Hay momentos en la vida de todo hombre en los que asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla sabido asumir dignamente durante los casi cinco años que he sido presidente del Gobierno. Hoy, sin embargo, la responsabilidad que siento me parece infinitamente mayor. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las que presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de UCD.

    No es una decisión fácil. Pero hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos, en los que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy, en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia».


   Así comenzaba el importante discurso televisivo de Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981 por el que comunicó a los españoles su decisión de dejar el Gobierno después de unos años espectaculares en los que se implantó, tras 40 años de dictadura, la democracia en nuestro país. Seguía diciendo Suárez: «Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona, que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación».


   Y, en consecuencia, añadía: «Algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y comportamientos. Y yo quiero contribuir con mi renuncia, a que este cambio sea realmente posible e inmediato. Debemos hacer todo lo necesario para que se recobre la confianza, para que se disipen los descontentos y los desencantados. Y para ello es preciso convocar al país a un gran esfuerzo. Es necesario que el pueblo español se agrupe entorno a las ideas básicas, a las instituciones y las personas promovidas democráticamente a la dirección de los asuntos públicos».


   En definitiva, la causa de la dimisión de Suárez no era algo en concreto que se le pudiera imputar. Lo hacía, sin embargo, porque las circunstancias del momento hicieron que se concentrara en su persona una desconfianza que creía perjudicial para España. En efecto, la amenaza de un golpe de Estado en el que parecían estar implicados políticos y altas instituciones del Estado, le llevaron a afirmar que no quería que «el sistema democrático de convivencia fuese, una vez más, un paréntesis en la Historia de España».


   Pues bien, si traigo a colación estas profundas palabras de Adolfo Suárez es porque en los actuales momentos estamos asistiendo también a una situación que me atrevo a definir como casi tan grave, aunque sin violencia, como la que se vivía en 1981. El volumen de lo que Suárez quería impedir con su inesperada dimisión había alcanzado ya tales dimensiones que, un mes después de su renuncia, el engranaje del golpe de Estado ya no se pudo parar. Sin embargo, como se suele decir, «Dios escribe derecho con renglones torcidos», pues si el golpe con el objetivo de entregar la Presidencia del Gobierno al general Armada fracasó, se lo debemos paradójicamente al teniente coronel Tejero, quien, con su brusquedad militar en el Congreso, lo neutralizó, no dejando entrar al general Armada. En efecto, el verdadero y más peligroso golpe de Estado no era el que quería Tejero, sino el que se había planificado desde altas esferas, porque, de haber triunfado, hubiese sido un auténtico drama para España.   


   A Tejero, dicen algunos, habría que hacerle una estatua, porque con su zafiedad hizo fracasar el golpe que deseaban aquéllos que afortunadamente rectificaron a tiempo, cuando comprobaron a dónde podría conducirnos. Sea lo que sea, la situación de España hoy, por supuesto, no es idéntica, pero es parecida. Llevamos casi nueve meses sin Gobierno, en un Estado que se desmorona, tras dos elecciones. Y si no se logra la investidura de Rajoy el próximo día 30 de agosto, tendremos que repetir unas terceras, algo nunca visto en una democracia europea y que nos conduce a tener que definir a nuestro régimen político como una tontocracia.


   Por lo pronto, si repasamos las posibilidades que existen teóricamente para volver a una democracia que evite una inestabilidad gubernamental que podría ser nuestra ruina, sólo aparecen tres opciones: una primera, buena pero imposible por ahora; una segunda, probablemente inútil para cambiar algo pero práctica para desbloquear la situación; y una tercera, que sería entrar en la vorágine de unas nuevas elecciones para que todo siga igual. Veamos con más detalle las opciones.


   La primera sería hacer de tripas corazón y componer un Gobierno de gran coalición con los tres partidos constitucionalistas. Pero esta opción, que sería la que podría sacar a España del marasmo en que se encuentra, no es válida tanto por Rajoy -que finge que la quiere, pero que no la desea en el fondo- como por Pedro Sánchez -al que le produce urticaria sólo pensar en integrarse en un Gobierno presidido por aquél-. Así pues, no es factible en la actualidad. Ni siquiera en sus variedades de pacto de legislatura o de pactos individualizados. El «no es no».

La segunda opción parece más real, y sería la de un Gobierno del PP, bien con la integración o el apoyo de Ciudadanos, bien con su abstención técnica para lograr la investidura. Esta posibilidad parece que es posible, pero con una gran ambigüedad. En efecto, la decisión de Albert Rivera de exigir que el PP acepte seis condiciones puede que sirva para la investidura, pero no para gobernar. Ciertamente, sería la primera vez en España que un Gobierno dispusiese solamente de 137 diputados, lo que equivale a decir que la moción de censura, regulada en el artículo 113 CE, que hasta ahora ha sido una posibilidad utópica, podría convertirse en realidad a los pocos meses del Gobierno de Rajoy.


