A la luz de varios anuncios de gobernantes está claro que peligran los Derechos Humanos de los inmigrantes en la Unión Europea, dijo este jueves a IPS Mustafá Mrabet, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España.

La política inmigratoria será uno de los temas a los que prestarán mayor atención los mandatarios de los 15 países que integran la Unión Europea (UE), quienes se reunirán el 221 y 22 de junio en Sevilla, ciudad española situada 538 kilómetros al sudoeste de esta capital.

José María Aznar, jefe del gobierno español y presidente de turno de la UE, sostiene que se deben reforzar las medidas contra la inmigración irregular, sin convertir a la Unión en una fortaleza pero sí, dijo, evitando que sea “un coladero permanente”.

Para Mrabet ya no se trata sólo de la situación de quienes llegan a Europa a buscar trabajo, con o sin visa de entrada, sino también de aquellos que tienen reconocida su residencia legal. Estos últimos, señala, ven amenazado su derecho de unificación familiar que está reconocido en la constitución española y en otras, al tenor de las modificaciones que se anuncian.

Una de las modificaciones anularía el derecho a obtener la residencia legal a quienes justifiquen que permanecen en el país al menos durante cinco años.

Es curioso, añadió Mrabet, que se hable de que no se reconocerá el derecho a la residencia a quienes tenga cinco años o más de permanencia irregular en España u otro país europeo, “cuando se pueden contar con los dedos de la mano los inmigrantes que estén aquí cinco años o más de manera regular”.

No hay que olvidar, prosiguió, que permanecer irregularmente, sin papeles de residencia, significa trabajar en la precariedad más absoluta, separado de la familia y exponiéndose cada día a que la policía lo pare en la calle para ser identificado y expulsado. En definitiva, que muy pocos pueden aguantar esa situación durante tantos años.

Finalmente se preguntó: “¿Cuál es la intención del Gobierno al reformar esta ley para facilitar la expulsión de inmigrantes, si a los marroquíes ya se los expulsa con las ropas mojadas del Estrecho y a los de otros países, como Nigeria, también?”.

Mrabet aludió así a la situación de quienes cruzan el estrecho de Gibraltar desde el norte de África hacia España en frágiles embarcaciones y que si son detectados y detenidos sufren una inmediata repatriación. Otros que lleguen por esa vía, provenientes del sur del Sahara no pueden ser expulsados por no existir convenios entre España y sus países de origen y quedan entonces retenidos bajo custodia policial.

Tampoco todos los que llegan desde América Latina reciben el mismo trato. Los ciudadanos de algunos de esos países, como los argentinos, pueden ingresar como turistas sin necesidades de visado previo. Los ecuatorianos o colombianos, en cambio, deben estar provistos de un visado previo y ya se produjeron muchos casos de expulsión a su llegada a los aeropuertos sin contar con él.

El socialista Juan Carlos Ibarra, presidente de Extremadura, una de las 17 comunidades autónomas que integran España y región que se caracterizó por la emigración masiva hasta la década de los 80, también critica las intenciones del gobierno español, aunque desde otra óptica.

Ibarra reclama que se negocio un pacto de Estado entre todas las fuerzas política sobre la inmigración pues, afirmó, si se aplicasen los criterios que maneja el Ejecutivo, unos 8.500 nietos de extremeños podrían perder la nacionalidad española. Fuentes gubernamentales dejaron trascender que también se podría modificar la ley que permite a hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero acceder a la nacionalidad española.

Pero Mrabet cree que ya no se diferencian la izquierda y la derecha cuando están en el gobierno y tratan el tema de la inmigración. Refiriéndose a las propuestas gubernamentales en Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, Italia, Alemania y España subrayó que todas “están cediendo a las presiones de un sector minoritario para facilitar las expulsiones masivas”.

“¿O acaso hay alguna diferencia entre lo que plantea Le Pen en Francia y Berlusconi en Italia”, se preguntó el humanista marroquí.

