La derecha conservadora sufrió hoy la primera gran crisis política provocada por la convocatoria para el 12 de marzo próximo de un referéndum sobre la pertenencia de España a la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN).

   La diputada y secretaria segunda del congreso de los diputados y dirigente histórica de Alianza Popular (AP, el principal partido de la oposición), María Victoria Fernández-España, anunció en rueda de prensa su renuncia a la militancia en esa agrupación, por disentir sobre la posición en el referéndum.

   La Coalición Popular (CP, en la que AP es el partido dominante), decidida partidaria de una integración plena de España en la Otan, propugna la abstención en el referéndum. Su líder, Manuel Fraga, afirma que esa convocatoria “es un asunto interno de los socialista” y que persigue un plebiscito gubernamental. Fernández-España sostiene que una política coherente de AP sería votar afirmativamente, aunque coincidiera en ese aspecto con el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

   “No puedo seguir militando en un partido que en un trance de tan singular gravedad pide a sus 200.000 militantes una abstención que considero un ´no´ a la Otan y, en consecuencia, un ´no´ a Europa”, señala la diputado en un comunicado entregado al comenzar la rueda de prensa.

   La senadora y secretaria de asuntos internacionales del PSOE, Elena Flores, expresó su satisfacción por la renuncia y señaló que “hay indicios de que dirigentes de AP se están descolgando” de la política de Fraga y que “ha llegado la sensatez”, motivada por la preocupación por el futuro de España. (IPS Madrid, 5-3-1986).

   Después de cinco tensos días, convulsionados por atentados, amenazas de bombas, violentas manifestaciones ultraderechistas en las calles y toda suerte de rumores, en la tarde del 30 de mayo Adolfo Suárez logró del congreso de los diputados un expreso y mayoritario apoyo

   El día anterior, con el trasfondo de los ultraderechistas de "Fuerza Nueva", armando barricadas, quemando vehículos y promoviendo desórdenes en barrios aristocráticos, el diario El Imparcial pedía "un gobierno de salvación", los rumores más benignos daban como segura la renuncia de los dos vicepresidentes del gobierno y los más osados daban por renunciado al mismo Suárez.

   El aludido pleno del congreso comenzó su sesión vespertina con la lectura de una "declaración institucional contra el terrorismo", aprobada por todas las fuerzas parlamentarias y con la sola abstención de los minoritarios integrantes del "grupo mixto" y  del "grupo de coalición democrática".

   La declaración "insta y apoya al gobierno de la nación, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a los órganos del poder judicial" para que, cumpliendo las leyes, "utilicen todos los medios a su alcance", "tendentes a erradicar el terrorismo".

   Después de condenar a "las bandas armadas" por realizar "un ataque frontal contra el estado", calificado de "estrategia consciente de provocación y terror", en contra de la democracia, el congreso denuncia "a los que se aprovecha n del clima de inseguridad", "para infundir el desánimo y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas".

   Suárez, en medio de gran expectación y después de ubicar a las causas de la violencia "en los momentos más críticos y difíciles", rindió homenaje a la serenidad de las Fuerzas Armadas y rechazó las acusaciones, provenientes de la derecha, de que su gobierno no tiene programa ni proyecto de vida.

   En una entrevista que le hice el 23 de abril de 1978, le pregunté al dirigente comunista Santiago Carrillo si él pensaba que podría existir en España un sistema de transición al socialismo teniendo un régimen monárquico y me respondió “Yo, en principio, teóricamente no veo ninguna incompatibilidad radical”. Y subrayó que "El Partido Comunista de España no renuncia en absoluto a lo que son los principios fundamentales del marxismo". Carrillo, sarcástico y sagaz, polémico y pragmático, reunía el raro privilegio de haber sido en el transcurso de un mismo año preso, clandestino, diputado, el primer comunista no gobernante invitado a Estados Unidos y un impulsor reconocido de la firma de los Pactos de La Moncloa que consolidaron el gobierno de Suárez.

