En Madrid, Alianza por el Clima, una coalición estatal de más de 400 organizaciones no gubernamentales (ONG) entre las que se encuentran las principales ecologistas de España, ha presentado este martes su propuesta para una futura ley de cambio climático impulsada por el gobierno, con el objetivo de lograr “un futuro energético descarbonizado y basado al 100% en energía renovable” en 2050.

   El pasado 23 de noviembre, la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso estatal aprobó una resolución para instar al Gobierno a elaborar una ley en esta materia. El presidente gubernamental Mariano Rajoy se había comprometido a impulsar una legislación sobre Cambio Climático durante la Cumbre del Clima de la ONU hace un año en París, pero todavía se sabe casi nada sobre el contenido del texto, que no ha iniciado aún el proceso para su redacción. Pero la ministra de medio ambiente, Isabel García Tejerina, argumentó que el objetivo de la normativa era el de aunar bajo un solo marco las directivas europeas con las que España debe cumplir en este sentido, y pidió que lo aprobaran todos partidos.


   El documento presentado hoy por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que será entregado de inmediato al Ministerio de Medio Ambiente y a todos los partidos políticos, recoge propuestas más ambiciosas, como lograr una senda continua de reducción de emisiones”. “Se ha elaborado con el consenso de más de 400 organizaciones siguiendo la senda de lo posible. Creemos que es factible y no es tan concreto como para atar mucho el tema, pero marca la línea entre seguir adelante con lo que estamos haciendo o realizar el cambio que necesitamos para luchar contra el cambio climático”, ha argumentado Javier Andaluz, de la ONG Ecologistas en Acción.



    El objetivo de reducción de emisiones que tendría que asumir España en 2020 y 2030, según lo propuesto en la Directiva Europea de Reparto de Esfuerzo, no supone un fuerte impacto para nuestro país. De hecho, España podrá tener en esos años unos niveles de emisiones superiores a los que había en 1990, año de referencia para el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas. Por eso, las ONG piden “amplitud de miras a los responsables políticos”.


   “Dejar gran parte del esfuerzo de nuestro país para después de 2030 supondría mayores costes económicos, ecológicos y sociales para el conjunto de la población. Para que la ley cumpla el objetivo de mitigación es imprescindible que contemple presupuestos de carbono decrecientes para 2020, 2025 y 2030 y sendas de reducción de emisiones acordes con los mismos para llegar, como indica el IPCC, a la total descarbonización en 2050”, señala el texto de Alianza por el Clima, que además de ecologistas, agrupa a sindicatos, colectivos sociales y católicos.


   El documento de la coalición presenta además una batería de medidas a implantar en diferentes sectores (energético, industria, transporte y movilidad, bosques y diversidad, agrario, residuos y edificación), entre las que se incluyen una auditoría de los costes energéticos, la potenciación únicamente de las inversiones en energías renovables, reducir el número de sectores con asignaciones gratuitas de derechos de emisión, una ley de movilidad, limitar el aumento de la capacidad de las instalaciones aéreas, la electrificación del parque automovilístico y el desarrollo de la red ferroviaria convencional, la modificación de las políticas agrarias para fomentar la agricultura ecológica y la ganadería extensiva y local, y un impuesto a las emisiones derivadas de la incineración de residuos, entre otras muchas.