El ministro español de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, sostiene que la Ley de Extranjería aprobada por su Gobierno a fines del dos mil no está dando los resultados esperados, por lo que debe ser modificada. Y esa modificación, puntualizó este jueves, debe estar en sintonía con lo que se haga en el conjunto de la Unión Europea.

Aparicio añadió que la reforma de la ley deberá establecer la necesidad de fijar cada año la cantidad de puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos por los nacionales de un país y los extranjeros residentes en él con sus papeles en regla. Esos puestos se anunciarían y posteriormente los inmigrantes serían contratados en sus países de origen.

Además, afirmó que carece de sentido que haya 15 métodos diferentes para el acceso a la Unión Europea, por lo que aboga por una legislación consensuada entre todos los gobiernos.

No obstante, el ministro insistió en que la reforma que impulsará su gobierno no será un endurecimiento de la actual ley, pues solo respondo “a la necesidad de seguir introduciendo mejoras”.

En esas mejoras, de acuerdo con el borrador en el que están trabajando funcionarios gubernamentales, además de la contratación en los países de origen, se modificaría el Código Penal para incluir penas de cárcel para los empresarios que exploten a los inmigrantes ilegales, o sea que los emplee sin contratos y sin que posean la residencia oficial reconocida por el ministerio del Interior.

A ese respecto el delegado del gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, dijo el miércoles que deben pensar introducir en el Código Penal esas modificaciones para penar “a quienes contratan en condiciones vergonzosas a las personas en situación irregular”. (TD-IPS)

