Las vísperas de la IX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en La Habana el 15 y 16, registran una gran cautela política y anticipan compromisos de los países para enfrentar la situación financiera internacional.

 

   En lo político, los gobiernos de Cuba y España dejan ver que tienen distintas visiones de la situación interna cubana, pero ambos enfrentan con cautela las relaciones españolas con la oposición al Gobierno de Fidel Castro.

 

   En lo económico y financiero, el último borrador de la Declaración Final de la Cumbre –al que ha tenido acceso IPS— anticipa un compromiso de los Gobiernos para defender la liberalización del comercio y la modificación de los organismos financieros internacionales, así como la adopción de medidas preventivas ante nuevas crisis en los mercados monetarios.

 

   Un tema polémico, que esgrimió el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, para cancelar su participación en la Cumbre, es el de los contactos de los mandatarios con la disidencia cubana. Rodríguez dijo que al no recibir respuesta a una consulta en tal sentido, se vio obligado a decidirse a no viajar a La Habana.

 

   Pero en los últimos días esa situación se ha aclarado. El presidente del Consejo de Ministros de España, José María Aznar, incluyó en su agenda una reunión con disidentes cubanos, aunque tomando medidas para que no se convierta en un acto masivo.

 

   Y el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, en declaraciones exclusivas a Televisión Española (TVE), aclaró que su Gobierno no se opondrá a que se realicen.

 

   “Si algún mandatario hace cosas que no nos gustan, como reunirse con opositores cubanos, no nos opondremos a que lo hagan”.

 

   Y, añadió, a guisa de explicación: “El pueblo cubano tiene una gran cultura, una gran cultura política y entiende esas cosas”.

 

   El vicepresidente Carlos Lage se pronunció en términos similares. Negó que los disidentes lo sean, “son traidores financiados por Washington”, pero también dijo que todo el que va a Cuba tiene libertad para ver a quien quiera.

 

   “Aquí no le ponemos restricciones a nadie. Otra cosa es nuestra apreciación sobre esas personas y esos grupúsculos”, declaró al matutino madrileño El País.

 

   En el borrador de la Declaración Final, que será sometido a la consideración de los mandatarios el 15 de noviembre, se destacan tres aspectos, uno referido al comercio, otro a las finanzas internacionales y un tercero al papel del Estado.

 

   Sobre el comercio dice: “Nos pronunciamos por un comercio internacional libre, no discriminatorio y equilibrado… y el fortalecimiento del multilateralismo y la promoción de la solidaridad internacional”.

 

   “En lo que respecta al acceso a los mercados de bienes, servicios y capital, rechazamos la imposición de toda condicionalidad política, económica, social o medioambiental”.

 

   De aprobar ese borrador, los mandatarios se comprometerán “a participar activamente en el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional que permita a nuestros países obtener los beneficios de la integración de los mercados de capitales y reducir sus riesgos”.

 

   Asimismo, coincidirán en que “el funcionamiento transparente y democrático de las organizaciones e instituciones multilaterales y la amplia participación de los Estados en ellas constituyen pieza esencial para la construcción de un orden global justo, equitativo y solidario, basado en el derecho internacional”.

 

   A los representantes de los 21 países les merece una especial atención el papel de los Estados y reafirman “el papel central de nuestros Estados en la adopción de políticas activas con el objetivo de fomentar el desarrollo humano y la equidad”.

 

   Asimismo, para “dar prioridad a las políticas de educación, salud pública y conservación del medio ambiente y revertir la desigualdad y la exclusión social dondequiera que éstas se presenten”.

 

   Por otro lado la declaración reitera compromisos anteriores, como el de “fortalecer las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo”.

 

   También repite el rechazo a la Ley Helms-Burton, que califica de amenaza contra el multilateralismo. Esa ley, aprobada por el Congreso norteamericano y en suspenso parcialmente, permitiría a Washington aplicar medidas unilaterales contra otros países, en el plano comercial y financiero. (Madrid, 8-11-99)

El ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, asumió nuevas responsabilidades internacionales que ocuparán gran parte de su tiempo en los meses venideros, en búsqueda de una globalización solidaria y de un fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, tras visitar Madrid del 11 al 14 de febrero.

Durante su estadía en la capital española almorzó en privado con el rey Juan Carlos, se reunió con el jefe del gobierno, José María Aznar y pronunció dos conferencias, una en la Casa de América y otra en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, creadora del Club de Madrid, cuya presidencia ejercerá Cardoso, en reemplazo del ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti.

