Los partidos políticos argentinos callan cuando se producen “desaparecimientos” y en enero se produjeron otros tres, dijeron hoy aquí las máximas dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo. Hebe Bonafini y María Adela Antokoletz, presidente y vicepresidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, llegaron hoy a Madrid y después de entrevistarse con el ministro de asuntos exteriores, Fernando Morán, ofrecieron una rueda de prensa, ante un centenar de periodistas españoles y extranjeros.

 

   Las Madres de Plaza de Mayo se hicieron famosas por su presencia semanal, en esa céntrica plaza de Buenos Aires, frente a la casa de gobierno. Esa presencia, que realizan tocadas con un simbólico pañuelo blanco, la realizan para reclamar la aparición de sus familiares “desaparecidos” después de haber sido detenidos por grupos militares o para-militares. En enero, informaron las madres, desapareció Ricardo Haidar, un político sobreviviente de una masacre perpetrada en 1972 en una cárcel del sur argentino, un joven en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fé y un chofer del clausurado Congreso Argentino. De estos dos últimos las madres carecen de los datos de identificación. Además, señalaron, “hay desaparecidos que viven, en algún lado están, lo están pasando terriblemente mal. Hacemos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarlos”.

 

   En relación a afirmaciones efectuadas la semana pasada por el ex jefe de la policía argentina, general Rafael Camps, sosteniendo que todos los desaparecidos están muertos y asumiendo la responsabilidad por esos hechos, señalaron que son “declaraciones sobrecogedoras”. Camps, señalaron, “es uno de los autores y ejecutores del proceso de exterminio a los opositores, sus declaraciones demuestran que fueron las Fuerzas Armadas los responsables de todo”.  “Camps dijo que tenía 30 mil personas a su cargo para efectuar esa tarea. Queremos saber el nombre de esas 30 mil personas, porque van a tener que ser juzgados todos ellos, uno por uno”.

 

   “Nosotros queremos justicia, pero no la justicia comprometida ni complaciente… vamos a confiar cuando la justicia sea verdadera y practicada por los que elija el pueblo”. Las madres se mostraron escépticas ante las declaraciones de los partidos políticos sobre acuerdos negociados para pasar de la dictadura militar a un régimen constitucional. “Muchos políticos están muy deseosos de hacer acuerdos… cuando todo esto comenzó había muchos decididos a concertar y conciliar… fueron muchas las presiones que hemos hechos hasta lograr que los partidos que callaban por los desaparecidos a o que pedían muy tímidamente, hoy tengan que levantar esa bandera y lo hacen porque es el tema más grave que tiene el país”.

 

   “Hay muchos políticos a los que les conviene que todos los desaparecidos en Argentina estén muertos para, así, cerrar el caso y seguir adelante, pero nosotros lo vamos a impedir”. En la Argentina continúan existiendo campos de concentración, afirmaron las madres, “los militares tienen todo el país tomado, todos los campos están alambrados, hasta las comisarías son campos de concentración. Ahora hay una pequeñísima apertura, la gente puede andar por la calle relativamente segura. Los periódicos publican algunos de nuestros comunicados y nos realizan entrevistas. La represión sigue siendo igual, nuestros domicilios siguen siendo violados y pintados”.

 

   Al preguntarles si alguno de los desaparecidos podría encontrarse en el extranjero, la respuesta fue firme: “Nosotros conocemos bien a nuestros hijos, nos hemos amado mucho y ninguno de ellos estaría callado en otro país sabiendo nuestro sufrimiento”. Los representantes de las madres esperan respuestas a sus pedidos de audiencia a la reina de España, Sofía, al presidente del gobierno, Felipe González y al papa Juan Pablo II, al que piensan visitar, ya que de España se trasladarán a Italia. Las madres permanecerán en España doce días, en los que cumplirán un nutrido programa de actividades: visitas a ministros, organizaciones de derechos humanos, gobiernos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, parlamentos y centrales sindicales.  (IPS Madrid, 1-2-1983).

   La represión ilegal en la Argentina fue coordinada y documentada por el régimen militar, afirmó hoy a IPS el ex ayudante y oficial de enlace del entonces ministro del interior, general Albano Arquindeguy. El inspector de la policía federal argentina, Rodolfo Peregrino Fernández, 32 años, asilados en Holanda desde fines de 1982, vino a Madrid para ratificar ante un notario público las denuncias que vinculan a un fundador de la parapolicial Triple A de su país, con el principal partido de la oposición española, Alianza Popular.

   Fernández fue ayudante de Harguindeguy y oficial de enlace con las Fuerzas Armadas y otros ministerios, desde abril de 1976 hasta enero de 1977. Allí fue testigo de la coordinación de esas acciones ilegales. El impacto de presenciar una de ellas y el significado de otras dos, lo convencieron de que estaba presenciando “un verdadero genocidio”. Ese convencimiento fue el principio de un largo camino, que pasó por resistir las presiones para que participara en la represión (el “pacto de sangre”), por la prisión preventiva y un proceso, el retiro del cuerpo, el exilio en Brasil y, finalmente, su asilo en Holanda.