Un misterioso accidente provocó la caída de un avión DC-6 de la Fuerza Aérea de Chile, ocasionando la muerte de 38 pasajeros, entre los cuales había varios oficiales. La caída ocurrió a 1.175 kilómetros al sur de Santiago y a unos 500 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto El Tepual, en Puerto Montt.
Poco después de conocido este hecho, una circular emitida en Santiago por el juez de aviación prohibió a los medios de comunicación informar sobre lo sucedido "por cualquier medio", atendiendo a que "habían circulado versiones que no se ajustan a la verdad y que se pronuncian irresponsablemente sobre aspectos técnicos".
En efecto, ya habían circulado informaciones que colocan este "accidente" en la misma línea de otros ocurridos anteriormente, en especial de aquél que costó la vida al entonces ministro de Interior y segundo hombre en la jerarquía del Ejército, general Bonilla.
Omar Bonilla, un general de orientación demócrata-cristiana y con pretensiones populistas, intentó desde siempre lograr una base de apoyo en la población civil. Sus visitas a los barrios "callamás", rodeados de un fuerte esquema de seguridad, destacaban el aislamiento de la Junta. Ya en esa época, a principios de 1975, se conocía un plan destinado a apartar a Pinochet de su cargo y abrir el clásico período posterior al golpe en América Latina: el de la normalización convocando a los civiles a participar en un gobierno de transición. Pinochet recurrió a los servicios especiales de la policía política y Bonilla murió en la caída del helicóptero que lo transportaba.
Ahora le tocó al comandante de la guarnición aérea de Santiago y jefe del Comando de Combate, general Osvaldo Latorre. Otros cuatro oficiales de alto grado también se encuentran entre las víctimas.
Hace ya algún tiempo que se sabía que la Fuerza Aérea en general y en particular la guarnición de Santiago, estaba dando muestras de divergencias de criterios con Pinochet.
Cuando el presidente d ela Junta anunció su proyecto de "institucionalización" que abriría el camino al regreso del sufragio universal, por lo menos hasta 1981, otro miembro de la Junta, el comandante de la Fuerza Aérea, general Leigh, declaró públicamente su desacuerdo con el plazo establecido, que clasificó de "excesivamente largo".
La respuesta de Pinochet no se hizo esperar atacando a la Fuerza Aérea en la persona de su hombre más destacado, el general Latorre, que tenía el cargo clave de "comandante de combate".
La gran depuración del general Pinochet  
La situación en el seno de las Fuerzas Armadas chilenas, especialmente en el Ejército, no dejó de inquietar a Pinochet un solo instante después del golpe de estado contra Salvador Allende. La crisis económica que --pese al actual tratamiento de "choque"-  no puede ser superada, las condiciones por parte de la comunidad internacional, la actividad de la Iglesia, el paso a la oposición de la democracia cristiana, o la aparición de una corriente contestataria en el seno de los sindicatos tolerados y, en general, el descontento de la población, que se manifiesta de mil maneras, generaron un proceso creciente de desaliento y desconfianza de los altos mandos castrenses.
La tradicional rivalidad entre las diferentes armas del Ejército es hoy alimentada por rencores originados por la excesiva preponderancia del arma de Infantería --a la que pertenece Pinochet-- que abarca casi todo el generalato y diversos puntos clave. Partiendo del criterio de que "quien manda en el Ejército manda en el país", Pinochet cumplió una dura tarea para consolidar su poder. Apoyado en la todopoderosa DINA (Dirección de Informaciones Nacional), cuyos jefes responden directa y personalmente y delante de Pinochet, concentró, así, el poder en sus manos y lo ejerce implacablemente para limpiar el campo de rivales que pudiesen ensombrecer su poder.
Así, uno a uno, fueron eliminados los generales que programaron y consumaron el golpe del 11 de septiembre. De los 26 que estaban al servicio activo en esa época solo cinco, además de Pinochet, sobreviven a las depuraciones internas. Ellos son Hernán Brady, César Raúl Benavides, Carlos Forestier, Javier Palacios y Washington Carrasco, todos del arma de infantería y, curiosamente, todos con cursos realizados en academias militares norteamericanas, como Forte Benning, o en las bases antiguerrilleras de la zona del canal de Panamá.
¿Pinochet hasta 1991?  
Una etapa importante en esa gran depuración fue el pase a la reserva de los generales Arelano Stark, Bravo Munot y Court, que se realizaron en enero de 1976. Arellano Stark es tristemente célebre por una inspección que hizo en septiembre de 1973, días después del golpe de estado, durante la cual ordenó el fusilamiento de una cincuentena de partidarios del presidente Allende, en su mayoría dirigentes y militantes del Partido Socialista. En 1970 eran conocidas sus simpatías por el presidente Frei y por la democracia cristiana. A principios de 1975 comenzaron a correr rumores acerca de desacuerdos en la cúpula militar y señalábase a Arellano Stark como el cabecilla. Una grabación efectuada por la DINA durante una comida en casa del general Bravo Munez y en la que participaron Arellano Stark y Jorge Court, fue el detonador de la crisis que acabó con sus retiradas. En esa conversación habían hablado de la necesidad de no separarse y de crear una base de apoyo, convocando a políticos de simpatías democráticas, Frei entre otros.
Arellano Stark no fue eliminado físicamente, pero fue confinado a dirigir el club hípico de Santiago. De alguna manera tuvo más suerte que sus pares, Bonilla y Latorre.
Observadores de la capital andina hicieron notar que, a medida que fueran aumentando las presiones internas y externas en el sentido de producir alteraciones y apartar a Pinochet, más frecuentes y violentas serán las depuraciones, hasta que el medicamento sea administrado al propio presidente de la Junta.
Los que analizaron la respuesta de Pinochet a los planes de cambios, la respuesta que se sintetiza en el proyecto de quedar por lo menos hasta 1991 y su decisión de oponerse incluso por la fuerza a las alteraciones originadas por decisiones internas del ejército, coinciden en augurar un mal fin a Pinochet.
En la medida en que el mismo excluya la posibilidad de una salida negociada y promueve "accidentes", nada impedirá que a su vez otro "accidente" libere el camino del principal obstáculo a una salida negociada. Salida que contaría con las buenas gracias de la administración Carter y con el consenso de importantes fuerzas reformistas en el interior de Chile, aunque no es muy probable que esa salida se ponga en marcha a corto plazo. (Diario de Noticias, Portugal, 11-8-1977).

