El futuro del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña, se dirime entre apelaciones al humanitarismo y la piedad hacia su persona y la aplicación de las normas y procedimientos judiciales invocados en su contra por terrorismo, asesinato y genocidio.


Pinochet está en detención preventiva en una clínica de Londres a instancias de la justicia española, desde el viernes 16. A partir de ese día se sumaron pronunciamientos jurídicos, sociales y políticos que, en su inmensa mayoría, apoyan su extradición a España para sere juzgado.


El juez español Baltasar Garzón ordenó este viernes el embargo de los bienes y cuentas bancarias del preso y de su familia, mientras críticos chilenos del ex dictador niegan que padezca problemas de salud tan grave como para impedirle enfrentar su responsabilidad ante la justicia.


En el entorno familiar y políticos de Pinochet en Londres se transmite la idea de que el preso está muy enfermo y que ni siquiera se enteró de su situación. Su esposa, Lucía Hiriart, afirmó el jueves que si su marido se entera “le da un ataque de rabia y se muere”.


El propio presidente de Chile, Eduardo Frei, pidió este viernes públicamente que se conceda un trato humanitario al reo, para lo cual invocó sus problemas de salud. Frei también llamó a los ciudadanos chilenos a evitar enfrentamientos entre los demócratas que apoyan dsla continuidad de los procesos judiciales y los partidarios de Pinochet que reclaman su libertad.


No obstante, ningún médico, privado o forense, avala las versiones sobre el mal estado de salud del ex dictador. Por el contrario, adversarios chilenos de Pinochet señalaron en Madrid que se trata de una campaña sin base real.

El abogado español Joan Garcés, director de un equipo jurídico que asiste a víctimas de la dictadura chilena, afirmó este viernes que la actitud del juez Baltasar Garzón responde a “un procedimiento estrictamente penal”, sin interferencias políticas.


Garcés expresó su respeto “por el presidente Frei, electo democráticamente, por la transición chilena, por el actual comandante del Ejército de ese país y por el propio Ejército que, como institución, está fuera del proceso”. Pero el abogado explicó que el proceso judicial se instruye contra “un reducido grupo de responsables de los crímenes, entre ellos Pinochet”.


Garcés expresó su “confianza y certidumbre en que la Audiencia Nacional, máximo organismo judicial español que entiende en el caso, avalará el próximo jueves la instrucción que realiza el juez Garzón”.


La Sala en lo Penal de la Audiencia deberá resolver ese día sobre un recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño, quien considere que la justicia española carece de competencia para entender en casos de terrorismo y genocidio perpetrados en Chile, aunque hayan afectado también a ciudadanos españoles.


Garcés calificó a Fungairiño de “abogado personal y abanderado de Pinochet” que “vulnera la Constitución”. El fiscal sostuvo que en Chile no se produjo genocidio, aunque condenó los que calificó de excesos y crímenes.


Garcés señaló que se trata de “intra-genocidio”, de genocidio dentro de una misma nación y recordó que ya los tribunales internacionales han condenado casos similares, como el del dictador Pol Pot en Camboya, país en el que una dictadura actuó contra sus propios nacionales.


Mientras se siguen produciendo pronunciamientos favorables al enjuiciamiento de Pinochet. El Parlamento Europeo aprobó por unanimidad el jueves pedir al gobierno español que solicite la extradición con la mayor rapidez.

Treinta y seis legisladores del Partido Demócrata, gobernante en Estados Unidos, pidieron el jueves al presidente Bill Clinton que ayude a Garzón a sentar en el banquillo de los acusados a Pinochet y que le entregue documentos secretos que serían decisivos para su condena.


Un fiscal de Suiza pidió la extradición a su país del ex dictador preso para que responda por el caso de Alexis Jaccard, ciudadano suizo detenido y desaparecido en el marco de la Operación Condor, como se denominó a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina.


Interrogado acerca de si ese pedido podría entorpecer la extradición a Madrid ya que la justicia española no planteó aún el suyo, Garcés señaló que la justicia británica deberá decidir y que en su decisión pesarán tanto el tenor de las acusaciones, la calificación de los delitos y otras cuestiones técnicas. (IPS, Madrid 23-10-1998)

El Papa Francisco ha pedido que se sirva a las personas y no a las ideologías, durante la homilía que ha pronunciado en la Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba.

El Pontífice ha criticado el servicio que se sirve de las personas para su propio beneficio. "Hay un servicio que sirve; pero debemos cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los demás. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos, en nombre de lo nuestro. Ese servicio siempre deja a los tuyos por fuera, generando una dinámica de exclusión", ha explicado a la agencia Europa Press.

