A la luz de varios anuncios de gobernantes está claro que peligran los Derechos Humanos de los inmigrantes en la Unión Europea, dijo este jueves a IPS Mustafá Mrabet, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España.

La política inmigratoria será uno de los temas a los que prestarán mayor atención los mandatarios de los 15 países que integran la Unión Europea (UE), quienes se reunirán el 221 y 22 de junio en Sevilla, ciudad española situada 538 kilómetros al sudoeste de esta capital.

José María Aznar, jefe del gobierno español y presidente de turno de la UE, sostiene que se deben reforzar las medidas contra la inmigración irregular, sin convertir a la Unión en una fortaleza pero sí, dijo, evitando que sea “un coladero permanente”.

Para Mrabet ya no se trata sólo de la situación de quienes llegan a Europa a buscar trabajo, con o sin visa de entrada, sino también de aquellos que tienen reconocida su residencia legal. Estos últimos, señala, ven amenazado su derecho de unificación familiar que está reconocido en la constitución española y en otras, al tenor de las modificaciones que se anuncian.

Una de las modificaciones anularía el derecho a obtener la residencia legal a quienes justifiquen que permanecen en el país al menos durante cinco años.

Es curioso, añadió Mrabet, que se hable de que no se reconocerá el derecho a la residencia a quienes tenga cinco años o más de permanencia irregular en España u otro país europeo, “cuando se pueden contar con los dedos de la mano los inmigrantes que estén aquí cinco años o más de manera regular”.

No hay que olvidar, prosiguió, que permanecer irregularmente, sin papeles de residencia, significa trabajar en la precariedad más absoluta, separado de la familia y exponiéndose cada día a que la policía lo pare en la calle para ser identificado y expulsado. En definitiva, que muy pocos pueden aguantar esa situación durante tantos años.

Finalmente se preguntó: “¿Cuál es la intención del Gobierno al reformar esta ley para facilitar la expulsión de inmigrantes, si a los marroquíes ya se los expulsa con las ropas mojadas del Estrecho y a los de otros países, como Nigeria, también?”.

Mrabet aludió así a la situación de quienes cruzan el estrecho de Gibraltar desde el norte de África hacia España en frágiles embarcaciones y que si son detectados y detenidos sufren una inmediata repatriación. Otros que lleguen por esa vía, provenientes del sur del Sahara no pueden ser expulsados por no existir convenios entre España y sus países de origen y quedan entonces retenidos bajo custodia policial.

Tampoco todos los que llegan desde América Latina reciben el mismo trato. Los ciudadanos de algunos de esos países, como los argentinos, pueden ingresar como turistas sin necesidades de visado previo. Los ecuatorianos o colombianos, en cambio, deben estar provistos de un visado previo y ya se produjeron muchos casos de expulsión a su llegada a los aeropuertos sin contar con él.

El socialista Juan Carlos Ibarra, presidente de Extremadura, una de las 17 comunidades autónomas que integran España y región que se caracterizó por la emigración masiva hasta la década de los 80, también critica las intenciones del gobierno español, aunque desde otra óptica.

Ibarra reclama que se negocio un pacto de Estado entre todas las fuerzas política sobre la inmigración pues, afirmó, si se aplicasen los criterios que maneja el Ejecutivo, unos 8.500 nietos de extremeños podrían perder la nacionalidad española. Fuentes gubernamentales dejaron trascender que también se podría modificar la ley que permite a hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero acceder a la nacionalidad española.

Pero Mrabet cree que ya no se diferencian la izquierda y la derecha cuando están en el gobierno y tratan el tema de la inmigración. Refiriéndose a las propuestas gubernamentales en Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, Italia, Alemania y España subrayó que todas “están cediendo a las presiones de un sector minoritario para facilitar las expulsiones masivas”.

“¿O acaso hay alguna diferencia entre lo que plantea Le Pen en Francia y Berlusconi en Italia”, se preguntó el humanista marroquí.

El ministro español de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, sostiene que la Ley de Extranjería aprobada por su Gobierno a fines del dos mil no está dando los resultados esperados, por lo que debe ser modificada. Y esa modificación, puntualizó este jueves, debe estar en sintonía con lo que se haga en el conjunto de la Unión Europea.

Aparicio añadió que la reforma de la ley deberá establecer la necesidad de fijar cada año la cantidad de puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos por los nacionales de un país y los extranjeros residentes en él con sus papeles en regla. Esos puestos se anunciarían y posteriormente los inmigrantes serían contratados en sus países de origen.

Además, afirmó que carece de sentido que haya 15 métodos diferentes para el acceso a la Unión Europea, por lo que aboga por una legislación consensuada entre todos los gobiernos.

No obstante, el ministro insistió en que la reforma que impulsará su gobierno no será un endurecimiento de la actual ley, pues solo respondo “a la necesidad de seguir introduciendo mejoras”.

En esas mejoras, de acuerdo con el borrador en el que están trabajando funcionarios gubernamentales, además de la contratación en los países de origen, se modificaría el Código Penal para incluir penas de cárcel para los empresarios que exploten a los inmigrantes ilegales, o sea que los emplee sin contratos y sin que posean la residencia oficial reconocida por el ministerio del Interior.

A ese respecto el delegado del gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, dijo el miércoles que deben pensar introducir en el Código Penal esas modificaciones para penar “a quienes contratan en condiciones vergonzosas a las personas en situación irregular”. (TD-IPS)