Los inmigrantes argentinos irregulares están más cerca de tener permiso de residencia y trabajo en España, mientras otros, como los ecuatorianos, magrebíes y subsaharianos continúan sujetos a trabajar sin contratos y con amenazas de expulsión, que a menudo se concretan.

 

   Los cancilleres de la Argentina, Rafael Bielsa y de España, Miguel Ángel Moratinos, se reunieron este martes en la capital española y acordaron crear un grupo de trabajo que estudiará la situación de los argentinos en situación irregular “para prestarles oído”, según dijo el primero en la rueda de prensa que ofrecieron conjuntamente.

 

   El grupo estará integrado por diplomáticos y representantes de las siete organizaciones de inmigrantes argentinos que hay en España y que también se reunieron con Bielsa. El ministro argentino informó de que el ministerio del Interior de su país continuará elaborando a través de Internet un censo de inmigrantes, en el que ya se anotaron unos 15.000 de los cien mil que existen, según cifras de las organizaciones no gubernamentales.

 

   Pero el acuerdo ha sido recibido con ciertas reticencias. Miguel González, secretario general de “Ecuador Llactacaru” (Ecuador Tierra Distante, en la lengua indígena ecuatoriana kichwa) dijo a IPS que no cabe hacer diferencias según la nacionalidad de los trabajadores inmigrantes, sino que se les tienen que reconocer sus derechos a todos.

 

   González subrayó que en este país hay más de un millón de inmigrantes que carecen de papeles y son “ciudadanos irregulares, sin derechos, desprotegidos, que viven en un apartheid jurídico”. No obstante, consideró positivo que se avance con los argentinos, “pero que no se olvide ni se margine a los demás”.

 

   Asimismo, añadió, es incorrecto hablar del “efecto llamada” o sea que si se regularizase a todos los que ya están en España eso incitaría a que vengan más. Porque, finalizó, “venimos aquí porque hay trabajo, porque necesitan mano de obra y porque nosotros queremos trabajar”.

 

   Fuentes de la Cancillería española señalaron a IPS que lo importante sería llegar a un pacto de Estado, apoyado por todos los partidos políticos de este país, para atender como objetivo prioritario la situación de los inmigrantes en general y no solamente de los argentinos. Pero no anticipó cual podría ser el contenido de ese pacto.

 

   El jurista y defensor de los derechos humanos Carlos Slepoy, exiliado durante la última dictadura argentina (1976-83) manifestó a IPS que la Argentina y España deben aplicar los tratados internacionales vigentes que garantizan el derecho de sus ciudadanos a trabajar en el otro y respectivamente. Además, subrayó que es innecesario el censo porque deja fuera a quienes no se inscriban por prevención, temores o falta de información y que “todos tienen derecho a que se regularice su situación”.

 

   Un cierto grado de ambigüedad en el acuerdo logrado este martes se refleja en las declaraciones de Moratinos, quien dijo: “Sensibles a la situación de los argentinos, hemos creado un grupo de trabajo para acelerar el estudio de los problemas eventuales que puedan surgir en esta cuestión". También afirmó que un objetivo prioritario del Gobierno instalado hace dos meses es “ordenar la inmigración y plantear un pacto de estado”.

 

   La cautela del Gobierno español en gran medida se debe a que está obligado a respetar los acuerdos sobre inmigración de la Unión Europea, sin dejar de lado los tratados firmados con la Argentina y que en algunos aspectos son contradictorios.

 

   El mismo Bielsa tampoco fue muy explícito, al afirmar que "Nadie conoce mejor su desgracia que quien la padece. Hay muchos inmigrantes en situación irregular que no la pasan bien, y creo que prestarles oído a su vida cotidiana sería razonable e inteligente". En todo caso dejó clara su opinión y la posición del Gobierno argentino de que el tema no debe seguir tratándose por teléfono y que el grupo de trabajo debe tener funciones ejecutivas, en especial para atender los casos de detenciones o posibles amenazas de expulsión para quienes carezcan de permiso de residencia.

   
   En todo caso, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya decidió dejar de lado la rígida reglamentación elaborada por el de su antecesor, José María Aznar, al disponer que se estudien fórmulas para presentar los contratos de trabajo haciendo los trámites en España, en vez de verse obligados a hacer los mismos en su país de origen.

 

   Por último y en presencia de Bielsa, Moratinos señaló que su gobierno “está dispuesto a ayudar a todas estas personas (los inmigrantes) que trabajan y contribuyen al esfuerzo de desarrollo social y económico en España".

 

   La llegada de inmigrantes a España tiene una curva ascendente, ya que en los últimos cinco años se cuadruplicó la cantidad, al pasar de 637.085 en 1998 a 2.664.168 en 2003, contando a los que tienen papeles y a los que no. En este momento, de acuerdo a cifras del oficial Instituto Nacional de Estadísticas hechas públicas este jueves los inmigrantes representan el 6,2 por ciento de la población española.

 

   Los inmigrantes ecuatorianos representan el 14,6 por ciento del total, seguidos de los marroquíes con 14,2 por ciento. Entre los provenientes de esos dos países y los colombianos suman el 40 por ciento del total. Según el INE se incrementó de manera importante la cantidad de argentinos, rumanos y búlgaros, pero sin influir de manera importante en el total.

 

   Otro estudio, de la Fundación de las Cajas de Ahorros, indica que en diez años más los extranjeros residentes en España totalizaron once millones de personas, con lo cual una cuarta parte de la población en 2015 será inmigrante. Además está el crecimiento familiar, ya que el 75 por ciento de los nacimientos registrados en 2003 fueron hijos de inmigrantes.  (Madrid, 15-6-2004)