En la Unión Europea se está endureciendo cada vez más la política migratoria, de lo que un ejemplo es España, que tiene una larga tradición sobre migraciones, pero cuyas autoridades parecen haberse olvidado de las realizadas por sus ciudadanos hacia América en el siglo pasado. El sindicalista argentino Osvaldo Agosto recordó estos días que “en la Argentina se cobijó a nacionales y republicanos que huían de la Guerra Civil española (1936-39) sin preguntar de qué bando eran”. Y no fueron algunos dirigentes sino centenares de miles de personas, la mayoría de las cuales al llegar eran alojadas unos días en el Hotel de Inmigrantes, un alto edificio construido expresamente en las orillas del Río de la Plata para cumplir esa misión. España es un ejemplo, pero también lo fueron Francia e Italia. L clave está en una legislación internacional democrática y equitativa.

 

Sobre el carácter restrictivo imperante en la Unión Europea y que España y Francia profundizan hay ejemplos recientes. En la capital española, Madrid, fue retenido un niño de siete años, de nacionalidad argentina, por no tener carta de invitación pero sí pasaje de ida y vuelta. Arribó  acompañado por su padre, quien lo fue a buscar a Bolivia porque había fallecido el abuelo del niño, con quien éste vivía. Sus padres residen legalmente en España. Tras una denuncia judicial la policía finalmente le permitió entrar, por orden del juez.

 

Es de imaginarse lo que sufrió el niño retenido en las dependencias policiales del aeropuerto, hasta que sufrió una dura crisis de ansiedad, lo que fue tenido en cuenta por el juez para adoptar su resolución favorable a que ingresara.

 

Otro caso tuvo resonancia en junio, cuando se registró un hecho similar con un niño dominicano de sólo tres años de edad, quien llegó a España para reunirse con sus padres.

El 13 de julio se impidió entrar a siete adultos y cinco menores de edad arribados desde Venezuela para pasar unos días de vacaciones en España, con billetes de ida y vuelta y hoteles reservados. Todos fueron embarcados de vuelta a su país.


 

Eso ocurre una y otra vez. Un ejemplo es que en dos días, el 5 y 6 de octubre, arribaron a las costas españolas del Mediterráneo dieciséis pateras con decenas de inmigrantes, muchos de ellos menores de edad. Además, algunas de esas pateras zozobraron perdiendo la vida varios inmigrantes.

 

También es notoria la discriminación racial, denunciada en el diario marileño El País, que en un amplio informe detalló que hay una unidad de policía que para en la calle y en el metro de Madrid a personas de color, africanos y andinos y les pide papeles, deteniéndolos si no los tienen.

Con este panorama de fondo se está gestionando la reforma de la Ley de Extranjería, propuesta por el Gobierno basándose en una resolución de la Unión Europea. Un estudio realizado por el Grupo de Trabajo Migraciones y Desarrollo, integrado por una veintena de ONG, señala que de aprobarse la misma se restringirán aún más los derechos de la población extranjera no comunitaria, discriminando a las personas migrantes como colectivo y dificultando aún más su proceso de integración.

 

En toda esta situación en que se endurece la política hacia los inmigrantes se nota de manera clara la ausencia de un endurecimiento contra las mafias que se mueven tras la mayoría de los ingresos irregulares, sobre todo a través del Mar Mediterráneo. Y todavía más importante que ésto, falta el reconocimiento claro de que la migración masiva se origina en la pobreza extrema en la que viven inmensas poblaciones de Asia, África, América Latina y el este de Europa. Un reconocimiento claro que debería llevar a la modificación de las reglas internacionales de financiación y de comercio, para hacerlas democráticas y equitativas, de manera que los países empobrecidos puedan salir de esa situación. Ahí está la clave. (Madrid, 6-10-09)

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