Una sociedad justa sólo se puede construir mediante la garantía ya protección de los derechos y libertades fundamentales, afirma la declaración aprobada hoy por la primera conferencia de parlamentos democráticos de habla hispana. La conferencia, a la que asistieron representantes de diez países, se pronunció también contra la intervención económica, política o militar de las grandes potencias, apoyo al grupo de Contadora en sus gestiones de paz en Centroamérica y manifestó su preocupación por las dificultades económicas y las injusticias sociales que imperan en sus países.

   A la reunión, convocada por el presidente del congreso de diputados de España, Gregorio Peces-Barba, asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y España. Venezuela y Panamá fueron invitados, pero se excusaron de asistir, el primero por estar en plena campaña electoral y el segundo porque tiene un debate parlamentario importante.

   Quedaron sin recibir invitación Cuba, El Salvador, Paraguay y Nicaragua, por cuanto el criterio para considerar democráticos a los parlamentos es que sean elegidos por sufragio universal, en régimen de pluralidad de partidos y democráticamente, dijo Peces-Barba a IPS. La embajada de Nicaragua en esta capital protestó por haber sido ignorado su país en las invitación y recibió respuesta de Peces-Barba, quien indicó que no serían invitados parlamentos designados por el poder ejecutivo.

La conferencia aprobó dos resoluciones de solidaridad, una con la joven democracia boliviana y otra con la reclamación argentina de soberanía en las Islas Malvinas. Una nota sobre la conferencia y la “Declaración final de la primera Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos de habla hispana”, conocida también como “Declaración de Madrid”. En la nota, los asistentes señalaron dos razones para considerar de importancia la reunión periódica de esta conferencia: la necesidad de encontrar vías de contacto entre los parlamentos democráticos que faciliten la cooperación entre ellos y el estudio conjunto de los problemas de la democracia parlamentaria en la época contemporánea.

   Esta conferencia se reunirá “cuando menos una vez al año”, que el lugar de reunión será fijado en la conferencia precedente y que se promoverá el intercambio de funcionarios entre las administraciones parlamentarias, para facilitar la cooperación técnica. La Declaración de Madrid comienza señalando que “los parlamentos democráticos reunidos en Madrid ostentan la genuina representación de las naciones hispano-americanas unidas en el respeto a las libertades y derechos fundamentales”.

   Añade que “la cooperación entre las mismas constituye un elemento indispensable para fortalecer los lazos de unidad de los pueblos de habla hispana e impulsar su progreso común como grupo cultural y político homogéneo, en el marco de la comunidad internacional”. La declaración señala que “Una sociedad justa solo se puede construir mediante la garantía y protección de los derechos y libertades fundamentales, comprometiéndose (la conferencia) a impulsar la más plena realización de los sistemas internacionales establecidos para su tutela”.

   En particular menciona el convenio europeo para la salvaguarda y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y el Convenio de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Asimismo, la conferencia expresó su voluntad de “alentar nuevos sistemas de cooperación política e instrumentos jurídicos que hagan posible adoptar medidas positivas dirigidas a proteger los derechos fundamentales en todos los países hispanoamericanos”.

   La conferencia destacó su preocupación “por las dificultades económicas, así como por las profundas injusticias sociales y las situaciones de pobreza, desempleo y explotación que padecen nuestros pueblos, cuya superación resulta necesaria para fortalecer la democracia”. También expresó preocupación por “los problemas políticos que tiene planteados nuestra comunidad que generan situaciones de violencia” y repudió “la actividad terrorista que atenta contra los derechos humanos, dificultando la consecución de la libertad, la justicia y la igualdad”.

   Manifestó preocupación por “la situación financiera por la que atraviesan nuestros pueblos” y urgió a la comunidad financiera internacional y a los gobiernos de los países acreedores a facilitar una pronta y no onerosa renegociación de la deuda externa “en condiciones compatibles con sus posibilidades financieras reales, el desarrollo de sus estructuras productivas y el bienestar de los pueblos”. La declaración apoya “sin reserva todos los esfuerzos para la superación pacífica de los conflictos en nuestra área y singularmente los del grupo Contadora para resolver la situación de América Central”, así como “ofrecer nuestra mediación en cuantas crisis políticas lo requieran para coadyudar a la consecución de un sistema de paz y justicia”.

   Añade una defensa del pluralismo democrático, subraya la importancia del poder legislativo dentro de la estructura política de la separación de poderes y “denuncia y rechaza la intervención de las grandes potencias en nuestros asuntos internos, ya sea económica, política o militar”, En su último párrafo, la declaración manifiesta la convicción de que “los problemas y dificultades por los que atraviesan nuestros pueblos sólo se podrán superar mediante la participación de los ciudadanos a través de instituciones representativas y de las que los parlamentos son el modelo más genuino”. La generalización de esas instituciones “a todos los países de nuestra cultura será el más firme punto de partida para el desarrollo de la Comunidad Hispánica de Naciones fundada en los lazos de la lengua, de la cultura y de unos mismos valores de libertad y justicia”.

   La declaración también consignó un agradecimiento a España “por la feliz iniciativa que nos ha congregado”, mostró su satisfacción por la coincidencia de la reunión con el segundo centenario del nacimiento de Simón Bolívar y con el quinto aniversario de la Constitución Española de 1978 e hizo votos para que los países sometidos a regímenes no democráticos y que carezcan de parlamentos elegidos por sufragio universal superen esa situación, “a fin de que se puedan incorporar a esta conferencia, a través de la participación de sus presidentes parlamentarios”. (IPS Madrid, 2-12-1983).