El juez español Baltasar Garzón afirmó hoy que todos los países que integran la Unión Europea (UE) toleran paraísos fiscales que “constituyen el semillero más fecundo de la delincuencia económica organizada”.

 

   Garzón, conocido internacionalmente por el proceso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, aunque en España instruye resonantes procesos sobre narcotráfico, terrorismo y guerra sucia, habló en el Club Siglo XXI de esta capital, acerca de las dificultades y acciones que se deben de encarar para asegurar en la UE un espacio de seguridad, libertad y justicia.

 

   En su exposición analizó el espacio común europeo y lo que calificó de “fenómenos de la delincuencia transnacional organizada, el terrorismo y la inmigración ilegal”, así como los medios para combatirlos. Entre éstos detalló medidas para eliminar la extradición.

 

   “El Espacio Europeo se ha convertido en el objetivo para miles de personas que desde el Este y desde el Sur buscan una expectativa de vida mejor y en definitiva asegurar la subsistencia que en sus propios países cada día se torna más difícil”, dijo al comenzar su exposición.

 

   Para Garzón, “La existencia de territorios de la UE de opacidad fiscal o de menor riesgo fiscal es inaceptable, cuando éstos se convierten en las causas de la no cooperación judicial, tanto en delitos fiscales como de otro orden”.

 

   El lavado de dinero sucio proveniente del narcotráfico, la corrupción, la prostitución, el tráfico ilegal de inmigrantes y otros delitos, es una realidad que se refleja cotidianamente en la prensa y que es motivo de públicos comentarios, aunque se registran muy pocos casos de punición judicial.

 

    En opinión de este juez, “el lavado o blanqueo de dinero constituye la razón y el sentido, y por lo tanto es el centro neurálgico de la criminalidad organizada”. La UE, por su ubicación, marco jurídico y prosperidad económica, es un “campo idóneo” para la para la actuación de esas bandas.

 

   Aunque, aclaró, la mayoría actúa dentro de ese campo idóneo, pero sitúan su centro neurálgico en otras zonas, próximas o lejanas, pero con menor presión policial y judicial para disponer, así, de mayor operatividad y eficacia.

 

   Por ello, propuso que las medidas sean adoptadas en coordinación con los demás países bajo el amparo de un tratado todavía inexistente y podría ser, sugirió él, un Convenio de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional Organizada.

 

   Otro aspecto que Garzón considera esencial es que se establezca una nueva regulación de la legislación sobre vigilancias electrónicas audiovisuales, como el teléfono, balizas, internet, comunicaciones vía satélite y radiales.

 

   La jurisprudencia vigente “hace imposible la utilización de estos medios en investigaciones sobre criminalidad organizada o terrorismo”. Además, propuso que se legisle sobre los “arrepentidos”, es decir culpables que confiesan implicando a otros a cambio de obtener una reducción o el perdón de sus propias penas.

 

   Asimismo, consideró que se debe regularizar la actuación de los agentes encubiertos, su control y la incidencia de su actuación en la eventual provocación de un delito. Y establecer una seguridad efectiva y ayuda económica para esos agentes y para los testigos y peritos que colaboren con la Justicia.

 

   En relación con su propuesta de abolir lisa y llanamente los paraísos fiscales, dijo que un primer paso podría ser la eliminación de toda restricción a la cooperación jurídica internacional, “tanto respecto de los responsables penales directos como de las empresas instrumentales o los testaferros”.

 

   La asistencia judicial entre países, según Garzón, se debe producir de acuerdo con la legislación del país requirente y no al revés, como le sucedió a él en el caso Pinochet (1998/99) y está sucediendo en la actualidad en relación con militares argentinos a los que está procesando por la violación de derechos humanos durante la última dictadura que padeció aquél país (1976-83).

 

  Según Garzón las comunicaciones entre jueces de distintos países se deben producir de forma directa, “sin interferencia de las autoridades políticas”, un principio reconocido en el Tratado de Schengen, que regula temas de seguridad en la UE.

