Gregorio Mosqueda, quien este mes acaba de cumplir ciento once años de edad, como buen argentino solo se queja de una cosa: que no puede utilizar bien sus piernas para bailar el tango como lo hacía antes. Reside en el barrio Santa Catalina de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, al norte de la Argentina, es un peronista activo que llegó a conocer personalmente al histórico político Juan Domingo Perón.

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En los momentos de escribir esta nota, domingo a la noche, las radios argentinas están entregando las cifras escrutadas de la segunda vuelta electoral, donde –aparentemente—el peronismo se está adjudicando un triunfo muy cómodo allí donde no había obtenido mayoría absoluta el 11 de marzo. Con este triunfo, el peronismo contará con una mayoría importante en el Parlamento, que sesionará por primera vez después de diez años de total inactividad “forzosa”.

Junto con obtener esta mayoría, el peronismo se encuentra frente a los primeros problemas importantes en su juego político. ¿Qué hacer con la izquierda peronista? ¿Qué hacer con la izquierda en general?

Nosotros creemos que la cuestión no se puede plantear sólo con la izquierda peronista, sino con la izquierda en general, compuesta  --en su inmensa mayoría—por cuadros jóvenes, con una buena experiencia en la lucha guerrillera urbana, con ansias de producir cambios profundos en el seno de la sociedad argentina.

Si recordamos que en las notas anteriores hemos puesto mucho énfasis en que el peronismo no es ni más ni menos que una colisión de clases, lo justo es recalcar ahora, que las contradicciones que genera esta coalición de clases, tienen a presentarse cada día más agudas a medida que se acerca el “fatídico” día 25 de mayo, día en que el peronismo deberá asumir la Primera Magistratura de la Nación, es decir el gobierno pero no el poder.

Junto con aparecer un recrudecimiento de la lucha guerrillera urbana, con participación de distintos grupos armados que operan en las principales ciudades argentinas, comienzan a aparecer en el seno de la derecha del peronismo las primeras voces que reclaman que se debe gestionar la libertad de “solo los presos peronistas y, no así, la de los extremistas”.

Seguramente para la derecha peronista la idea de probar suerte en el negociego y regateo con las fuerzas militares que si tienen el poder, para por el ofrecimiento de hacer una distinción aberrante entre presos de un color de camiseta u otro.

Como es de suponer, para los revolucionarios argentinos, peronistas y no peronistas, está claro que esas distinciones no pueden prosperar. Tanto el ERP como las FAR y Montoneros, han realizado operaciones armadas después de las elecciones, especialmente de justicia contra torturadores y de aprovisionamiento de armas. Desde luego que tanto unos como otros no se plantearán ante el gobierno justicialista, de la misma manera que se han planteado frente a la dictadura militar. Precisamente porque el gobierno justicialista no será lo mismo que la dictadura militar.

¿Hacia dónde va la Argentina?

Nadie sensatamente podría ponerse a hacer pronóstico a largo plazo, ni comparaciones con nuestro proceso. Ni Cámpora es Allende, ni los militares argentinos son los militares chilenos. Y aunque existen fuertes organizaciones revolucionarias, que han llevado el peso de la lucha armada, no menos cierto es que no existen partidos obreros como existen en Chile.

El gobierno justicialista se dará sobre una base social inestable, donde los revolucionarios dirán que “la sangre de los mártires no se negocia” y los gorilas se resisten a entregar el poder real. Y se resistirán. En tanto el pueblo recuerda la primera época del peronismo y se apresta a exigir el máximo a este nuevo gobierno, que lo ha prometido todo. (26-4-1973)

Los militares argentinos procesados por el juez español Baltasar Garzón continúan cometiendo delitos, por lo que no pueden ampararse en indultos ni leyes que los hayan exculpado.

Fuentes próximas al juez Garzón señalan que el delito de secuestro, como se tipifica a la desaparición forzada de personas, no sólo no prescribe sino que se continúa cometiendo mientras la persona secuestrada no aparezca. O no aparezca su cadáver.

Ese es el principal argumento que se levanta contra un informe del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, publicado este miércoles, favorable a archivar la investigación sobre los españoles desaparecidos, asesinados y torturados durante la última dictadura argentina (1976-83).

Cardenal propone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva pronto sobre la competencia o no de Garzón para continuar instruyendo el sumario.

Si la decisión fuese positiva para que los fiscales contribuyan a ella, y si fuera negativa para evitar una larga investigación que finalmente sería declarada inválida.

El abogado argentino Carlos Slepoy, parte en el juicio, dijo a IPS que además de la continuidad del delito hay otros elementos que sustentan la competencia de la justicia española.

Cardenal dice que la vigente ley orgánica del poder judicial, al haber sido promulgada en 1985, no permite juzgar delitos de terrorismo de estado anteriores a esa fecha.

Fuentes de la Audiencia Nacional, en la que está radicado el proceso, señalan que esa ley trata sobre procedimientos y no sobre el hecho sustantivo, es decir sobre la calificación y pena de los delitos.

Además, existe la constancia de que hay miles de personas que fueron secuestradas y continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue perpetrando en la actualidad.

Slepoy recuerda también que España ha suscrito pactos y acuerdos internacionales que reconocen la internacionalidad de determinados delitos, como los de genocidio, terrorismo y torturas.

Sin ir más lejos, se recuerda que en noviembre de 1997 el Comité contra la Tortura de laS Naciones Unidas, reunido en Ginebra, reconoció la competencia de la justicia española para entender en los casos de torturas contra españoles cometidos en Chile (1973-89) y Argentina (1976-83).

En el informe de Cardenal se señala también que es difícil hablar de terrorismo cuando ''se trata de una organización nacida en el seno del propio Estado y que utiliza la estructura del Ejército''.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, presentó en diciembre un informe en el que afirma que ''las Juntas Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido''.

Ambas afirmaciones son rechazadas por la Asociación Pro Derechos Humanos, la Unión Progresista de Fiscales y otras instituciones españolas. En el mismo documento Fungairiño admite que lo ocurrido bajo las dictaduras de Chile y Argentina fue ''un aniquilamiento sistemático de sectores de población''.

En esa admisión, señala Slepoy, queda claro que se trataba de actos de terrorismo realizados desde el aparato del Estado y que, por lo tanto, caben ser calificados como ''terrorismo de Estado''.

En los próximos días la Sala Penal de la Audiencia Nacional deberá resolver sobre el caso argentino, porque en relación a Chile existe consenso de que la justicia española es competente.

Si la Sala decidiese que la justicia española es competente, en pocas semanas Garzón podría dar por finalizada la instrucción.

Si dictaminase lo contrario, los abogados que representan a los damnificados apelarán. Y están dispuestos a seguir apelando hasta llegar al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Pero, subrayan, confían en que la Sala Penal se atendrá al espíritu y la letra de las leyes, que indican que los crímenes de desaparición forzada de personas, genocidio y torturas deben ser juzgados.

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