Hay una palabra que se utiliza una y otra vez para calificar a los inmigrantes que ingresan a un país sin haber cumplido con los trámites consulares o aduaneros establecidos por las autoridades del mismo: ilegales, término que emplean la mayoría de los medios de comunicación de todos los países, con independencia de su orientación editorial o política.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, ''ilegal'' significa ''Que es contra la ley''. ''Ley'', añade, es ''Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas . Precepto dictado por la ley competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados''.

A tenor de esa definición no se puede decir con fundamento que la inmensa mayoría de los migrantes y en especial los de los sectores más empobrecidos, estén ''contra la ley''. Otra cosa sería que el término fuese utilizado para referirse a sectores minoritarios y multimillonarios que entran y salen de los países sin problemas, aunque muchos de ellos pertenezcan a mafias que participan en el negocio del narcotráfico, la prostitución o la venta de armas.


En la definición de la RAE también se expresa que la ley es un precepto por el que ''se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados''. Vale decir, si fuera correcto aplicar ese término, que los inmigrantes calificados de ''ilegales'' serían personas que estarían en contra de la justicia y del bien de los gobernados, o sea de los ciudadanos.


Pruebas de que muchos medios califican de esta forma a los migrantes las hay a miles y en todos los países. Por ejemplo, el diario en español de mayor venta en el mundo, Clarín, de Buenos Aires, el 22 de septiembre tituló una noticia ''El drama de los inmigrantes ilegales'' en la que informó sobre Ghosts, una película del británico Nick Broomfield, en la que éste para condenar la discriminación narra el drama de 23 inmigrantes chinos muertos mientras recogían mariscos. Broomfield no utilizó el término ''ilegales'' para referirse a ellos, pero el diario sí lo hizo.


Otro diario argentino, Página12, una semana después puso de título a una nota ''Todos los gobiernos proponen la lucha contra la inmigración clandestina como uno de los principios de su acción'', hablando en el texto de ''ambas migraciones, la clandestina y la legal''.

En la misma línea titularon el diario Los Tiempos, de Bolivia, al decir el 22 de septiembre que ''Las tragedias y los efectos de la inmigración ilegal serán el plato fuerte del Festival de Cine de San Sebastián'', el mexicano El Universal titulando el uno de septiembre que ''Los inmigrantes ilegales ven cada vez más difícil hallar trabajo en Estados Unidos'' y el español El País informando el 14 de septiembre que ''Senegal suspende la repatriación de inmigrantes ilegales llegados a Canarias''.

Los ejemplos son inacabables, en todos los países; en Brasil, La Folha de São Paulo, informó el uno de octubre de que Estados Unidos programa una muralla a lo largo de la frontera con México ''como forma de combater a imigração ilegal'', el chileno El Mercurio, dos días antes informó que ''al detectarse un bus que transportaba a inmigrantes ilegales desde la zona norte hacia la capital, el Gobierno anunció que promovería una reforma a la Ley de Extranjería, para penalizar a las bandas que organizan tal transporte''. El término ''ilegal'' se utiliza incluso cuando se informa acerca de hechos que se proponen reivindicar positivamente a estas personas, como ha sucedido con la presentación en el Festival Internacional de Cine de Venecia de la película ''Children of Men'' del mexicano Alfonso Cuarón. En esta ocasión el lenguaje utilizado por el diario El Comercio, de Ecuador, aún informando correctamente sobre la intención del cineasta de mostrar el sufrimiento de los inmigrantes, los califica de ilegales al poner que la película muestra ''Una ciudad contaminada y en conflicto, con ataques terroristas, en el que los inmigrantes ilegales son encerrados en campos de refugiados y las mujeres se volvieron infértiles''. Así, al referirse a una obra cinematográfica orientada a defender los derechos de estas personas la información falla en lo fundamental, pues califica a las mismas de manera injusta y agraviante al agregar la palabra ''ilegales''. Bastaba con poner ''inmigrantes''.


CON LA LEY Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL
No caben dudas de que las personas que ingresan a un país sin contar con los visados u otros papeles exigidos en el mismo no son clandestinas ni ilegales, pues por ese solo hecho no están actuando contra la ley o la justicia. Y si, en principio, deben primar las leyes nacionales, no se deben dejar de lado los acuerdos y convenciones internacionales, así como las normas que desde tiempos inmemoriales rigen los usos y costumbres.