   “La secretaría de inteligencia del estado (SIDE), elaboraba diariamente un parte para todas las secretarías de estado y ministerios comprometidos en la represión ilegal, en el que se consignaba el domicilio donde se había realizado un procedimiento, nombres y apellidos de los afectados, su adscripción a grupos o partidos y una síntesis de sus antecedentes políticos y de los hechos que se les imputaban”. “Toda esa represión estaba coordinada por la SIDE, si bien en los operativos los ´grupos de tareas´ actuaban con independencia”. La “doctrina de guerra” que orientó la “puerta sucia” de los militares que dieron el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, “fue elaborada por el alto mando del ejército en los últimos meses de 1975 y fue redactada por el general Cesáreo Cardozo”.

   Esa doctrina se expresó en la orden general de batalla del 24 de marzo de 1976, comunicada a todos los generales, almirantes y brigadieres en actividad con mando de tropa, añade Fernández.  El ex ayudante de Harguindeguy expresa que en función de su cargo pudo escuchar diálogos del ministro con el entonces presidente, general Jorge Rafael Videla y con los generales Olivera Rovere, Leopoldo Galtieri, Roberto Viola y otros, acerca de dicha doctrina. De esos diálogos él percibió que la doctrina comprendía la eliminación física de la “subversión apátrida” y una orientación ideológica dentro de los principios de “la defensa de la tradición, la familia y la propiedad”.

   La doctrina, además, perseguía implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla se “moviera como pez en el agua”, prosigue Fernández. El 22 de junio de 1976, un anónimo denunció por teléfono a una joven, Lucía Cuyen, acusándola de pertenecer a la organización Montoneros. Harguindeguy dio orden de que una brigada de represión ilegal integrada por algunos oficiales de su gabinete actuara contra la joven. Como el procedimiento debía realizarse en un domicilio limítrofe con la dirección de remonta del ejército y dado que Fernández era conocido en los círculos hípicos, recibió la orden de ir a anunciar a esa dirección.

   Cuando salía de dar el aviso, pudo comprobar que la brigada, al mando del oficial principal Juan Carlos Falcón, retiraba esposada a Lucía Cuyen. Falcón ordenó a Fernández regresar al ministerio e informar que todo había salido bien y que llevarían a la detenida a “La picadora”. Fernández dio el aviso ordenado y el receptor de éste subcomisario, Icely, le ordenó que lo trasladase a La Picadora y le fue indicando el camino. Al llegar a las afueras de Buenos Aires se identificaron ante la Guardia de la Brigada Güemes de la provincia de Buenos Aires, siguieron 150 metros por el lateral de ese cuartel y entraron en una casa de apariencia particular.

   Después de identificarse ante otro policía, penetraron a la casa y en el sótano Fernández vio a Cuyen totalmente desnuda, atada a una cama, quien estaba siendo torturada por Falcón, con la picana eléctrica. Falcón increpó a Icely, pese a ser su superior, por haber llevado allí a Fernández. Éste se retiró al piso superior y allí pudo comprobar que había otros presos ilegalmente. En los días siguientes, Falcon e Icely trataron de hacerle participar en acciones represivas ilegales, para incorporarlo al “pacto de sangre” (la búsqueda de la impunidad por la complicidad), a lo que se negó. En los meses que permaneció en el ministerio acumuló documentación e información.

   Después de su retirada de la policía, su mujer (hija de un comisario inspector) le pide el divorcio. En los primeros meses sigue cobrando su sueldo como oficial retirado y trata de que todo se olvide, yéndose a una provincia del norte argentino. El avance de lo que califica de “terrorismo de estado” lo convence de que debe abandonar su país y se va a Brasil. A finales de 1982 pidió asilo en Holanda, adonde reside ahora.

   El ex oficial está convencido de que la ´guerra sucia significó en la Argentina “diez mil muertos y más de 30.000 desaparecidos” y que si bien la complicidad alcanzó a muchos altos mandos del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía “es falso afirmar que todos los miembros de los cuerpos de seguridad participaron en la represión. Es posible castigar a los responsables, sin destruir a las fuerzas armadas y a la policía como institución”, afirma con énfasis. Fernández recuerda cientos de datos, que llenarían decenas de folios y está dispuesto a denunciar todo, “para que esto no se vuelva a repetir”.

   Una respuesta final: “¿Cómo se puede saber, Fernández, que usted no está haciendo esta denuncia por cuenta de un servicio de inteligencia para perjudicar a otros sectores?”. La respuesta clara y tajante: “porque yo los incluyo a todos en mi denuncia y digo que la represión fue organizada desde la cúpula, sin excepciones en sus altos mandos”.  (IPS-Madrid, 20-4-1983).