    Había recordado al líder eurocomunista que el concepto de dictadura del proletariado en los clásicos marxistas significaba reemplazar el dominio de una minoría burguesa por su contrario, la hegemonía de una mayoría proletaria y le pedí que precisara si el PCE renunciaría a la dictadura refiriéndose a ese concepto o a la deformación represiva de carácter stalinista. Su respuesta fue contundente: “No renunciamos a la idea de una hegemonía de clase. Nosotros hablamos de la hegemonía de las fuerzas del trabajo y de la cultura, en una transformación socialista. Y pensamos que las condiciones específicas de Europa occidental permiten que esa hegemonía se realice respetando la democracia”.


   Precisamente en sus dos primeros años de gobierno Adolfo Suárez lideró con fuerza la construcción de la democracia en el país y en especial la elaboración y puesta en marcha de la Constitución por vía electoral, lo que se concretó al ser aprobada por el Congreso y el Senado el 6 de diciembre de 1978 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año.


   Las elecciones parlamentarias fueron criticadas por Javier Solana, uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien las consideró "una decisión equivocada", pues en opinión de su partido primero deberían convocarse las municipales y después las parlamentarias. Porque, decían los socialistas, realizar elecciones parlamentarias con los municipios todavía en manos de autoridades designadas por el franquismo otorgaría demasiadas ventajas a la derecha y al gobierno. El Partido Comunista también criticó la medida. En cambio el derechista Partido de Alianza Popular (AP) consideró oportuna la convocatoria pero a la vez rechazando que Suárez permaneciera al frente del gobierno hasta que se realizaran.


   Pese a esas acusaciones, está plenamente demostrado que a partir de ese momento la política se aclaró en todo el país, al concretarse a fondo gran parte de la democratización. El séptimo aniversario de la autonomía del País Vasco se celebró días después teniendo como fondo un atentado en el que fueron muertos un alto jefe militar y su familia, dos manifestaciones de signo antagónico y renovada polémica sobre los caminos para la paz en esa región. El estatuto de Guernica, llamado así por la histórica localidad donde fue redactado el 25 de octubre de 1978, resultó aprobado en referéndum en tres provincias vascas: Guipuzcoa, Alava y Vizcaya y estableció un régimen que permitió a esa región contar con parlamento y gobierno autónomos.


   Ya estaba dicho que la definición del poder político en España no llegaría por conciliábulos y coaliciones, precarias o consolidadas, sino por la vía electoral. Así lo determinó la decisión del presidente del gobierno,  Adolfo Suárez, comunicada después de la reunión del consejo de ministros celebrada el 29 de diciembre de 1978. Suárez ni siquiera esperó a que se secara la tinta del "Boletín Oficial del Estado" que el mismo día publicó la Constitución poniéndola en vigor para hacer uso de la potestad que ésta le adjudicó, de optar entre solicitar la investidura como jefe del gobierno en base a la vigente aritmética parlamentaria o disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

    Después de la referida reunión, Suárez se reunió con la ejecutiva de su partido y posteriormente llevó al rey Juan Carlos el texto del respectivo decreto, para su firma. Dijo en ese momento que el Rey siempre había conocido sus intenciones. Las elecciones parlamentarias se realizarían el jueves primero de marzo y las municipales el martes tres de abril. La decisión recibió fuertes críticas de la oposición de izquierda. Javier Solana, uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la consideró "una decisión equivocada", pues en opinión de su partido primero debían convocarse las municipales y después las parlamentarias. Pues, afirmaron los socialistas, realizar elecciones parlamentarias con los municipios todavía en manos de autoridades designadas por el franquismo otorgarían demasiadas ventajas a la derecha y al gobierno. Para el dirigente comunista Carlos Alonso la medida era "preocupante" y demostraría la incapacidad "tanto del gobierno como del PSOE para crear un gobierno de amplia mayoría democrática".

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