El Defensor del Pueblo se unió hoy a la Iglesia Católica en la demanda para que el Gobierno otorgue permisos de residencia y exención de visados a los inmigrantes que ya están en España y por lo tanto renuncie a expulsarlos.

 

   Un número indeterminado de inmigrantes, en una cifra que según las fuentes oscila entre cien y doscientas mil personas, están en España sin visa consular de entrada ni permiso de residencia.

 

   Según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999, a partir de enero de este año quienes se encontrasen en esa situación deben abandonar España. En el caso de los ecuatorianos el Gobierno ofreció pagar el viaje de ida y vuelta a quienes se encontrasen en situación irregular –que el gobierno califica de ilegal--, para que gestionasen su visa en el consulado español.

 

   La Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, haciéndose eco de la demanda de las dos centrales sindicales mayoritarias y de organizaciones humanitarias, se dirigieron al Gobierno planteando que se debe conceder el permiso de residencia a quienes ya están en España y, por lo tanto, renunciar a expulsarlos hacia sus países de origen.

 

   Múgica, un veterano dirigente socialista designado para el cargo por propuesta del presidente del Gobierno, el centroderechista José María Aznar y con los votos de casi la totalidad de los parlamentarios, dirigió este jueves una nota a aquél, precisando su posición.

 

   En primer lugar le solicita que se permita la normalización de su estancia en España a la práctica totalidad de los afectados. El Gobierno, dice, debería actuar “con los criterios más amplios y flexibles”,  sin esperar a que se apruebe un reglamento general de la Ley de Inmigración.

 

   Esa amplitud, añade, debe aplicarse considerando la existencia de núcleos familiares entre los inmigrantes y que se tengan en cuenta razones humanitarias como las situaciones de penuria económica y dificultad material en los países de origen.

 

   Pero, sobre todo, subraya “que en todos los casos en los que pueda acreditarse la voluntad del inmigrante para obtener la regularización, y la no comisión de actividades ilegales, no se someta a los mismos a procesos de expulsión”.

 

   El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, al reclamar al Gobierno que haga todos los esfuerzos para regularizar a los inmigrantes, se refirió a la difícil situación de éstos.

 

   “Un número importante de inmigrantes sin papeles no existen oficialmente, son invisibles en el plano legal, están indocumentados y, en buena medida, están condenados al paro, a la marginalidad y a la delincuencia”, dijo Asenjo.

 

   La advertencia se refiere a que los empresarios dejaron de contratar a los inmigrantes sin visa y permiso de trabajo, por temor a ser sancionados con fuertes multas.

 

    Los sindicatos y las organizaciones humanitarias reclaman que, además, se modifique la Ley de Extranjería. La coalición Izquierda Unida, tercera fuerza electoral, envió documentación y una nota al Defensor del Pueblo Europeo planteando que esa ley es inconstitucional.

 

   En España, los gobiernos de dos de las 17 comunidades autónomas que integran el país, los de Aragón y Baleares, ambos con mayoría socialista, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

 

   Pero la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha pronunciado en contra de que se presenten esos recursos, una posición que podría cambiar como consecuencia de un escándalo estallado en Andalucía y que este jueves ha puesto a ese partido contra las cuerdas.

 

   Este jueves el vicepresidente del parlamento andaluz, Rafael Centeno, del PSOE, puso sus cargos a disposición de su partido tras reconocer que fue el autor de un comentario xenófobo en plena cámara.

 

   El siete de febrero un cámara de Radio Televisión Española grabó las palabras: “Los moros, que se vayan a Marruecos, que es donde tienen que estar”, aludiendo a los marroquíes que en el lenguaje coloquial y a menudo despectivo son llamados “moros”.

 

   La cámara no alcanzó a registrar la imagen y en al trascender el sonido los socialistas, incluyendo a Centeno, acusaron al parlamentario del gobernante Partido Popular (PP), Matías Conde, de ser el autor de la frase, cosa que éste negó.

 

   Este jueves Centeno compareció ante los periodistas y reconoció ser el autor de la frase, aunque aclaró que fue solo “una maldita broma”.

 

   Broma o no, el hecho puede empujar al PSOE a demostrar que no está a favor de la expulsión de los inmigrantes sin visa ni permiso de residencia.

 

   Mientras, Aznar dice una y otra vez que esa ley “es la más avanzada de Europa” y que permite un proceso ordenado para integrar a los inmigrantes. Y su Gobierno prepara un reglamento que endurece incluso lo establecido en la ley, según un borrador publicado hoy por el diario El País y que, para la responsable de Política Migratoria del PSOE, Consuelo Rumí, demuestra un empecinamiento “en un control arbitrario de los flujos migratorios”. (Madrid, 15-2-2000)