Mundo y de Portugal subsiste en España en situación de marginación y rechazo, según Caritas.

 

El 19 por ciento de los extranjeros está en desempleo de larga duración, sobre todo marroquíes, portugueses y centroafricanos. El 65 por ciento de los que trabajan lo hace en la economía sumergida, el 53 por ciento cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, treinta por ciento gana menos de 220 dólares al mes. (IPS-Madrid, 14 de febrero de 1986)

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