 

   Pero, también, dijo el juez con énfasis, se deben incorporar las nuevas tecnologías y así “la práctica de las diligencias testificiales, periciales y de imputados se deberían desarrollar bien directamente (con traslados temporales) o a través de sistemas de conferencia, videoconferencia, internet o vía satélite”.

 

   En todo caso, precisó, el examen debe ser hecho por la autoridad requirente, para evitar “el absurdo actual” según el cual esa autoridad es “una mera invitada de piedra”, pues los requisitos formales “se han convertido en una muralla insalvable para la cooperación”.

 

   Para Garzón, “el terrorismo es una actividad delictiva organizada que en España ofrece una presentación multiforme y diversificada, pero con un esquema ideológico común, cuando se habla de Eta (organización vasca ilegal)”.

 

   Por ello, planteó que las investigaciones sobre Eta “deben abarcar no sólo a la actividad violenta, incluida la callejera, parte fundamental de la estrategia terrorista, sino la actividad financiera empresarial o económica en general, así como a las estructuras políticas de las que se sirve”.

 

   Asimismo, subrayó que “el terrorismo es ajeno a todo tipo de planteamiento de delito político y así lo ha entendido la Unión Europea”. Ese planteamiento debería llevar a “una regulación en un Convenio Internacional que determine con carácter general ese principio, una definición uniforme del fenómeno y las normas para su persecución”. Esto también “constituiría el paso previo a la consecución del espacio único universal”.

 

   Garzón, quien periódicamente cursa órdenes de extradición, calificó a esa medida de polémica y arcaica, constituyendo a veces “la excusa para una ineficaz cooperación, o llanamente para impedirla”.

 

   Así como es perfectamente defendible la jurisdicción para juzgar un delito con independencia del lugar de comisión o de la nacionalidad del responsable, “se debería permitir sin restricción la entrega del imputado objeto de una orden de detención”.

 

   “Entiendo que si los delitos no han respetado fronteras o son de lesa humanidad, no se plantea una cuestión de soberanía ya que no hay un Estado perjudicado, sino unas víctimas que necesitan protección mediante la aplicación de la ley”, añadió.

 

    Garzón entiende que una vez iniciado un procedimiento penal, sólo puede y debe terminar por decisión judicial. Siendo esto así en el interior de un país, preguntó, “¿por qué ha de ser diferente cuando resultan afectados varios, al ser el delito transnacional?”.

 

   A este respecto recordó que el tema de la extradición (aludiendo al caso Pinochet) se suscitó recientemente y no se resolvió de manera satisfactoria, pues la decisión política “ha sido tomada a espaldas de las normas más avanzadas que marca el Estatuto de la Corte Penal Internacional”.

 

    De esa manera, “se ha perdido una oportunidad histórica para avanzar en la modernización de la figura de la Extradición, como un paso previo a su desaparición”. Y concluyó diciendo que hay que impulsar las soluciones sin esperar a que pasen los años, para que cuando estas lleguen no sea demasiado tarde. (Madrid, 18-5-2001)

Dos empresas españolas y una británica anunciaron hoy la creación del mayor grupo bancario europeo que operará a través de Internet en todo el mundo.

 

   El banco Uno-e, filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, el primer banco español) y la compañía Terra Networks, en la que el BBVA y Telefónica, ambos de España, comparten la mayoría accionarial,  y el grupo financiero británico First-e Group acordaron la creación del UnoFirst Group.

 

   Las dos compañías españolas comunicaron hoy este nuevo proyecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la comunicación exponen sus previsiones para la expansión de sus actividades por Internet en América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia.

 

   Al frente del nuevo grupo fue designado el español Manuel Galatas, actual máximo ejecutivo de E-Business (empresa del BBVA dedicada a los negocios por Internet) y del banco Uno-e, cuya función principal es atender por Internet a los clientes de su casa matriz.

 

   Un portavoz autorizado del BBVA dijo que el UnoFirst Group pretende ampliar durante este año sus servicios a nuevos mercados, y en una primera etapa se concentrará en Alemania y Portugal.

