El Senado Argentino derogó el jueves 30 de mayo  la ley de subversión económica. Esta norma fue sancionada en 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Su promulgación tenía como objetivo permitir la condena de banqueros que colaboraban con los movimientos guerrilleros que actuaban en el país.

 

La ley permaneció olvidada por todos, incluso por el FMI, hasta que en los últimos tiempos algunos jueces apelaron a sus disposiciones para procesar a los banqueros que enviaron fondos de los depósitos fuera del país. La supresión de esta ley dificulta su juzgamiento.

 

La única figura penal a la que pueden recurrir en lo sucesivo los magistrados para recluir en prisión a los banqueros culpables es la de jefe de una asociación ilícita, las de defraudación o malversación son excarcelables.

 

La derogación también favorece a ex funcionarios –incluidos el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro de economía Domingo Cavallo y una larga lista integrada por todos los integrantes del directorio del Banco Central en los últimos años-.

 

 Las negociaciones y el debate que dieron fin a la conflictiva disposición duraron más de seis horas durante las cuales el resultado parecía incierto. Con este difícil logro el presidente Eduardo Duhalde, miembro del Partido Justicialista, obtuvo uno de los requisitos exigidos por el FMI para reiniciar las negociaciones sobre la concesión de nuevos créditos.

 

El proceso previo a esta decisión fue largo y arduo, hubo presiones por parte del Poder Ejecutivo y compromisos, secretos algunos y otros explícitos. Comenzando con la amenaza del Primer Mandatario de presentar su renuncia si no se aprobaba la derogación solicitada.

 

Las posiciones partidarias antes de la votación mostraron fisuras. En teoría el Partido Justicialista bregaba por la derogación y el radicalismo por la continuidad, con sectores minoritarios en uno y otro lado.

 

En la práctica la votación mostró al oficialismo apoyado por dos legisladores de partidos provinciales por un lado y un abanico formado por radicales, justicialistas disidentes, el Frepaso (Frente País Solidario), y partidos provinciales por el otro. Ocho senadores del Partido Justicialista, 22 del radicalismo, uno del Frepaso y tres provinciales emitieron votos en contra.

 

A pesar de su oposición manifiesta fue la presencia en el recinto del radicalismo lo que posibilitó formar “quorum” y el consecuente tratamiento sobre tablas del proyecto.

 

La actuación del ex presidente y actual senador radical Raúl Alfonsín despertó sospechas. Durante las horas previas sostuvo varias conversaciones con los representantes rionegrinos Amanda Isidori y Luis Falcó. Algunas versiones sostenían que su intervención tuvo la finalidad de asegurar que sumaran sus votos a los del resto del bloque pero otras se inclinaban a creer que fue emisario de Duhalde, con quien habría tenido un contacto previo por la mañana.

 

La senadora Isidori abandonó el recinto a pedido del gobernador de su provincia, Pablo Veroni. Su ausencia definió el resultado: el empate -34 a 34- se volcó a favor de la derogación por el voto del presidente provisional de la Cámara, el justicialista cordobés Juan Carlos Maqueda, quien en caso de empate su voto vale doble, o sea que puede desempatar.

 

Esta actitud sólo constituyó una muestra de las situaciones que se sucedieron a lo largo de la jornada. Hubo otras, tanto de los oficialistas como de los opositores que jalonaron la crónica del día. Un ejemplo: los legisladores rionegrinos fueron objeto durante todo el día de una estrecha custodia por  los asesores del bloque por temor a su deserción.

 

El senador del Partido Liberal por la provincia de Corrientes, Lázaro Chiappe que había perdido todos los vuelos de línea, viajó en el avión de Santa Cruz, que le envió Néstor Kirchner, gobernador de esa provincia.

 

El senador Rubén Martí fue, sin embargo, el ejemplo más dramático de la angustiosa pulseada: el cordobés se encontraba convaleciendo de un infarto. En una ocasión debió abandonar la bancada y someterse a la asistencia de un médico que recomendó se retirara, pero Martí declaró: “No quiero que me acusen de haber recibido una valija” (eufemismo por recibir soborno para cambiar la votación).

 

Dos legisladores provinciales han presentado una iniciativa para reemplazar la ley derogada. Modifica el artículo 174 del Código. En su artículo quinto establece que las causas en trámite por aplicación de la ley 20.840 “continuarán sustanciándose ante el mismo fuero hasta que se dicte sentencia con autoridad de cosa juzgada”. (Madrid, 2-6-2002)

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