ESPAÑA: ONG se rebelan contra política de inmigración

 

por Tito Drago

 

MADRID, 22 nov (IPS)  La mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas están en plena rebelión contra la política inmigratoria del gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar y se proponen constituir un Foro Alternativo para movilizar a la opinión pública.

 

   En diciembre de 2000 el Parlamento aprobó una Ley de Inmigración propuesta por el gobernante Partido Popular (PP), que goza de mayoría absoluta. Durante ese año la inmigración irregular en España se duplicó en relación con 1999. También ese año se regularizó la situación de casi 140.000 inmigrantes y se ordenó la expulsión de 27.751 de ellos.

 

   Para calmar las críticas a esa Ley de la oposición de izquierda, de los sindicatos y de las ONG,  el Gobierno constituyó un Foro de la Inmigración. En ese Foro están representadas las administraciones públicas, las organizaciones de inmigrantes y entidades sociales, como los sindicatos y las organizaciones empresariales.

 

   Si las críticas de los partidos de oposición parecían lógicas, llamó la atención que llegaran también de Manuel Pimentel, quien fue ministro de Trabajo en el primer gobierno de José María Aznar (1996-2000) y que rechazó el ofrecimiento de repetir el cargo en esta legislatura.

 

   Hablando de esa ley cuando estaba por ser aprobada dijo Pimentel: “Ponemos fronteras a personas de países en vías de desarrollo. Ponemos fronteras a sus productos con nuestros aranceles. Ponemos dificultades para aprovechar sus materias primas. Y con esto estamos consiguiendo una dinámica con la cual los ricos son más ricos y los pobres, más pobres”.

 

    La oposición a esa ley llevó a que el Segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en la española ciudad de Valladolid, en octubre, registrase la ausencia de quien se esperaba que fuera una de sus figuras más brillantes, el Premio Nóbel Gabriel García Márquez.

 

    El Nóbel,  el pintor y escultor Fernando Botero y los escritores Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, Willian Ospina, Darío Jaramillo y Héctor Abad enviaron una carta a Aznar, comunicándole su renuncia a visitar España. Entre otras cosas, le dijeron que “Con la dignidad que aprendimos de España, no volveremos a ella mientras se nos someta a la humillación de presentar un permiso para poder visitar lo que nunca hemos considerado ajeno”.

 

   Porque la nueva ley exige permiso de entrada (visa) a ciudadanos de países a los que antes se les permitía la entrada libre y a quienes piensen solicitar el permiso de residencia les pone como condición, además de la visa, que cuenten con un contrato de trabajo.

 

   Los desacuerdos en el Foro llevaron al Gobierno a modificar su composición y aunque se mantienen ONG con trabajos sociales sólidos, faltan muchas otras que se consideran discriminadas. Entre las que el Gobierno resolvió mantener están la Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Católica de Migraciones.

 

   Una de las que quedó fuera es el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), que dirige la eurodiputada socialista Paquita Sauquillo, quien dos años atrás fue designada la mujer europea del año, precisamente por sus trabajos sociales en países del Sur y en los Balcanes, primero en tareas para tratar de impedir las guerras y después para la reconstrucción.

 

   Esteban Tomás Navarro, quien lleva los asuntos de inmigración en el MPDL, dijo a IPS que en el Foro oficial ni siquiera pueden exponer una posición crítica. “El PP no acepta cambiar de posiciones, pero ni siquiera admite que se le pueda decir lo que pensamos sobre estos temas”.

 

   Como un ejemplo de lo que considera una seria discriminación Navarro señala la ausencia de las organizaciones de inmigrantes ecuatorianos en el Foro oficial. Es inconcebible, dice, porque está claro que los ecuatorianos son la mayoría de los llegados en los últimos años, altamente demandados para trabajar en el agro, la construcción y el servicio hogareño.

 

   Otros organismos muy representativos quedaron fuera del Foro oficial y apoyan la constitución de un Foro Alternativo, entre ellos la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación de Mujeres Progresistas y SOS Racismo.

 

     Navarro espera que el Foro Alternativo quede constituido en los primeros días de enero, pues “es mucho lo que tenemos que hacer, coordinadamente, para que España no se convierta en un país de puertas cerradas a la inmigración”.

 

   El nuevo presidente del Foro oficial, Mikel Azurmendi, designado la semana pasada, afirma que las ONG han hecho bastante poco por los inmigrantes, que se han dedicado fundamentalmente a arreglarles los papeles, o sea a legalizar su permanencia en España.

