La monarquía solo puede ser útil a la sociedad si es democrática y aceptada por todos o por una inmensa mayoría, sostiene el Rey de España, Juan Carlos I, la personalidad pública mejor considerada por los españoles.

    El Rey tuvo actuaciones decisivas para la democracia española. Algunas de ellas de gran resonancia pública y efectos positivos, como la designación del entonces desconocido Adolfo Suarez para presidir el Gobierno a la muerte del dictador Francisco Franco y su oposición activa a un golpe de estado en 1981. Otras, de menor trascendencia, llevan el sello de la moderación y las realiza en silencio, ante los actores mas diversos y siempre lejos de cámaras y magnetófonos.
  
    Esa actitud, sus actividades diarias en los más diversos campos, públicos y privados, junto a un escrupuloso respeto de la Constitución, son las razones que convierten al Rey en la personalidad más apreciada por los españoles, segun todas las encuestas de opinión realizadas.

   En declaraciones al matutino madrileño Diario16, el Rey precisó que ''la monarquia hoy, en nuestros días, solo puede ser democrática y parlamentaria''. Es decir, la cabeza de un estado en el que los ciudadanos deciden por mayoría y a través del parlamento, como expresión de la soberanía popular. La Constitución vigente, aprobada por plebiscito el 6 de diciembre de 1978 reinando ya Juan Carlos I, establece que ''La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado''.

   No obstante, ya lleva varias semanas una ácida polémica acerca de una conjura republicana, a la que Juan Carlos I restó toda importancia, sin aceptar siquiera comentarla (''para mí no tiene la menor importancia, ni me preocupa en lo más mínimo'', dijo).
 
   La denuncia sobre esa conjura gano cierta credibilidad al haber sido acogida a principios del verano  por el influyente matutino barcelonés La Vanguardia y porque la realizó Jose Luis de Villalonga, un aristócrata y autor de la segunda biografía autorizada del monarca. Antonio García Trevijano, acusado de ser el cerebro de la tal conjura, escribió después un libro sobre la república que será presentado el miércoles 20 por Luis Maria Ansón, director del matutino ABC, monárquico de derechas.

     Junto a Ansón aparecían como implicados en la conjura otros periodistas, todos ellos críticos del gobierno presidido por el socialista Felipe González. Uno de los reproches que se realiza al Rey en baja voz en círculos derechistas es que no se pronuncie contra algunos aspectos de la política de González y que no propicie un rápido cambio de gobierno, algo que no podría hacer sin violar la Constitución.

   Sin embargo, la denuncia de la conjura no pudo ser sustentada con datos que prueben la intención de destronar al monarca, aunque hay elementos que permiten afirmar que existe una coalición de interesados contra el Gobierno, al que acusan de atenazar la libertad de expresión y de corromper todas las instituciones.

   Garcia Trevijano escribió en el matutino El Mundo que ''entre una monarquía parlamentaria, como la actual, y una república presidencialista, yo defenderé siempre a la república'', porque ''el presidencialismo es la única forma democrática de gobierno''.

   La irrupción republicana de Garcia Trevijano, quien fue un militante contra la dictadura franquista, además suscitó una serie de reflexiones sobre el papel de una monarquía a finales del siglo XX. El dirigente socialista Ernest Lluch, ex ministro y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se mostró sorprendido de que un periódico muy monárquico (ABC) exalte durante meses a Manuel Azaña, un prominente político de derechas de la Segunda República (1931-39).

   Lluch también recuerda que personalidades del conservador Partido Popular (PP) acariciaron actitudes republicanas en 1991-92 y que las abandonaron al mejorar sus posibilidades electorales, según las encuestas. Aunque su presidente, Jose María Aznar, no deja pasar día sin mencionar positivamente a Azaña.

   Para Lluch tanto los republicanos ''de mucha derecha o de extrema izquierda'', como sus compañeros en la ''prensa amiga'' (en alusión a El Mundo y ABC),  piensan que se puede tomar un atajo para desplazar a González del Gobierno, aunque se ponga en riesgo a la Corona.

   En ese sentido, apunta a la existencia de ''una campaña para crear un clima antimonárquico y en general de desgaste democrático contra los partidos, la monarquía y hasta las autonomías )organizacion de España por regiones)''.

   Ante esos ataques Lluch sostiene que ''hay que profundizar la democracia a partir de la Constitución de 1978 con la monarquia -incolume- incluida''. El Rector acuña una frase de ''republicanos con Rey'', para definir a los democratas y republicanos que aceptan y apoyan la monarquía encabezada por Juan Carlos I.

    El Rey, en sus declaraciones a Diario 16, señaló que el papel de la monarquía es esencialmente moral, ''cuidando muy especialmente no dañar a nadie, a ningún grupo ni componente de la sociedad española''.

