La Amazonia, una zona catorce veces más extensa que España, se convirtió repentinamente en el capítulo más nuevo y a la vez más ilustrativo de las diferencias Norte-Sur y de las graves consecuencias que se pueden derivar. Esa zona, que incluye territorios de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname y la Guayana llamada francesa, está considerada el pulmón natural del planeta. Sus bosques tropicales, los más grandes que subsisten, procesan gran parte del oxígeno que da vida a la tierra y albergan la más fantástica variedad de flora y fauna. Su desaparición, aseguran los expertos, significaría la ruptura de un equilibrio ecológico prácticamente imposible de recomponer.

La alarma tiene fundadas razones. Según el director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), José Lizárraga, cada año se desforestan 50.000 kilómetros de esa región y en los últimos años se talaron dos millones de kilómetros cuadrados, casi cuatro veces la superficie de España y más que la de México. Un informe basado en la observación de satélites indica que en 1988 se quemaron 300.000 km2 de esos bosques.

Aunque tiene muchas otras riquezas, sobre todo minerales, la Amazonia es conocida por sus bosques. Su explotación irracional ayuda poco a la economía de los países. Julio César Centeno, director del instituto Forestal Latinoamericano, destacó que la región posee el 60% de los bosques tropicales productivos y que, no obstante, en 1980 importó productos elaborados con madera por un monto cinco veces mayor al valor de sus exportaciones de esa misma materia prima.

Devastación forestal    

En muchos casos, los madereros buscan solo una o dos variedades de árboles y después queman el resto, para abrir camino a las efímeras explotaciones agropecuarias. Una idea gráfica de la devastación se puede tener al saber que en setiembre de 1988, los satélites detectaron una nube de humo de un millón y medio de kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de España. Un satélite fotografió el estado de Rondonia, en el confín amazónica,, el 9 de septiembre de 1988 y registró solo ese día 2.500 incendios que cubrían 12.000 kilómetros cuadrados. Esos incendios producen 600 millones de toneladas de gases y polvo y 500 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Brasil, por su mayor desarrollo y pujanza económicos, es el país amazónica que más penetró en la región, con ciudades, zonas francas industriales, carreteras, aeropuertos y una incesante presión privada, tanto de grandes empresas transnacionales como de aventureros individuales, entre los que se destacan los “garimpeiros” o buscadores artesanales de oro, cuya cantidad se estima en más de 30.000. El segundo país con mayor penetración es Perú, seguido de Ecuador y Colombia. Venezuela mantuvo la región protegida y el sector de Guyana, Suriname y la Guayana llamada francesa se mantiene virgen, ya que su oblación se concentra en el litoral marítimo.

Los terrenos amazónicos, además, son poco aptos para la agricultura y la ganadería. Su capa fértil es extremadamente delgada y la alimentación de los bosques procede en sus tres cuartas partes del medio ambiente aéreo. Es el equilibrio entre la humedad del aire, las lluvias constantes, la fuerte insolación y la multiplicidad de variedades, lo que asegura su feroz reproducción.

Ataques contra Brasil   
 
Ante esa situación, los ecologistas, oficiales y no gubernamentales, lanzaron el grito de alerta y varias campañas. Los ataques más duros, en especial contra Brasil, llegaron de los ecologistas de los países industrializados. En una reunión internacional patrocinada por el PNUMA, en abril, en Brasilia la piedra del escándalo la provocó un mensaje del Secretario Ejecutivo de ese organismo, el egipcio Mostafá Tolba.

Tolba habló de los “errores del pasado” en el medio ambiente de América Latina y rindió un homenaje al dirigente sindical y ecologista brasileño Chico Mendes, un opositor del gobierno asesinado el 22 de diciembre de 1988. El presidente brasileño, José Sarney, replicó con un duro ataque al colonialismo de los países industrializados, que encontró eco en la mayoría de los 16 ministros latinoamericanos presentes.

En la declaración final de la conferencia, los ministros reafirmaron “que cada Estado tiene el derecho soberano de administrar libremente sus recursos naturales”. También señaló que “la gravedad de los problemas ambientales que enfrenta el mundo resulta principalmente del modelo de industrialización, consumo y desperdicio de los países desarrollados, que constituyen el origen del desgasto acelerado de los recursos naturales del planeta y de la introducción cada vez mayor de contaminantes en la biosfera”.