 

   En opinión de Azurmendi, las ONG deberían ir a trabajar a los municipios, para “hacer ciudadanos de los inmigrantes” pues, explicó, esa ciudadanía se concreta en los municipios.

 

   Navarro subraya que la mayoría de las ONG trabajan en los municipios, a nivel ciudadano, dentro y fuera de España. Pero que hacer eso no debe ser una alternativa a que su voz sea oída y tenida en cuenta por el Gobierno. “El Gobierno debe entender que el pluralismo forma parte esencial de la democracia y no puede exigir que se le diga siempre sí a todo”, concluyó el activista social. (Madrid, 22-11-2001)

Los familiares de niños pequeños los arrojan por encima de la frontera Sur de Europa, en territorio africano, para forzar la regularización inmigratoria de sus padres.

 

   El zaireño Bieye Mbaki, de cuatro años de edad, está ingresado desde este lunes en un centro de protección de menores de Ceuta, la ciudad española enclavada en la costa Norte de África. Ese día fue encontrado deambulando, solo y con un pequeño cartel colgado de su cuello, en el que constaba la identidad y el número de teléfono móvil (celular) de su padre.

 

   Bieye es el tercer niño abandonado en Ceuta en menos de un mes. Otros dos ya se reencontraron con sus padres. Éstos ingresaron antes, sin visados y burlando la vigilancia policial. La tenencia de sus hijos les permite evitar su expulsión de España, que está obligada por ley a regularizar su residencia a quienes tienen hijos menores de edad, con lo que además pueden moverse y residir en cualquier otro país miembro de la Unión Europea.

 

   La muralla que separa la ciudad costera de Ceuta de Marruecos, aún sin terminar, tiene un costo total superior a 50 millones de dólares y consta de cuatro cercos de alambradas, extendidos de forma paralela, con una carretera perimetral entre medio, alambres sensores y de púes y 17 torretas de vigilancia equipadas con cámaras térmicas, aire acondicionado, teléfonos, ordenadores y focos de iluminación.

 

   Además de sus propias leyes, los acuerdos de la Unión Europea le imponen a España el papel de guardián del extremo occidental de su frontera Sur, sobre el Estrecho de Gibraltar y zonas adyacentes. Unas leyes, las españolas, en camino de ser modificadas para reconocer los derechos laborales de los inmigrantes, que en la actualidad se les niegan. Pero que difícilmente abrirá las puertas para facilitar el ingreso de un mayor número de inmigrantes.

 

      Habitantes del África subsahariana y de los países árabes del Magreb procuran entrar en Europa empujados por la marginación y la pobreza. Los más arriesgados son los jóvenes, “que toman sobre sí la responsabilidad de ayudar a sus familias”, afirma Abdel Ahmed Beyuki, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM).

 

    Sólo por la valla de Ceuta se introducen irregularmente entre 20 y 25 inmigrantes cada día, según fuentes policiales. Además están los que entran por otro enclave norteafricano, la ciudad de Melilla y los que se lanzan a la aventura de cruzar el mar Mediterráneo en frágiles embarcaciones, denominadas “pateras”.

 

   Los que no logran pisar suelo español y son apresados son expulsados de inmediato. Pero si lo pisan, aunque sea en una playa deshabitada, son detenidos y alojados en centros custodiados por la policía hasta ser expulsados, una vez cumplidos los trámites administrativos. En el centro “de acogida”, según su denominación oficial, de Ceuta malviven 1.050 subsaharianos y 90 argelinos.

 

    La expulsión de inmigrantes ni siquiera toma en cuenta la necesidad de mano de obra en el agro, donde se han registrado quejas de propietarios de campos que no consiguen peones para la cosecha. Un empresario madrileño de la construcción, Miguel de la Red Sánchez, se manifestó avergonzado por esa situación.

 

   De la Red Sánchez narró, en una carta al matutino El País, su experiencia al querer contratar a un marroquí que tiene permiso de trabajo como empleado del hogar. Al negarle el Ministerio de Trabajo la posibilidad de contratarlo sin cambiar ese permiso, el empresario concurrió a una oficina de esa repartición.

 

   Allí se encontró “con el desagradable panorama” de unas 300 personas extranjeras esperando en la calle, mientras que los españoles pasaban delante de ellos y eran atendidos primero. Los 300, además, esperaban desde las tres de la mañana.

 

   Para el trámite de cambiar un permiso por otro lo hicieron comprar una solicitud, llenarla y entregarla. Entonces le informaron que “en unos meses”, siete u ocho, podría contratar a Mustapha, el trabajador marroquí.