   Cuando se le mencionan al Rey las turbulencias políticas y en especial la corrupción, uno de los temas más destacados de la actualidad española, responde sin titubeos: ''Ese es el tipo de cuestiones a las que un rey constitucional no puede responder. Para resolver tales problemas existen leyes, jueces, instituciones, parlamentos, gobiernos... Ellos son los encargados de resolverlos''.

   En suma, en una monarquía constitucional, parlamentaria y democrática, El Rey reina pero no gobierna y, como el señala, ''La monarquía no tiene ninguna varita mágica para resolver los problemas. La solución radica en aplicar --dentro del papel moderador que la Constitución otorga a la corona-- criterios de tolerancia y concordia. Pero siempre tras la aceptación de la institucion (monárquica). La monarquía no puede ser útil a la sociedad más que bajo estas condiciones''. (Madrid, 1994).

En la Unión Europea se está endureciendo cada vez más la política migratoria, de lo que un ejemplo es España, que tiene una larga tradición sobre migraciones, pero cuyas autoridades parecen haberse olvidado de las realizadas por sus ciudadanos hacia América en el siglo pasado. El sindicalista argentino Osvaldo Agosto recordó estos días que “en la Argentina se cobijó a nacionales y republicanos que huían de la Guerra Civil española (1936-39) sin preguntar de qué bando eran”. Y no fueron algunos dirigentes sino centenares de miles de personas, la mayoría de las cuales al llegar eran alojadas unos días en el Hotel de Inmigrantes, un alto edificio construido expresamente en las orillas del Río de la Plata para cumplir esa misión. España es un ejemplo, pero también lo fueron Francia e Italia. L clave está en una legislación internacional democrática y equitativa.

 

Sobre el carácter restrictivo imperante en la Unión Europea y que España y Francia profundizan hay ejemplos recientes. En la capital española, Madrid, fue retenido un niño de siete años, de nacionalidad argentina, por no tener carta de invitación pero sí pasaje de ida y vuelta. Arribó  acompañado por su padre, quien lo fue a buscar a Bolivia porque había fallecido el abuelo del niño, con quien éste vivía. Sus padres residen legalmente en España. Tras una denuncia judicial la policía finalmente le permitió entrar, por orden del juez.

 

Es de imaginarse lo que sufrió el niño retenido en las dependencias policiales del aeropuerto, hasta que sufrió una dura crisis de ansiedad, lo que fue tenido en cuenta por el juez para adoptar su resolución favorable a que ingresara.

 

Otro caso tuvo resonancia en junio, cuando se registró un hecho similar con un niño dominicano de sólo tres años de edad, quien llegó a España para reunirse con sus padres.

El 13 de julio se impidió entrar a siete adultos y cinco menores de edad arribados desde Venezuela para pasar unos días de vacaciones en España, con billetes de ida y vuelta y hoteles reservados. Todos fueron embarcados de vuelta a su país.


 

Eso ocurre una y otra vez. Un ejemplo es que en dos días, el 5 y 6 de octubre, arribaron a las costas españolas del Mediterráneo dieciséis pateras con decenas de inmigrantes, muchos de ellos menores de edad. Además, algunas de esas pateras zozobraron perdiendo la vida varios inmigrantes.

 

También es notoria la discriminación racial, denunciada en el diario marileño El País, que en un amplio informe detalló que hay una unidad de policía que para en la calle y en el metro de Madrid a personas de color, africanos y andinos y les pide papeles, deteniéndolos si no los tienen.

Con este panorama de fondo se está gestionando la reforma de la Ley de Extranjería, propuesta por el Gobierno basándose en una resolución de la Unión Europea. Un estudio realizado por el Grupo de Trabajo Migraciones y Desarrollo, integrado por una veintena de ONG, señala que de aprobarse la misma se restringirán aún más los derechos de la población extranjera no comunitaria, discriminando a las personas migrantes como colectivo y dificultando aún más su proceso de integración.

 

En toda esta situación en que se endurece la política hacia los inmigrantes se nota de manera clara la ausencia de un endurecimiento contra las mafias que se mueven tras la mayoría de los ingresos irregulares, sobre todo a través del Mar Mediterráneo. Y todavía más importante que ésto, falta el reconocimiento claro de que la migración masiva se origina en la pobreza extrema en la que viven inmensas poblaciones de Asia, África, América Latina y el este de Europa. Un reconocimiento claro que debería llevar a la modificación de las reglas internacionales de financiación y de comercio, para hacerlas democráticas y equitativas, de manera que los países empobrecidos puedan salir de esa situación. Ahí está la clave. (Madrid, 6-10-09)

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