En busca del equilibrio      

Es el norte industrializado, dijo Sarney, el que impulsa un modelo de consumo que constituye el principal peligro contra el medio ambiente mundial y rechazó que su país deba dejar sin tocar sus recursos naturales para preservar el pulmón del planeta, mientras los ricos del norte continúan contaminando, con sus industrias, su consumo desmedido y la producción de armas nucleares y desechos químicos tóxicos.

Ante esa situación, se vislumbran dos tipos de soluciones: la explotación racional y la declaración de reservas. En la amazonia existen varios proyectos que conjugan la productividad y la preservación del medio ambiente, para asegurar un desarrollo sostenible. La clave, dicen los expertos, consiste en realizar actividades económicamente rentables que mantengan el equilibrio ambiental o permitan su rápida recuperación. Uno de esos proyectos se desarrolla sobre una extensión de 107.000 Hs., en Antinari, cerca de la frontera con Perú. Allí, con la participación de organizaciones no gubernamentales y el apoyo de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), integrado por 42 países productores y consumidores, se comenzó a investigar, identificar y catalogar las especies. Después se seleccionarán las actividades comerciales que se podrán desarrollar y por último, a los cinco o seis años, se iniciará la explotación con tecnologías apropiadas.

La cruzada de Sting    

Las reservas por el contrario pretenden delimitar zonas en las que se prohíba cualquier actividad económicamente rentable. En ese sentido, la campaña con mayor resonancia es la encabezada por el cantante Sting, que aspira a construir un parque natural de 180.000 kilómetros cuadrados de superficie en la periferia de la Amazonia.

Sting, quien recibió en España el apoyo de instituciones oficiales y de organizaciones no gubernamentales, realizó una gira por Europa, en abril de 1989, recaudando fondos para la Fundación Selva Virgen, creada por iniciativa del jefe indígena Raoni, líder de una de las tribus que habitan en esa zona. El cantante señaló que Raoni “es un gran dirigente que lucha en primera línea por una causa moral, comparable al líder negro Nelson Mandela, quien se esfuerza por hacernos comprenderé que para asegurar un porvenir a nuestros indígenas hay que salvar a la Amazonia y para proteger a ésta hay que defender a aquéllos”.

Otros dos dirigentes indígenas, Jorge y Marcos Terena, de la Unión de Naciones Indígenas, participaron como observadores en la reunión de ministros realizada en Brasilia. Allí señalaron que sus opiniones fueron ignoradas. Ellos rechazan sembrar soja para exportar o tener pastizales para la ganadería y exportación de carne. “Sólo queremos sobrevivir, física y culturalmente”, aseguraron. (Madrid, Revista trimestral del Quinto Centenario. Septiembre-noviembre de 1989)

Un grupo empresarial español del sector farmacéutico condiciona una millonaria inversión y transferencia de tecnología en Argentina, al mantenimiento de un régimen democrático en aquél país sudamericano. José Feliz Pérez-Orive, director general de Antibióticos S.A., dijo hoy a IPS que su compañía, cabeza de un grupo empresarial del sector, que produce diez por ciento de la penicilina consumida en el mundo, sólo llevará adelante una inversión de diez millones de dólares en la Argentina si se mantiene la estabilidad democrática.

 

“Eso no significa, aclaró, que en el caso indeseado de que se produjera una interrupción del régimen constitucional no actuemos de manera de salvar la inversión”. Antibiótico posee una fábrica en León, con unos tanques de fermentación de 3.100 metros cúbicos y en su planta de especialidades en Madrid produce cada año 150 millones de cápsulas, 40 millones de viales para administración parenteral y otras formas farmacéuticas orales.

 

Mario Conde, consejero delegado de la empresa y Pérez-Orive, cuenta este último, estaban en Buenos Aires cuando los reyes Juan Carlos y Sofía visitaron Argentina el año pasado: “Al ver la acogida calurosa, el fervor con que se los recibió, decidimos que a igualdad de condiciones técnicas y comerciales, Argentina era el país ideal para construir nuestra primera fábrica en el exterior”.

 

La decisión tiene también otras consideraciones menos sentimentales: “La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) hará menos competitivos nuestros productos en otros mercados”. Además “la conservación y desarrollo de nuestra presencia en el mercado mundial hace necesarios trabajar en ´horario real´, funcionar en el mismo meridiano, en el mismo huso horario, para posibilitar contactos telefónicos normales con los clientes y una rápida respuesta que, en estos productos, suele ser decisiva”.