 

   De la Red Sánchez finaliza su carta así: “Me avergüenzo del trato que mi país da a los que vienen buscando un puesto de trabajo, buscando igual que hicieron mis abuelos yendo a Alemania o a América”.

 

   Y lo peor, añadió, es que se avergüenzo “cuando veo que (los inmigrantes) sólo ocupan los puestos de trabajo que los españoles no quieren, como en el campo o en la construcción”.

 

   Mientras, en el Congreso de los Diputados se ha comenzado a tratar un proyecto de ley que reemplazará a la aprobada en 1985, bajo el gobierno del socialista Felipe González.

 

   Según el borrador al que tuvo acceso IPS, la ley reconocerá a los extranjeros el derecho de sindicación, así como a la cobertura social (sanidad y jubilación) y al seguro de desempleo, de los que actualmente están privados. No obstante, se seguirá vinculando el permiso de residencia al de trabajo, para el cual primero deben presentar un contrato o un compromiso de contratación. (Madrid, 21-9-2001)

La expulsión de 15 negros africanos esta semana de España y la explicación dada por las autoridades evidenciaron un sentimiento racista que se ejerce también contra gitanos y latinoamericanos.

Los negros africanos fueron expulsados por el gobierno civil de Barcelona (designado por el gobierno central y dependiente del Ministerio del Interior) después de haber sido detenidos en sus domicilios en la localidad de Maresme, conocida por el alto empleo de mano de obra africana en tareas agrícolas.

La causa formal de la expulsión fue que se encontraban indocumentados, sin contrato de trabajo ni perspectiva de tenerlo y sin ningún medio de vida conocido. El Secretario del Gobernador Civil, Pepe Navarro, amplió esas explicaciones.
Navarro dijo que la redada realizada por la Guardia Civil (policía rural militarizada) siguió a varias denuncias sobre algunos pisos habitados por africanos en los que faltaban «las mínimas condiciones sanitarias, de higiene y salubridad».

El funcionario añadió que después de allanados los pisos «se comprobó el estado de degradación de los mismos, hasta el punto que amenazaban en convertirse en focos de marginación». La solución aplicada fue expulsar a los 15 trabajadores negros, cifra que fuentes de la Colonia Africana del Maresme elevan a 40.

Cuando el cuatro de este mes se celebró en España la Jornada de las Migraciones, el Arzobispo de Madrid, Angel Suquía, reflexionó en una exhortación pastoral sobre situaciones similares.

El Arzobispo expresó que en España «se encuentran decenas de miles de inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros en condiciones injustas e inhumanas», por lo que reclamó de las autoridades «una legislación justa, propia de un ordenamiento verdaderamente democrático que acabe con la marginación».

Esas condiciones infrahumanas se manifiestan, por ejemplo, con los gitanos de Madrid, quienes ocupan 93 por ciento de las chabolas (construcciones de emergencia sin servicios sanitarios) de la provincia.

En torno a este tipo de construcciones se suceden movilizaciones de los demás vecinos, quienes solicitan su erradicación y que en algunos casos llevaron a fuertes enfrentamientos con los gitanos y con las fuerzas de orden público.

Un estudio publicado por el matutino madrileño «El País» acerca de los «sudacas» (expresión peyorativa acuñada en España para referirse a los latinoamericanos) en el cine español muestra cómo la discriminación ha sido reflejada en el celuloide.

Una docena de películas rodadas en los últimos años en España incluyeron personajes latinoamericanos. En todos los casos, con alguna de las excepciones que confirman las reglas, los «sudacas» fueron «los malos de las películas».

En «La muerte de Mikel», un médico de izquierdas «sudaca» es presentado como capaz de delatar a su amigo vasco y a la organización con la que había colaborado.

Susana Alegretti y Carlos Iriart señalan en el estudio que en otras cinco películas los latinoamericanos tienen el denominador común de la arbitrariedad y la caricatura y «son personajes concebidos como depositarios de la perversión o trasgresión de la historia que se narra».

El ejemplo del «perjuicio acuñado en varios años de relación hispano-sudaca» es para los autores la argentina que ofrece el filme catalán «Salut I Forza al Canut», que se viste como bailarina de tango, maneja conceptos de pequeña burguesa intelectual y adopta maneras de «listilla de suburbio».

El racismo, la discriminación y la marginación de los extranjeros se manifiesta también con otras nacionalidades y aún en relación a quienes provienen de otras regiones españolas, pero se hace más evidente en los originarios de países del Tercer Mundo. Y cuando más oscura es su piel más grande es la marginación. (IPS-Madrid, 16-2-1983)

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