A sus conferencias asistieron en primera fila empresarios y políticos, como los presidentes de Telefónica, César Alierta; Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín; Repsol-YPF, Alfonso Cortina y Grupo Prisa, Jesús Polanco;  los ex jefes de gobierno Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo y el presidente ejecutivo de la Confederación Iberoamericana de Fundaciones, Ricardo Díez-Hochleitner.

El Club de Madrid fue creado en octubre de 2001 por 33 jefes y ex jefes de estado y de gobierno, quienes fijaron como misión del mismo la lucha por democratizar las relaciones internacionales.

 

Lo primero, consultar a los gobiernos

FHC también se hizo cargo de la presidencia de una comisión creada por la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se reunió en noviembre en la República Dominicana y cuyo objetivo es presentar a la próxima Cumbre (Bolivia, noviembre 2003) un programa para reorganizar esas reuniones y dar una estructura a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, integrada por los 19 países de América Latina más España y Portugal. El ex presidente dijo que la primera actividad que realizará a ese respecto, en marzo, será una consulta con los gobiernos de todos los países, para de inmediato designar a los miembros de la Comisión y ponerla a trabajar intensamente.

Es posible que para esa fecha ya haya designado a los integrantes de esa Comisión, o al menos a la mayoría de ellos, ya que la Cumbre de la República Dominicana estableció que además de presidirla tendría que elegir a sus miembros.

Allí, los mandatarios acordaron que su trabajo debería orientarse a lograr una mayor cohesión interna de la Comunidad Iberoamericana y conseguir que tenga como conjunto una mayor presencia en el ámbito internacional.

Entre los aspectos concretos le encomendaron a Cardoso que estudie una mayor institucionalización de las conferencias, considerando la posibilidad de crear una Secretaría Iberoamericana Permanente.

También que estudie los mecanismos y procedimientos necesarios para superar la rigidez del actual sistema de cooperación, así como las peticiones de vinculación a las Cumbres Iberoamericanas de los países que las han expresado, como Belice y Puerto Rico.

 

La ONU debe ser fortalecida

En relación con el tema iraquí, que concentra la atención mundial, tras pronunciarse rotundamente contra el terrorismo, señaló en su conferencia que “No hay que marginar al Consejo de Seguridad”. En su opinión, se puede criticar a la ONU pero no aceptar el unilateralismo, pues eso llevaría a la lógica de la fuerza, lo que obligaría a preguntarse por el día después.

La situación “nos ha puesto en el límite”, añadió, pero se deben encontrar fórmulas de solución en el Consejo de Seguridad, pues “sin fórmulas no hay derecho y sin derecho no hay democracia”.

Para el ex presidente brasileño no existe un choque de civilizaciones, tema sobre el que reconoció haber hablado por teléfono y personalmente con su entonces homólogo, el norteamericano George Bush. No hay tal choque pues “la barbarie se puede manifestar en las dos culturas… y también en las dos hay quienes repudian la barbarie”, dijo refiriéndose a la cultura cristiana y a la islámica.

Se deben evitar los impulsos unilateralistas “que carecen de legitimidad” y cambiar el sistema de la ONU, ampliando su Consejo de Seguridad en el que, subrayó, no está representado permanentemente ningún país de América Latina ni de África..

En el proceso de mundialización que se está viviendo, afirmó, “hay un déficit de gobernabilidad, pues falta una organización global que tenga la fuerza que en su día tuvieron los estados nacionales”.

Lo necesario en la era de la globalización es “pensar en una ciudadanía planetaria”, plantearse los problemas como humanidad ya que ésta, la humanidad, es un hecho y no un concepto abstracto.

En el plano de las organizaciones supranacionales destacó que “la Argentina y el Brasil no tienen alternativas serias de desarrollo sin el Mercosur”, por lo que se deben adoptar decisiones que planteen seriamente su fortalecimiento y la marcha hacia la integración de América del Sur.  Ante los empresarios, políticos y diplomáticos españoles presentes no dudó en criticar la posición europea ante el Mercosur, ya que no se están adoptando las medidas para hacer realidad el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur firmado en diciembre de 1995 y cuya estructuración todavía se está discutiendo. (Madrid/14/2/2003)

 Los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales de Justicia de 18 países latinoamericanos, España y Portugal, iniciaron hoy en esta ciudad la Sexta Cumbre Jurídica Iberoamericana, cuyo objetivo fundamental es crear una red de información y documentación y establecer bases para la cooperación entre sus sistemas judiciales.