 

Antibióticos tiene planeado instalar en Quilmes, una localidad ubicada en la periferia de Buenos Aires, una fábrica que con solo 40 personas empleadas (“todas de alto nivel científico  y tecnológico y de ellas solo tres españolas”), que en su primera fase de operaciones producirá tanto como la de León. “Argentina es una excelente plataforma para exportar al resto de América e incluso a otros continentes, posee técnicos de primera calidad y produce los elementos de laboratorio necesarios para nuestro trabajo”, añadió Pérez-Orive.

 

La factoría en Argentina requerirá una inversión del orden de diez millones de dólares, de los cuales dos serán aportados por empresarios de aquél país, del sector farmacéutico: “Nuestra política es aliarnos, cooperar, no competir con los empresarios argentinos”, afirmó Pérez-Orive. Antibióticos aportaría a la Argentina los fermentos enzimáticos, producidos en León y allí realizaría la síntesis, cuyo productos final son antibióticos de especies distintas, que actualmente no se producen en aquél país.

 

La producción de antibióticos comienza con la preparación de inóculos (simientes para la producción industrial) en el laboratorio de microbiología, donde se aíslan, seleccionan y mantienen las cepas de sus microorganismos productores. Antibióticos S.A. desarrolló una técnica de fermentación “en sumergido”, protegida por patentes y en especial porque se trata de saber cómo hacer, de conocimientos empíricos difíciles de ser copiados, más que de puras fórmulas”, que le permite reducir costos en 25 por ciento, en relación a la normalmente utilizada en otros países.

 

La fermentación se realiza en tanques de acero inoxidable, con cierres herméticos, sistema de protección con vapor y u n serpentín termostático por agua. Durante todo el proceso de fermentación el interior de los tanques es vigilado a través de pantallas de televisión de circuito cerrado, con control y registro automático de los procesos. Como consecuencia del crecimiento y multiplicación del organismo, éste segrega el antibiótico que sería inutilizable si no se lo sometiese después a un proceso de síntesis.

 

La fábrica que se instalará en Argentina podrá producir penicilina, cefalosporina y amoxicilina, un producto este último con el que antibióticos S.A. llegó a controlar el 17 por ciento del mercado norteamericano. La fábrica proyectada para Argentina podrá producir en su primer año (aproximadamente doce meses después de comenzar a ser construida) productos por una facturación anual de diez millones de dólares, es decir el equivalente de su inversión total.

 

Antibióticos (“que se precisa de manejar tecnología propia, español, de nivel similar al más alto de los países industrializados y superior a muchos”), tiene un Departamento de Investigación y Desarrollo (ID). En León se trabaja en la mejora de microorganismos productores de antibióticos, mediante mutaciones y selección de cepas.

 

En Madrid posee una línea de síntesis químico-orgánica destinada a la mejora de moléculas de interés terapéutico para hacerlas más activas y a la vez menos tóxicas. En este sector está trabajando en la síntesis de compuestos betalactámicos, entre los que se incluyen penicilinas, cefalosporinas, monobactamas y carbapenemes.

 

Por otro lado desarrolla investigaciones en ingeniería genética para la producción de proteínas y en ingeniería de hongos para la producción de antibióticos. Antibióticos S.A. exporta sus productos a 60 países, en especial al mercado latinoamericano, a los que exporta penicilina G (Bencilpenicilina) y Ampicilina. Por contactos iniciados en 1979 y 1980 con el Consorcio Árabe  de Industrias Médicas aplicadas, con sede en Amman, Jordania, Antibióticos se transfirió tecnología a una factoría que se está construyendo a 33 kilómetros de la capital iraquí, Bagdad.

 

Esta fábrica incluye una planta de fermentación y envasado, con una inversión prevista del orden de 300 millones de dólares, cuya puesta en marcha corresponderá a Antibióticos S.A., que mantendrá después una tarea de asesoramiento técnico. Esa factoría producirá penicilinas básicas, estériles y semisintéticas. La diferencia de esta inversión con la de Argentina, es que en Iraq se trata de un traspaso de tecnología y en el país sudamericano de una inversión propia, asociada a capitales argentinos (minoritarios), con riesgo empresario compartido. (Madrid, 11-10-1979).