 

   El paso siguiente, quizás también dentro de este año, llevará las actividades de esa entidad a América Latina y en especial a Brasil, México, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, países donde ya tiene un fuerte desarrollo en la banca tradicional. La tercera etapa incluirá al resto de Europa, Estados Unidos y Asia.

 

   Las actividades del UnoFirst Group en América Latina y Europa requerirán de la instalación de filiales, en tanto que en los Estados Unidos y Asia se constituirán empresas conjuntas con entidades locales (“joint ventures”) que ya están actuando en esos mercados.

 

   A pesar de constituir a partir de ahora una nueva entidad, UnoFirst Group, el grupo mantendrá en sus actuaciones manteniendo sus marcas respectivas en cada uno de los países en los que operará.

 

   La mayoría de las acciones del nuevo grupo corresponden al BBVA y Terra Networks que, a partes iguales, tendrán un 67,5 por ciento. El 32,5 por ciento restante corresponderá al grupo británico.

 

   La inversión de las dos compañías españolas en el nuevo grupo suma 362 millones de euros.

 

   Telefónica es la mayor empresa española, con fuertes inversiones en medios de comunicación y con destacada presencia en América Latina, en especial en Argentina, Brasil, Chile y Perú.

 

   El BBVA es el resultado de la fusión del Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria, la recientemente privatizada corporación bancaria pública que, entre otros, posee el Banco Exterior de España. El banco fusionado es el primero de España por su capital y posee fuertes inversiones y filiales en América Latina, donde es también el primer banco extranjero.

 

   Antes de la fusión, el Uno-e tenía previsto llegar a 30.000 clientes en España en este ejercicio y a dos millones antes del 2003, contando con su actuación en América Latina.

 

   Esta operación hispano-británica es el resultado de la revolución digital en la banca, como se denomina al creciente uso de las nuevas tecnologías de la información. Un antecedente lo fijó la alianza del BBVA y Telefónica.

 

   Esa alianza, concretada en la última semana de febrero, incluye la actuación conjunta para alentar el comercio electrónico entre empresas, con la creación de mercados sectoriales y nuevos medios de pagos, así como el desarrollo de accesos a Internet desde teléfonos móviles.

 

   Hasta ahora la irrupción de los bancos españoles en Internet se ha venido realizando como un complemento de su actividad tradicional. La alianza del BBVA y Telefónica y la réplica de su competidor, el Banco Santander Central Hispano, que también anunció para dentro de pocas semanas una ofensiva en Internet, marcan un cambio de estrategia, que abrirá nuevos mercados y nuevas modalidades de actuación en ellos. (Madrid, 6-3-2000)

Dirigentes de  siete organizaciones políticas iraquíes en el exilio se pronunciaron a favor de que su país se estructure como un estado laico, federal, democrático y tolerante, tras reunirse el sábado y domingo en la capital española.

 

   La reunión, convocada por una fundación del gobernante Partido Popular (PP), fue criticada por la izquierda española por considerar que se realizó “por mandato” del presidente norteamericano, George Bush, y por iraquíes exiliados en este país, que se negaron a asistir a la misma.

 

   Las organizaciones representadas fueron el Congreso Nacional Iraquí, el Consejo Supremo de la Revolución Islámica Iraquí, Al Dawa, Cuadros de Al Dawa, Partido Comunista y Al Witaq. Además de la cancillería española, convocó la reunión la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FUNDAES), que preside el jefe del gobierno español, José María Aznar.

 

   Participantes en el encuentro, que se realizó a puertas cerradas, dijeron a IPS que se registró una fuerte discusión para aprobar la declaración final, que llevó a atrasar por más de dos horas el acto de clausura.

 

   En el borrador de la Declaración de Madrid presentado el primer día se consignaba un agradecimiento “al Presidente del Gobierno de España por su valiente decisión de apoyar los esfuerzos de los Aliados para liberar Iraq”, aludiendo al alineamiento de José María Aznar con su homólogo británico, Tony Blair y con Bush.

 

   Finalmente, el texto quedó como un agradecimiento “por haber inaugurado la conferencia, por su apoyo al pueblo iraquí y por haber contribuido a desenmascarar los crímenes del régimen dictatorial de Sadam Hussein, así como por su respaldo a la formación de un Gobierno iraquí independiente mediante un régimen democrático”.