 

   El Príncipe Felipe, heredero de la Corona española, inauguró la reunión, a la que asisten también como observadores representantes de las Cortes Supremas de Justicia de Marruecos, Mauritania, Senegal, Nigeria y Camerún, y que se clausurará el viernes, también en esta ciudad, ubicada en el Archipiélago de las Islas Canarias, frente a la costa noroccidental de África.

 

   Entre los países latinoamericanos representados está el Estado Asociado de Puerto Rico y se registran las ausencias de Brasil y Perú, aunque ambos países asistieron a las cumbres anteriores. Puerto Rico, por no ser un estado soberano, no participa en las Conferencias Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.

 

   La Red de Documentación Jurídica Iberoamericana (IBERIUS) y la Red de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia (IUDICIS), serán impulsadas por una secretaría pro témpore de la Cumbre y su funcionamiento contará con una página Web como elemento principal de intercomunicación.

 

   Iberius facilitará el acceso e intercambio a la documentación jurídica de todos los países intervinientes e Iudicis la cooperación entre los sistemas judiciales respectivos, para hacer efectivas sus respectivas resoluciones y fortalecer el auxilio jurisdiccional internacional.

 

   Además, la Cumbre establecerá las relaciones que deberá mantener con las Conferencias Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y analizará proyectos de desarrollo interinstitucional y de alcance global para toda la Comunidad Iberoamericana de Naciones, constituida por los países de habla española y portuguesa de América y Europa.

 

   En su discurso inaugural el Príncipe Felipe expresó su esperanza de que los trabajos sirvan para la constitución de un Poder Judicial capaz de administrar “la justicia a la que tienen derecho los ciudadanos”.

 

   La Red que se proyecta, añadió, “será expresión de los fundamentos sobre los que se asientan las nuevas formas de convivencia”. Y un ejemplo de ello, finalizó, “es el fenómeno de la clara convergencia que se está produciendo en materia de Derechos Humanos”.

  

   La primera Cumbre Judicial se realizó en Caracas, Venezuela, en marzo de 1999. Allí surgió el proyecto Iudicis (que en latín significa Justicia). Iudicis, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Iván Rincón Urdaneta, “constituye un sistema interconectado de información de nuestras Cortes y Tribunales Supremos de Justicia que pretende favorecer el intercambio de conocimientos y de información”.

 

    Uno de los aspectos fundamentales que debe considerar ese intercambio, añadió, se refiere a “casos que trasciendan el ámbito nacional y la divulgación de contenidos documentales y la legislación comparada en materia de narcotráfico”.

 

   El Consejo General del Poder Judicial de España, organizador de esta Cumbre, ha señalado como uno de sus objetivos trascendentes la aprobación de un Estatuto del Juez Iberoamericano.

 

   Ese Estatuto debe consistir en “una carta o documento, debidamente sustentado, que contenga las circunstancias y disposiciones convenientes para garantizar la competencia, independencia de imparcialidad de los jueces”.

 

   Asimismo, deberá “dar impulso al esfuerzo por mejorar las instituciones judiciales como elemento esencial del Estado de Derecho, y podrá ser tenido en cuenta como referente en los procesos de reforma de los estatutos de los jueces”.

 

   En esta Cumbre se buscarán puntos de coincidencia y de equilibrio entre dos grandes criterios jurídicos que en los últimos años han enfrentado a algunos países, como Chile y España: el rechazo o la aceptación de la extraterritorialidad para algunos delitos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, el terrorismo y el narcotráfico.

 

   El caso de mayor resonancia internacional y que provocó más roces entre Estados fue el juicio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, instruido en España por el juez Baltasar Garzón, con el respaldo de las altas instancias del sistema judicial español. El Estado chileno se aferró a la tradicional posición latinoamericana en contra de la interferencia externa en los asuntos nacionales y reclamó que el acusado fuera juzgado en Chile, lo que finalmente está ocurriendo.

 

   No obstante, el sumario judicial en España sigue abierto, contra Pinochet y sus cómplices, y ante cada nueva prueba o testimonio Garzón dicta las providencias pertinentes.

 

   En otros campos se han producido también cambios y así España ha logrado que de Uruguay y México se extraditara a miembros del grupo terrorista Eta, reclamados por la justicia española. (Santa Cruz de Tenerife, España, 23-5-2001)

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