El futuro del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña, se dirime entre apelaciones al humanitarismo y la piedad hacia su persona y la aplicación de las normas y procedimientos judiciales invocados en su contra por terrorismo, asesinato y genocidio.


Pinochet está en detención preventiva en una clínica de Londres a instancias de la justicia española, desde el viernes 16. A partir de ese día se sumaron pronunciamientos jurídicos, sociales y políticos que, en su inmensa mayoría, apoyan su extradición a España para sere juzgado.


El juez español Baltasar Garzón ordenó este viernes el embargo de los bienes y cuentas bancarias del preso y de su familia, mientras críticos chilenos del ex dictador niegan que padezca problemas de salud tan grave como para impedirle enfrentar su responsabilidad ante la justicia.


En el entorno familiar y políticos de Pinochet en Londres se transmite la idea de que el preso está muy enfermo y que ni siquiera se enteró de su situación. Su esposa, Lucía Hiriart, afirmó el jueves que si su marido se entera “le da un ataque de rabia y se muere”.


El propio presidente de Chile, Eduardo Frei, pidió este viernes públicamente que se conceda un trato humanitario al reo, para lo cual invocó sus problemas de salud. Frei también llamó a los ciudadanos chilenos a evitar enfrentamientos entre los demócratas que apoyan dsla continuidad de los procesos judiciales y los partidarios de Pinochet que reclaman su libertad.


No obstante, ningún médico, privado o forense, avala las versiones sobre el mal estado de salud del ex dictador. Por el contrario, adversarios chilenos de Pinochet señalaron en Madrid que se trata de una campaña sin base real.

El abogado español Joan Garcés, director de un equipo jurídico que asiste a víctimas de la dictadura chilena, afirmó este viernes que la actitud del juez Baltasar Garzón responde a “un procedimiento estrictamente penal”, sin interferencias políticas.


Garcés expresó su respeto “por el presidente Frei, electo democráticamente, por la transición chilena, por el actual comandante del Ejército de ese país y por el propio Ejército que, como institución, está fuera del proceso”. Pero el abogado explicó que el proceso judicial se instruye contra “un reducido grupo de responsables de los crímenes, entre ellos Pinochet”.


Garcés expresó su “confianza y certidumbre en que la Audiencia Nacional, máximo organismo judicial español que entiende en el caso, avalará el próximo jueves la instrucción que realiza el juez Garzón”.


La Sala en lo Penal de la Audiencia deberá resolver ese día sobre un recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño, quien considere que la justicia española carece de competencia para entender en casos de terrorismo y genocidio perpetrados en Chile, aunque hayan afectado también a ciudadanos españoles.


Garcés calificó a Fungairiño de “abogado personal y abanderado de Pinochet” que “vulnera la Constitución”. El fiscal sostuvo que en Chile no se produjo genocidio, aunque condenó los que calificó de excesos y crímenes.


Garcés señaló que se trata de “intra-genocidio”, de genocidio dentro de una misma nación y recordó que ya los tribunales internacionales han condenado casos similares, como el del dictador Pol Pot en Camboya, país en el que una dictadura actuó contra sus propios nacionales.


Mientras se siguen produciendo pronunciamientos favorables al enjuiciamiento de Pinochet. El Parlamento Europeo aprobó por unanimidad el jueves pedir al gobierno español que solicite la extradición con la mayor rapidez.

Treinta y seis legisladores del Partido Demócrata, gobernante en Estados Unidos, pidieron el jueves al presidente Bill Clinton que ayude a Garzón a sentar en el banquillo de los acusados a Pinochet y que le entregue documentos secretos que serían decisivos para su condena.


Un fiscal de Suiza pidió la extradición a su país del ex dictador preso para que responda por el caso de Alexis Jaccard, ciudadano suizo detenido y desaparecido en el marco de la Operación Condor, como se denominó a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina.


Interrogado acerca de si ese pedido podría entorpecer la extradición a Madrid ya que la justicia española no planteó aún el suyo, Garcés señaló que la justicia británica deberá decidir y que en su decisión pesarán tanto el tenor de las acusaciones, la calificación de los delitos y otras cuestiones técnicas. (IPS, Madrid 23-10-1998)

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