Por ello es exigible que el mundo periodístico y los responsables de los medios de comunicación seas conscientes de que existen acuerdos, declaraciones y compromisos globales sobre los derechos humanos y que, aunque algunos países no los acepten o respeten, para los periodistas deben ser una severa guía de conducta. Y así como cuando se informa sobre actos de violencia es necesario diferenciar entre ''terroristas'' e ''insurgentes'', con independencia de lo que ''legislen'' los estados respectivos, al hacerlo sobre migraciones se deben manejar idénticos criterios, ateniéndose al bien común.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos suscripta en 1948 a poco de haber sido fundada la Organización de las Naciones Unidas, comienza su preámbulo estableciendo que ''la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana'' y en su primer artículo especifica que ''Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros''.

En 1966 esta declaración se amplió con un Pacto que en su artículo quinto puntualiza: ''No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado''. Es decir que ninguna ley o reglamento podrá restringir o menoscabar los derechos fundamentales y en especial los reconocidos en la Declaración Universal cuando ésta concreta que los ciudadanos del mundo deben ser ''libres e iguales en dignidad y derechos'', recordando que ''no podrá admitirse restricción'' a esos derechos fundamentales mediante leyes, convenciones, reglamentos o costumbres.

Posteriormente se firmó una convención de la ONU (1990) sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, en consonancia con los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya en 1919 se pronunció sobre la reciprocidad de trato a los mismos, a los que se agregaron años después otros acuerdos y tratados.
Asimismo, en el ámbito iberoamericano hay que tener presentes las declaraciones de los gobernantes de los 22 países que en las dos últimas décadas se han referido a este tema en las Cumbres Iberoamericanas, descartando utilizar en todas sus declaraciones el concepto de migrantes ilegales, clandestinos o similares.

En consecuencia, no hay que olvidar que cuando con buena voluntad y procurando no usar el término ''ilegales'' se habla de ''inmigrantes irregulares'' tampoco se acierta, pues se estaría diciendo que éstos no cumplen las reglas, siendo que es regla o ley aquello que ''se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia'', según la RAE, cuyas definiciones son aceptadas por las demás academias de la lengua española.

Y si leemos en el DRAE lo que se entiende por justicia vemos que es ''Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón o equidad. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. Aquello que debe hacerse con derecho o razón''.


NO HAGAS LO QUE NO QUIERAS QUE TE HAGAN
En consecuencia, si se trata de dar a cada uno lo que le corresponde ''con derecho o razón'' no caben dudas de que el derecho, la razón y la equidad están a favor de que a los migrantes se les reconozcan sus derechos. ¿Cuáles son los límites? Los que se aplican a los demás ciudadanos del país: no delinquir y cumplir las leyes y normas de convivencia existentes en el mismo. Mientras los migrantes cumplan con ellas no pueden ser calificados de ilegales, tampoco de irregulares, si por ser regular se entiende que no se está infringiendo la ley.

Otra alternativa, que se suele utilizar, es la de calificarlos de ''sin papeles'', aunque tengan documentos de identidad de su país de origen. Si bien puede tener una connotación negativa, esta de ''sin papeles'' no es tan dura como las otras dos definiciones y ya se sabe que entre todos los males conviene siempre elegir el mal menor.

Los periodistas y los responsables de los medios de comunicación deberíamos tomar esto en cuenta y unirlo a lo tantas veces dicho respecto de la xenofobia, el racismo y el patriotismo mal entendido, que llevan a despreciar a los inmigrantes por el solo hecho de tener otro color de piel, profesar otra religión, hablar otro idioma o simplemente venir de otro país.
Y todo ello habría que hacerlo, para ser ''legales'', teniendo presente lo que dijo Voltaire: ''El derecho humano no puede fundarse en ningún caso más que en el derecho de la naturaleza y el gran principio universal: No hagas lo que no quieras que te hagan''. (Bitácora, Uruguay, junio 1994)

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