 

   De esa manera se retiró el agradecimiento “por liberar a Irak”. Porque, dijo el poeta Kamal Sabti, exiliado en Holanda: “Irak es ahora mismo un país ocupado, no tenemos ninguna liberación que agradecer”.

 

   Otro cambio importante fue introducir una referencia al papel de la ONU en la reconstrucción de Irak. En el primer borrador se llamaba al gobierno español a participar en los esfuerzos de reconstrucción, solicitándole que interceda ante la Unión Europea y Estados Unidos para que ambos hicieran efectiva su labor en dicha reconstrucción.

 

   Finalmente se acordó poner un pedido al gobierno de España para “que inste a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a la ONU a participar en el apoyo al pueblo iraquí para su libre autodeterminación y para la reconstrucción mediante las ayudas humanitarias necesarias”.

 

   A este respecto, el responsable de asuntos internacionales de la tercera fuerza política española, la coalición Izquierda Unida, José Manuel Fernández, dijo a IPS que no se atendió a quienes querían que se destacara que la ONU debe tener el papel central en la reconstrucción y reorganización estatal iraquí.

 

   También, añadió, se nota la falta de una definición a favor de restablecer la legalidad internacional que, precisó, se rompió con la invasión a ese país. En la reunión plantearon la necesidad de hacerlo los representantes de Al Dawa, un partido de tendencia islámica shiíta, fundado en 1961 y reprimido por el régimen de Sadam Hussein.

 

   Las coincidencias a favor de un estado laico fueron totales, incluyendo al Consejo de la Revolución Islámica, que estuvo representado por uno de sus fundadores, Akram al Hakim.

 

   El dirigente islámico fue claro: “Ni la oposición ni el pueblo admiten un modelo iraní en el que en la cabeza del Estado haya un líder religioso que tiene concentrado todo el poder”.

 

   Otra cosa es, añadió, que se pida el respeto a la religión y que se permitan los cultos y ritos tradicionales. La declaración reclama el establecimiento “de un sistema democrático parlamentario, plural y federal, que respete los derechos humanos, las minorías, las confesiones religiosas y los derechos de la mujer. En la reunión estuvo Beyan Al-Aragi, identificada en la lista de asistentes como “esposa de un destacado Ayatolah (autoridad del islam chiíta)”.

 

   Amar Al-Safar, miembro del comité central de Al Dawa, considerado uno de los partidos islámicos más importantes, destacó que en la declaración se agregó la palabra “independiente” al párrafo que reclama “acelerar la constitución de un gobierno de coalición independiente de carácter transitorio con la participación de las fuerzas políticas y de los cuadros iraquíes”. O sea que no se quiere un gobierno o una autoridad extranjera gobernando el país, aclaró.

 

   José Manuel Fernández tras reconocer que “es positivo que todos los participantes apuesten por establecer un sistema democrático, libre y federal”, calificó de “escandalosa” la manera de convocar y organizar la reunión.

 

   Esa convocatoria fue hecha por el Gobierno español y la fundación del PP “por encargo, por instrucciones de la Casa Blanca”, finalizó. Además de los iraquíes participaron miembros del gobierno y de su cancillería, pero no fueron invitadas otras fuerzas políticas españolas ni otras organizaciones no gubernamentales.

 

      El Congreso Nacional iraquí fue creado en 1992, con la intención no lograda de agrupar a toda la oposición a Sadam Hussein. El Consejo Supremo de la Revolución Islámica iraquí, fundado en 1980, unifica o vincula a todos los partidos islámicos chiítas.

 

   Al Dawa nació en 1961, es considerado el partido islámico más importante, de tendencia shií y sufrió una gran represión bajo el régimen de Hussein. Su escisión, Cuadros de Al Dawa, es más laico. Al Witaq (el acuerdo) es de tendencia panarabista, integrado en 1980 por personas que rompieron con el entonces oficialista partido Baas.

(Madrid, 28-4-2003)

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