La importante ONG Amnistía Internacional, pidió hoy al gobierno y a los partidos políticos que incluyan una agenda bilateral en derechos humanos durante la visita a España del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien llegará el 9 de este mes y culminará su visita el once. La ONG señala que los acontecimientos registrados en los últimos tiempos en ese país confirman que en ese país la violencia armada afecta notoriamente a los derechos humanos y que el gobierno estadounidense debe abordarlos sí ó sí, sin ninguna duda.

   Con cerca de 15.000 homicidios intencionales registrados en ese país en 2012, último año del que existen cifras de la ONU disponibles, las cifras anuales de homicidios oscilan entre los 14.722 de 2010 y los 19.033 de 2001 y una tasa de homicidios por 100.000 habitantes del 4,7% en 2012 (un 60% de ellos cometidos con armas de fuego). A falta de datos oficiales, se calcula que, solo en 2015, la cifra de personas muertas por violencia policial podría oscilar entre 458 y más de 1.000, entre las que habría una cantidad desproporcionada de hombres negros.

   Según datos del reciente informe “¿Licencias para matar?” es necesario avanzar en el control y la transparencia del comercio de armas. En el primer semestre de 2015, España autorizó 174 licencias de material de defensa a Estados Unidos por importe de 131,3 millones de euros. La principal preocupación de Amnistía Internacional reside en el riesgo de que dichas armas puedan ser utilizadas para la comisión de delitos, en un país en el que las leyes estatales sobres el uso de la fuerza letal son demasiado permisivas: ninguna de ellas limita el uso de armas de fuego a su utilización como medida de último recurso.

   El pasado primero de julio Estados Unidos dio a conocer que ha habido civiles entre las víctimas mortales de los ataques con aeronaves no tripuladas (drones) desde 2009. Se trata de un cambio crucial respecto al hermetismo existente hasta el momento y un paso fundamental para acabar con este peligroso precedente. Para Amnistía Internacional, éste debe ser el principio de un necesario debate público sobre los ataques con drones.  En el informe Will I be next? US drone strikes in Pakistan, Amnistía Internacional ha documentado homicidios ilegítimos por parte de Estados Unidos en Pakistán mediante ataques con drones, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra.

   Estados Unidos continúa siendo uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, sólo por detrás de China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí. Desde que en 1977 el país reanudó la aplicación de la pena capital, más de 1.400 personas han sido ejecutadas a pesar de que a lo largo de estos años numerosos miembros y ex miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos han afirmado que la pena de muerte es inconstitucional en su aplicación. El uso de la pena de muerte en Estados Unidos continúa caracterizándose por los errores, las incoherencias, las disparidades raciales y sociales y, en varios casos, la falta de observación de disposiciones específicas del derecho internacional o de salvaguardias internacionales, como la ejecución de personas con discapacidad mental o de ciudadanos extranjeros que no contaron con la adecuada asistencia consular.

   Hace más de una década que el Comité contra la Tortura de la ONU dejó claro al Gobierno de Estados Unidos que las detenciones indefinidas sin cargos ni juicio en la base naval de Guantánamo constituían violaciones de la Convención contra la Tortura. Sin embargo, todavía hay 79 detenidos en el centro, a pesar de las reiteradas promesas de cierre del presidente Obama. Además, el Gobierno de Estados Unidos no ha investigado adecuadamente los casos de desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que tuvieron lugar dentro del programa de detención e interrogación de la CIA tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

   Cada año, más de 350.000 personas son detenidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos, a pesar de que la detención por motivos migratorios está reservada para situaciones excepcionales como último recurso, justificadas caso a caso y bajo supervisión judicial. Sin embargo, las personas migrantes son retenidas durante meses o incluso años sin ningún tipo de revisión judicial individualizada y en condiciones que violan los estándares humanitarios estadounidenses e internacionales. Especialmente preocupante es la situación de quienes llegan a la frontera sur huyendo de la violencia y la inseguridad en Honduras, El Salvador y Guatemala, entre ellos numerosas familias y menores no acompañados, a muchos de los cuales les correspondería el estatus y la protección de las personas refugiadas. Según un reciente informe de la ONU, al menos el 58% de los 68.541 menores no acompañados llegados en 2014 demostraron necesidad de protección internacional.

Amnistía Internacional ha pedido a los principales partidos políticos que transmitan estas preocupaciones de derechos humanos al presidente Obama y le insten a:


•    Garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los casos en los que existan motivos razonables para creer que los ataques con drones han provocado homicidios ilegítimos y se lleve a los responsables ante la justicia, en juicios públicos y justos, sin recurrir a la pena de muerte. También debe dar a las víctimas de ataques ilegítimos con drones, incluidos los familiares de las víctimas de homicidios ilegítimos, acceso efectivo a la justicia, la indemnización y otros tipos de reparación.


•    Promover una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en EEUU a nivel federal, como paso previo a su abolición, en línea con la decidida posición abolicionista de España.


•    Impulsar el cierre de Guantánamo y la liberación inmediata de todos los detenidos a quienes las autoridades estadounidenses no tengan intención de juzgar, la plena rendición de cuentas y la reparación a las víctimas.


•    Con motivo de la Asamblea General de la ONU sobre la crisis global de refugio el próximo 19 de septiembre y de la cumbre organizada por EEUU sobre el mismo asunto al día siguiente, ambos gobiernos deben promover que la comunidad internacional dé respuesta a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en el mundo.
Además, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que, antes de autorizar nuevas transferencias de armas y otros materiales españoles a Estados Unidos, evalúe si existe un riesgo sustancial de que esas exportaciones se utilicen para cometer homicidios o para que perdure esta situación (en un contexto de un elevado índice de estos delitos) y que adopte medidas para mitigar el riesgo de que armas españolas exportadas a Estados Unidos se usen en crímenes de derecho internacional en los conflictos armados en los que está implicado este país o se reexporten o utilicen para la comisión de delitos. (IPS_Madrid, 8-7-2016).