   Exiliados argentinos residentes en España han calificado de “positivo”, con matices en más y en menos y en algunos casos con reticencia, el viaje que el ex presidente español, Adolfo Suárez, iniciará mañana hacia Buenos Aires, con el objeto de pronunciar varias conferencias en aquél país sobre la democracia. El escritor, abogado y diplomático Ricardo Rojo, un independiente de izquierda, dijo a IPS que el viaje “es positivo, pues Suárez puede ilustrar el ejemplo de que se puede salir de una cruel dictadura y transitar hacia la democracia, un ejemplo y una experiencia interesantes, aunque las situaciones sean distintas”.

   El ex diputado peronista Rodolfo Vitar, expresó que la cifra será “sumamente positiva, siempre entendimos –añadió- que hay similitudes entre los dos procesos. Todo lo que diga Suárez va ayudar a comprender, a políticos y militares, que hay caminos de salida, sin traumas, en paz y en libertad”. La Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), fue más cauta a la hora de evaluar este viaje. Un representante de la misma significó a IPS que “si el viaje de Suárez sirve para que aparezcan con vida los desaparecidos y se liberen los presos políticos, bienvenido sea. Pero, si más allá de la voluntad personal de Suárez, el viaje pretende ser instrumentado por la dictadura o por ciertos sectores políticos, que pretenden basar la paz en un pacto de silencio sobre los primeros cometidos, mejor sería que se quedara en Madrid”.

   Suárez viajará acompañado de Alberto Aza y Josep Meliá, que fueran su jefe de gabinete y su secretario de estado de información en su último gabinete. En Buenos Aires pronunciará una conferencia sobre la transición democrática en la peña El Ombú, una especie de club pluralista de alto nivel. También hablará en las universidades de Rosario, Córdoba y Belgrano. En esta última participará en un seminario sobre la democracia. El ex presidente será recibido por una comisión receptora integrada por un representante del peronismo, Ángel Robledo, uno del radicalismo, Fernando de la Rúa y un general retirado Carlos D´Elía, de orientación liberal.

   En su programa de cinco días, tiene uno reservado para entrevistase con dirigentes de todos los partidos políticos y con personalidades de distinto signo. “Vamos a hablar con todos”, dijeron a IPS sus colaboradores más directos. Estos mismos colaboradores no vacilaban en adjudicar al viaje un claro significado de apoyo a una salida democrática para la difícil situación argentina. Ricardo Rojo dice que, además, Suárez podrá “ser testigo del horror de una dictadura del Cono Sur y palpar sus tremendos resultados socioeconómicos. Podrá verlo todo, con la garantía que para él significa no ser argentino y ser una personalidad reconocida internacionalmente”.

   Vitar, que junto con otros exiliados peronistas se entrevistó días atrás con Suárez, dice que le señalaron que su viaje iba a ayudar a buscar una salida para el tema de los presos y desaparecidos, tema “que necesita una solución política, siempre que haya generosidad por parte del gobierno militar”. La CADHU insiste en que no hay democracia sin justicia y que no habrá justicia sin paz. Para ese organismo, paz, democracia y justicia, pasan por la aparición de los miles de desaparecidos y la liberación de los presos políticos. Todo proceso democratizar, añadió, debe hacerse sin presos, sin represaliados y sin proscripciones políticas de ninguna especie.     

   En medios españoles. Las opiniones sobre el viaje de Suárez no abundan. En su partido se lo considera positivamente y recuerdan que en la primera reunión iberoamericana de partidos democráticos, realizada el año pasado en Madrid, estuvo presente una delegación integrada por representantes de diversas tendencias del peronismo. Entre los que estuvieron en esa oportunidad dialogando con Suárez se recuerda a Julio Bárbaro, secuestrado la semana pasada en buenos Aires y liberado después de estar cuatro días “desaparecido”.

   Fuentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consultadas por IPS, se negaron a opinar sobre la gira de Adolfo Suárez, señalando que la misma era “una visita privada” y por lo tanto sin interés político. Otros exiliados argentinos, que prefirieron no identificarse con sus nombres, señalaron que, más allá de lo que diga o deje de decir Suárez en Argentina, su visita molestará a los sectores más duros del régimen militar y alentará a quienes buscan una apertura democrático en aquél país del cono sur.

   “No hay que olvidar, señalan, que Suárez fue quien dictó tres leyes de amnistía, legalizó a socialistas y comunistas, recibió al presidente de la Organización de Libración de Palestina, Yasser Arafat y se abrazó en Arel con el secretario general del Frente Polisario. Eso, que en España suena a democracia, pluralismo y realismo en política y en relaciones exteriores, para los sectores ultras del militarismo argentino es marxismo puro”. Así, con estas premoniciones, viaja a Buenos Aires el hombre que encabezó el gobierno español durante los años más difícil de la transición desde una dictadura autocrática hacia un régimen de monarquía parlamentaria. (IPS Madrid, 7-9-1981).

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