La próxima semana será crucial para los inmigrantes en España, pues en ella se decidirá si el Gobierno acepta modificar la ley de extranjería o si la oposición recurrirá ante el Tribunal Constitucional para invalidarla.

 

   El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, dijo este viernes que la Ley no será modificada y entregó a los grupos parlamentarios el borrador del reglamento para su aplicación. Asimismo anticipó que el lunes lo entregará a los sindicatos y a organizaciones empresariales y no gubernamentales.

 

   Mientras el vicepresidente hacía esas declaraciones, grupos de inmigrantes llegaban a las afueras de Madrid, provenientes de varias provincias, para concentrarse y manifestarse en la capital del reino el domingo, en demanda de que se reconozcan sus derechos y se regularice su permanencia en España.

 

   Dos aspectos dividen al Gobierno por un lado y a la oposición y las organizaciones humanitarias por el otro: el reconocimiento de los derechos ciudadanos para los inmigrantes y la regularización de aquellos que ya están en España y que carecen de permiso de residencia y de trabajo.

 

     Un número indeterminado de inmigrantes, en una cifra que según las fuentes consultadas oscila entre cien y doscientas mil personas, están en España sin visa consular de entrada ni permiso de residencia lo que, a su vez, les impide tener autorización para ser contratados laboralmente.

 

   Según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999, a partir de enero de este año quienes se encontrasen en esa situación debían abandonar el país. En el caso de los ecuatorianos el Gobierno ofreció pagar el viaje de ida y vuelta a quienes se encontrasen en situación irregular –que el gobierno califica de ilegal--, para que gestionasen su visa en el consulado español.

 

   Unas 1.200 personas ya regresaron a Ecuador para tramitar esos papeles, según el canciller ecuatoriano, Heinz Möller. Pero, añadió en declaraciones al madrileño diario El País, el problema no está en los ocho o diez mil que pueden regresar para hacer ese trámite, sino en los no inscriptos.

 

   Esos no inscriptos, “ilegales” para el gobierno español y “sin papeles” o “irregulares” para las organizaciones humanitarias, podrían ser de 50.000 a 60.000 cabezas de familia, dijo Möller basándose en fuentes del ministerio del Interior de España.

 

   La Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Enrique Múgica, las dos centrales sindicales mayoritarias y decenas de organizaciones humanitarias, se dirigieron reiteradamente al Gobierno planteando que se debe conceder el permiso de residencia a quienes ya están en España y, por lo tanto, renunciar a expulsarlos hacia sus países de origen.

 

   Además, reclaman que se reconozcan a esos inmigrantes los derechos de asociación, reunión, huelga y manifestación.

 

   La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está dispuesta a presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, si el Gobierno no cede antes del viernes 23, último plazo para poder efectuar esa presentación.

 

   Desde un punto de vista técnico, el Gobierno puede acceder a esas demandas sin modificar literalmente la ley, mediante su reglamento de aplicación.

 

   A esa circunstancia se refirió el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, al afirmar este viernes que “la ley es inaplicable, e incluso niega derechos que el Gobierno reconoce en la práctica”. Entre esos derechos están los de manifestación que, por ejemplo, están ejerciendo los que marchan sobre Madrid este fin de semana.

 

   Mientras la polémica sigue, otros hechos relacionados con la inmigración conmueven a la opinión pública. Este viernes la policía costera recogió el cadáver de un iraquí en las costas del mar Mediterráneo, frente a la ciudad de Melilla, un enclave español en el norte de África.

 

   Al mismo tiempo la policía detuvo a otros cinco iraquíes, que viajaban con el fallecido y que junto con él fueron arrojados por la borda de un buque que los transportaba. Fuentes policiales sostienen que fueron víctimas de una banda organizada que trafica ilegalmente con personas y que los arrojaron al mar por temor a ser descubiertos.

 

   En la otra orilla del mar Mediterráneo, en un pueblo de la provincia de Murcia, fueron detenidos ocho jóvenes que el viernes anterior incendiaron con gasolina una nave (galpón) usada como residencia por inmigrantes y golpearon con cadenas y bates de béisbol a un ecuatoriano y a un búlgaro. ((Madrid, 16-3-2003)