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El sacerdote católico estadounidense Roy Bourgeois testificó hoy ante el juez español Baltasar Garzón y le aportó datos y documentos para la causa contra el ex dictador de Chile Augusto Pinochet.


Bourgeois, un ex teniente del ejército de Estados Unidos que combatió en Vietnam, ingresó en 1971 en la Orden de Maryknoll y estuvo como misionero en Bolivia de 1972 a 1977 y en El Salvador en 1981. El sacerdote relató a Garzón sus visitas como misioneros a las cárceles de Bolivia, en las que vio a presos políticos chilenos y argentinos torturados, que después fueron entregados a la dictadura de Pinochet y a la de Jorge Rafael Videla en Argentina.
También le entregó una lista parcial de militares latinoamericanos graduados en la Escuela de las Américas, con 1.031 argentinos, 4.394 bolivianos, 2.805 chilenos, 9.679 colombianos, 6.776 salvadoreños, 1.676 guatemaltecos, 4.693 nicaragüenses, 4.235 panameños y 3.997 peruanos. En la lista de militares que estudiaron en ese centro destacó a los oficiales que después se destacaron en la represión ilegal contra los ciudadanos de sus países.


El sacerdote dijo a IPS que el juicio contra Pinochet en España “es un momento sagrado en la lucha por la democracia y la libertad”. La dictadura pinochetista “hubiera sido imposible sin la participación del gobierno de Estados Unidos, sin sus armas, sin su Agencia Central de Inteligencia (CIA), sin sus asesores y sin su dinero”, añadió.


En esa actuación, la Escuela de las Américas, instalada en 1946 en Panamá y desde 1984 en Miami, fue una pieza esencial. Lo grave es que sigue funcionando y que “sus cursos no cambiaron nada, ya que consideran la guerra contra la insurgencia como lo más importante, con manuales que indican como infiltrarse en sindicatos y en otras asociaciones ciudadanas”, puntualizó.


El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) dio a conocer en 1996 el contenido de siete manuales de entrenamiento utilizados en esa Escuela y que “recomendaban técnicas de interrogatorio que incluyen la tortura, el chantaje y la captura de familiares de las personas interrogadas”, dijo. En la actualidad, entre 900 y 2.000 soldados latinoamericanos reciben entrenamiento en la institución, a la que Bourgeois calificó de “escuela de asesinos”. El Argumento de su gobierno es que ahora se forma a los militares en la defensa de la democracia, agregó.


Si así fuera, deberían enviar a los becarios a universidades, a estudiar derecho, economía, sociología u otras disciplinas que les ayuden a comprender como funciona una democracia. Pero ésta no se defiende empuñando armas y estudiando con manuales contra la insurgencia”, precisó.


Otro argumento es que ahora los ejércitos deben luchar contra el narcotráfico pero, según Bourgeois, los militares latinoamericanos no son los más indicados para ello. El sacerdote recordó que en Bolivia, por ejemplo, los oficiales de alto rango viven en grandes mansiones, con varios empleados domésticos y coches de lujo. “¿Cómo se justifica eso si no es por su implicación en el narcotráfico? No de todos ellos, claro, pero sí de muchos”, afirmó.


El jesuita español Luis Espinas fue asesinado en 1978 en Bolivia precisamente cuando estaba investigando la vinculación de los militares en el narcotráfico, subrayó el sacerdote Bourgeois, quien considera obligado denunciar a la Escuela de las Américas a Pinochet y otros ex dictgadores porque “como dijo (el asesinado arzobispo de El Salvador) monseñor Oscar Romero, quienes podemos hablar debemos hacerlo en nombre de quienes no tienen voz”.


Los estadounidense, además, “tenemos que pedir perdón, porque en vez de estar del lado de los pobres, como indica la Iglesia, lo estuvimos del lado de los ricos, de los poderosos, de los militares dictadores”, manifestó.
Durante mucho tiempo los ciudadanos de Estados Unidos callaron o aceptaron la violación de los Derechos Humanos porque se invocaba el peligro del comunismo, pero “ahora, que ese miedo no se puede invocar, podemos hablar”.


Y al hablar, entre otras cosas, “pedimos el cierre de la escuela de asesinos, de la escuela de dictadores y nos sentimos emocionados ante el momento sagrado que se vive en España y Gran Bretaña por el procesamiento de Pinochet”. (Madrid, IPS, 15-12-1998)

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