   Por el momento, tuvo lugar la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP convocada para «someter a debate y aprobación las condiciones de C's», según un tuit de Rajoy de 10 de agosto, transformado en otro tuit de 17 de agosto en el que éste afirmaba «he convocado al CEN para que me autorice a negociar con Ciudadanos y he obtenido su respaldo». Luego la impresión que se obtiene es que, una de dos: o debatieron las seis condiciones de Ciudadanos, pero no quieren explicar lo que pasó dentro; o bien no dijeron nada limitándose a dar carta blanca a Mariano Rajoy. Ambas posibilidades no sólo son absurdas, sino contradictorias, pero, en cualquier caso, lo preocupante es que la resolución de esas condiciones de Ciudadanos, aunque el PP no las haya rechazado abiertamente, me parecen que quedan ad kalendas graecas.


   Es evidente que lo que está poniendo de relieve la actualidad es la exactitud de la frase de un periodista hispano-británico, John Carlin, quien expresó no hace mucho que «Rajoy es un portero que no se mueve, pero al que nadie mete un gol». Esto es, con ello, en mi opinión, Carlin quiere significar dos cosas: por un lado, que Rajoy es un inmovilista puro, al que no le gustan los cambios por mínimos que sean. Y, por otro, que los líderes de los otros tres partidos más importantes de España, son unos pardillos a los que Rajoy enreda continuamente. Por eso, a pesar del enorme mérito de Albert Rivera, que es un futuro presidenciable de España cuando madure algo más, y que es quien más está haciendo por desbloquear y regenerar la vida española, me temo que sin quererlo ha entrado en el gran paripé preparado por el astuto Rajoy. Ojalá me equivoque.


   Pero aceptemos que en la investidura del próximo día 30, a falta de seis votos a favor que Rajoy no conseguirá en la primera votación, tendrá que lograr en la segunda que 11 diputados se abstengan o vayan al restroom para que pueda obtener la mayoría simple. Ardua tarea, pero posible dentro de lo que cabe. Ahora bien, si no fuese así, desembocaríamos en una situación contradictoria. Por un lado, al menos con la investidura fallida del líder del PP, empezaría a correr el plazo para las nuevas elecciones, acabando así con el bloqueo. Pero, por otra, las nuevas elecciones serían un desastre nacional sin paliativos por varias razones.


   En primer lugar, porque los resultados de las mismas es muy posible que sean muy semejantes a los últimos de junio, aunque no hay que descartar que la perversidad de Rajoy habiendo elegido el Día de Navidad para votar, favorezca especialmente a su fiel electorado, mientras que muchas personas por unas u otras razones no podrán o no querrán hacerlo. En segundo lugar, sería un descrédito internacional que no nos beneficiaría en absoluto, porque, además, habría que haber resuelto, frente a Europa, el techo de gasto, la aprobación de los presupuestos, etcétera. Lo que significaría que todo lo que se ha avanzado en el terreno económico en estos cuatro años se podría perder en cuatro meses. Y, por último, entraríamos en una grave crisis institucional con el avance de los separatistas, porque la maquinaria del Estado llevaría más de un año sin funcionar.


   De ahí que lo deseable sería que no entrásemos en otro periodo electoral, aceptando que la solución mejor para España sería que Rajoy siguiese el ejemplo de Suárez. Esto es, si fracasa en la segunda votación de investidura, debería presentar su renuncia, porque esa decisión sí que desbloquearía definitivamente el corsé que nos tiene agarrotados. Únicamente sería necesario entonces que con toda urgencia el PP eligiese, como sucedió en el caso de Calvo-Sotelo, un candidato para la Presidencia del Gobierno. Si esa persona fuera más abierta al cambio que Rajoy, podría volver a barajarse un Gobierno de coalición de los tres partidos constitucionalistas, única manera de llevar a cabo las reformas, incluidas las constitucionales, que necesita España, pues mientras Rajoy siga en el cargo son prácticamente imposibles.


   El actual presidente del Gobierno, que nadie duda de que es un patriota, debe por tanto reflexionar sobre las palabras que pronunció Suárez, quien, a pesar de que dimitió como presidente del Gobierno, se ha ganado un puesto de honor como el mejor político español del siglo XX. Pero, por si esto no es suficiente, Rajoy debe pensar también en el ejemplo que acaba de ofrecer Rafa Nadal, que a pesar de perder su tercera medalla olímpica, con su aleccionador partido contra el japonés, se ha asegurado ya el puesto del mejor deportista español de la historia, siendo un ejemplo para todos.

(Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial del diario El Mundo).